El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, señaló que espera que la Justicia paraguaya pueda lograr que las entidades bancarias devuelvan el dinero que pertenece a la entidad matriz del fútbol sudamericano. La Conmebol mantiene una denuncia, la cual continúa bajo investigación del Ministerio Público sobre presuntos desvíos de millonarios fondos en la épcoa de Nicolás Leoz, y que fueran canalizados a través de bancos locales.

Por esta situación, el actual titular de la Conmebol acudió a tribunales para declarar en un juicio contra Ramón González Daher, y al término del misma fue consultado acerca de varios asuntos, principalmente sobre la acción que promovió la matriz del fútbol sudamericano por el dinero depositado de manera irregular en el Banco Atlas.

“Entendemos que aún hay dinero en el sistema financiero. Lo rastreable alcanza al menos unos 44 millones de dólares”, explicó a los medios de prensa. Asimismo, remarcó que llama la atención el movimiento financiero que en su momento realizó Leoz en el banco de grupo Zuccolillo.

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“En un solo día se realizó un depósito de más de 5.000 millones de guaraníes y luego realizó igualmente otro depósito de 6 millones de dólares en efectivo también en una sola jornada”, señaló en alusión a las transacciones que realizó Leoz en la citada entidad bancaria.

Domínguez insistió en que resulta aún más llamativo que estos movimientos se hayan dado “cuando el señor Leoz ya era buscado por la Justicia estadounidense y contaba con orden de captura internacional por delitos contra el patrimonio del fútbol sudamericano”, acotó.

Al respecto, Alejandro Domínguez fue enfático al señalar que lo que busca la Conmebol con esta acción, que ya tiene varios años, es recuperar el dinero que le corresponde al fútbol.

“Lo que buscamos es recuperar recursos que pertenecen legítimamente al fútbol, no a personas, ni a entidades financieras. Ese dinero —y los rendimientos que generan— deben ser devueltos al fútbol sudamericano", remarcó.

En ese sentido, el titular de Conmebol confía en que la Justicia paraguaya hará su trabajo. “Hemos presentado denuncias en 2017, 2021 y nuevamente en años recientes, pero los procesos han sido extremadamente lentos. En contraste, la Justicia estadounidense y suiza actuaron con rapidez”, recordó.

Domínguez relató que la Conmebol es la única confederación en el mundo —incluida la FIFA— que, en 2016, realizó una auditoría forense. “Esa auditoría permitió reconstruir un desvío de aproximadamente 150 millones de dólares durante la administración del señor Nicolás Leoz, lo que no implica que sea el monto total, sino una estimación basada en lo que se pudo rastrear”, agregó el dirigente deportivo.

La acción de la Conmebol para colaborar con la Justicia suiza y la estadounidense, le permitió a la matriz del fútbol recuperar más de 120 millones de dólares, reinvertidos íntegramente en el fútbol. “Solo de la familia Leoz se han recuperado cerca de 50 millones”, concluyó.

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El Ministerio de Salud ordenó la intervención del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias. Estamos contentos con esta decisión porque se va a demostrar la veracidad de lo sucedido. Desde un principio nos pusimos a disposición”, manifestó este martes el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM.

Añadió que desde el momento que apareció la primera denuncia puntal de una médica residente, hace aproximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acusados.

“Nosotros somos los primeros interesados en investigar. Entonces, separamos de sus cargos al jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes para hacer la investigación correspondiente”, manifestó.

Pero, aclaró que los denunciados siguen trabajando en la institución. “Las personas denunciadas fueron separadas de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocurrido el año pasado en el servicio de cirugía. Según expresiones del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores.

Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

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“Nosotros no tuvimos acceso a la denuncia, porque es secreta, pero nos dijeron que ella se molestó por la devolución que le dieron sus jefes durante la evaluación de pacientes diciéndole lo que estaba mal”, expresó el entrevistado.

Por otro lado, mencionó que las residencias médicas son muy pesadas y más en cirugía, e insistió en que están abiertos a una exhaustiva investigación para que se aclaren los hechos. “Nosotros estamos con las puertas abiertas en el hospital para que se investigue de punta a punta. Queremos que se aclaren las cosas para limpiar nuestra imagen”, subrayó el galeno.

