Los abogados Gerardo Benítez y María Graciela Vera solicitaron el desbloqueo de las cuentas bancarias de la empresa Essa (Eventos y Servicios). Asimismo, los profesionales del derecho piden al juzgado la designación de un administrador judicial para la referida firma. El pedido se tendrá que analizar y resolver.
De acuerdo al escrito presentado en el juzgado, “la empresa necesita seguir con su movimiento financiero para el funcionamiento diario de su actividad comercial y el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuyas copias de contratos se encuentran agregadas en el escrito presentado”.
Igualmente, señala que “la medida no solo afecta a la empresa y a sus empleados, sino a derechos y obligaciones de terceros que no son parte en este proceso”, por lo que los citados profesionales del derecho están tratando de lograr el desbloqueo de la cuenta.
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Corte debe destrabar caso
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia deberá destrabar el proceso penal que soporta el senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedmann, imputado por varios delitos.
El caso fue a parar a la máxima instancia judicial debido a que la abogada Laura Figari apeló la confirmación en el caso del juez José Delmás. Una vez que se destrabe el presente proceso el expediente tendrá que bajar para que el magistrado pueda admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Piden a la Corte suspender aumento de matrículas de rematadores por falta de datos estadísticos
La Asociación de Rematadores del Paraguay, presidida por Atilio Estigarribia, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de la nueva acordada de la máxima instancia judicial. Dicha normativa pretende ampliar, sin un estudio previo, la cantidad de rematadores tanto en Asunción como en otras circunscripciones judiciales del país.
El gremio solicitó a los ministros la revisión de la Acordada N° 1747/2024, la cual regula el acceso a la matrícula de Rematador Público. La nucleación alega que la Corte intenta aumentar el número de matrículas en Asunción, Central y otros puntos del país sin contar con un análisis técnico sobre la cantidad de remates judiciales que se realizan de forma mensual, trimestral, semestral o anual.
En el escrito presentado ante los altos magistrados, el gremio pidió postergar por un plazo de 180 días corridos la aprobación de nuevos llamados a concursos públicos de oposición para el ingreso de rematadores. No obstante, aclararon que sí están de acuerdo con que se convoque a concurso para cubrir las vacancias actuales generadas por renuncia o fallecimiento de sus titulares.
En la nota se señala que no existe una evaluación cuantitativa ni cualitativa que determine las necesidades reales del servicio de subastas, así como tampoco la capacidad de supervisión en cada Circunscripción Judicial, motivo por el cual insisten en postergar la implementación de la referida acordada.
Otras solicitudes del gremio
Asimismo se pide por acordada que los jueces a nivel país hagan cumplir el art 167 del Código de Organización Judicial debido a que varios de los rematadores firman pagarés para que se publique en los diarios y sin argumentos los jueces en el interior y en Central suspenden los remates judiciales sin hacer cumplir la norma que es al suspenderse la subasta se debe cubrir los gastos de remate y esta situación no sucede lo que genera grandes deudas al rematador con las editoriales.
Solicitaron el dictado de una nueva acordada que ordene a los juzgados exigir la consignación de gastos y el 50 % de la comisión legal ante suspensiones de subastas solicitadas por las partes.
Remarcan la necesidad de obtener datos oficiales sobre el volumen de subastas realizadas, suspendidas y canceladas entre los años 2021 y 2026, además del número de asignaciones por profesional. Pidieron conformar un espacio de diálogo conjunto entre representantes del gremio y la CSJ para acompañar el análisis metodológico del sector.
Desde la asociación remarcan que el libre ingreso establecido en 2024 no se traduce automáticamente en una mayor cantidad de subastas efectivas, por lo que consideran imprescindible fundamentar el número de auxiliares de la Justicia en datos empíricos que garanticen condiciones materiales dignas para el ejercicio de la profesión.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.
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Juez ordena secuestro de vehículos y embargo de cuentas de Eddie Jara y su exesposa
El juez Osmar Legal dispuso el embargo preventivo de los fondos existentes y de los que pudieran ingresar en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros habilitados en el sistema bancario, financiero y cooperativo registrados a nombre de los imputados Eddie Ramón Jara Rojas (por presunto enriquecimiento ilícito) y Karina Estefana Otazú Fleitas, exesposa de Jara (por presunto lavado de dinero).
Igualmente, el magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre varios vehículos, entre ellos un Jeep Compass Limited (modelo 2025), un Jeep Commander (modelo 2024) y un Toyota Land Cruiser.
También se ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los procesados, así como el secuestro de los rodados mencionados, oficiando a la Dirección del Registro de Automotores y a la Comandancia de la Policía Nacional para su inscripción y cumplimiento efectivo.
Asimismo, el juez Legal admitió la imputación contra Jara y su exesposa, y fijó para el próximo 6 de noviembre, a las 7:40 y 7:50, la audiencia de imposición de medidas cautelares, instancia en la que se definirá si los procesados litigarán en libertad o bajo prisión preventiva.
Más de G. 5.399 millones sin justificar
La investigación está encabezada por la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó el acta de imputación N.º 04/26 durante la noche del jueves.
Según los investigadores, el análisis patrimonial permitió identificar una diferencia de G. 5.399.450.612 que no habría sido justificada, equivalente al 97,33 % del patrimonio examinado por el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que existen movimientos financieros que no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron declaraciones juradas de bienes y rentas, documentos tributarios, registros bancarios y distintas operaciones económicas vinculadas al exdirectivo de la petrolera estatal.
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Abogados habilitados para hacer campaña rumbo a comicios para el Consejo de la Magistratura
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informa que los candidatos abogados que aspiran a integrar el Consejo de la Magistratura (CM) ya se encuentran habilitados desde este jueves 22 de octubre para realizar campaña electoral rumbo a los comicios previstos para el sábado 28 de noviembre.
El plazo para la realización de la propaganda se extiende hasta las 23:59 del próximo miércoles 25 de noviembre. Los profesionales del derecho que resulten electos integrarán el órgano extrapoder durante el periodo 2026-2029. Conforme a lo que indica el cronograma electoral, el viernes 23 de octubre de 2026 se realizará la publicación del modelo de pantalla de votación con los datos de los candidatos, tal como serán desplegados en la máquina de votación a través del portal web de la Justicia Electoral.
Mientras que para el viernes 30 de octubre se realizará la verificación de los datos de los candidatos que se desplegarán en la pantalla de la máquina de votación, a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la Justicia Electoral, en presencia de los representantes de las listas oficializadas.
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El pasado 15 de octubre, el TSJE realizó la asignación de letras que identificarán a las listas de los candidatos. La asignación fue realizada en presencia de los apoderados generales de los diferentes movimientos y los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del órgano electoral.
De acuerdo con la asignación efectuada, el movimiento “Renovación Gremial” estará identificado con la letra A; el movimiento “Gremio Unido y Solidario”, con la letra B; el movimiento “Es Nuestro Momento”, con la letra J; y el movimiento “Unidad Gremial”, con la letra S. La determinación de estas identificaciones forma parte de una instancia del proceso electoral y establece el criterio de referencia para la presentación de las distintas opciones electorales ante los votantes.