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Un tribunal de sentencia, integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk, condenó a penas de entre 10 y 12 años de cárcel a dos militares paraguayos y tres civiles (entre ellos, dos ciudadanas bolivianas), tras ser hallados culpables de tráfico de precursores químicos para la elaboración de cocaína y contrabando. Asimismo, se ordenó el comiso de varios vehículos de gran porte hallados en el destacamento militar que funcionaba como base logística.

Los condenados son los militares Alberto Martínez, jefe del destacamento “Gabino Mendoza”, sentenciado a 12 años de prisión, y Alcides Hermosa, a 11 años. Entre los civiles, el chofer del camión, Gustavo Cáceres, recibió una pena de 10 años, al igual que las bolivianas Paulina Herrera y Patricia Toco, según informó el fiscal Luis Said.

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Los antecedentes refieren que el 2 de agosto de 2021, Cáceres, Toco Delgadillo y León Herrera fueron sorprendidos en el cuartel militar ubicado en la línea fronteriza de Alto Paraguay.

En el lugar, poseían varios tambores con ácido clorhídrico, sustancia controlada y precursor clave para la cocaína. El Ministerio Público demostró que el objetivo era trasladar los químicos a Bolivia, plan que fue frustrado por el operativo.

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Este lunes, una mujer reportó que recibió una notificación para una audiencia ante la Fiscalía por supuesto violación del deber de cuidado de un anciano, que no es su familiar directo. La denuncia fue puesta por la hija del hombre, que quedó al cuidado de su nieto y del que aparentemente no quieren hacerse cargo.

Según la denuncia hecha por Carmen Díaz, a La Nación/Nación Media, hace unos días recibió una notificación en la que es denunciada por violación del deber de cuidad de ancianos o discapacitados, luego de que sacó a su tía Routilia Coronel, de 72 años, que estaba al borde de la muerte de su casa ubicada en el barrio Santa María de la ciudad de Asunción.

La llevó a un centro asistencia de urgencia y como no tiene familiares directos en la capital del país, fue trasladada para recibir asistencia médica y tratamiento en ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú. La mujer de avanzada edad está casada con Higinio Ojeda, de 83 años, con el que no tiene hijos.

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“Mi tía, hermana de mi mamá, está mal y sus únicos familiares están en Pilar. Ella ya no puede caminar, tienen anemia, diabetes y problema renal, como no tienen hijos junto con mi hermana decidimos llevarla a su ciudad natal. Don Higinio consintió el traslado porque él también es de avanzada edad y no puede cuidarla”, detalló Carmen, en nuestro medio.

Afirmó que hace unos 8 años su tía se casó con don Higinio, aunque previamente mantuvieron una relación por muchos años, pero nunca tuvieron hijos. Sin embargo, el hombre sí tiene una hija de su matrimonio anterior llamada Angela Tránsito Ojeda Zaracho, de 60 años y un nieto José Leiva Ojeda, de 40 años, este último vive con él.

“Don Higinio tiene a su hija y nieto que vive que él, no pensé que me iban a denunciar por abandonarlo, siendo que ellos se pueden hacer responsables. La denuncia fue puesta por Angela, lo que no entiendo es porque me denunció si yo no vivo con ellos. Solo llevé a mi tía que requiere de cuidados especiales”, apuntó.

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Este miércoles 25 de marzo, Carmen debe comparecer para una declaración indagatoria en la sede Fiscal ubicada en 4 de Julio 2740 casi Denis Roa, barrio Herrera, ante la fiscal Esmilda Alvarez. Tuvo que contratar un abogado para poder llevar el caso, porque la denunciante no quiere responsabilizarse por su propio padre.

La mujer espera que el caso sea desestimado porque no es sobrina directa del hombre y porque don Higinio tiene una hija así como también un nieto que gozan de buena salud y que residen en la misma vivienda que él. Carmen tiene tres hijos menores de edad, viven en una casa alquilada y no tiene un trabajo fijo, para tomar esa responsabilidad.

Se presume que Ángela quiere desligarse de su padre ya que incluso en redes sociales estuvo ofreciendo a la venta la casa del hombre, que queda ubicada sobre la calle Virgen de Caacupé y Coronel Martínez, a metros de la avenida Santa Teresa.

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