La comunidad indígena Urunde’y, del pueblo Guaraní Ñandeva, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, se encuentra a unos 720 kilómetros de Asunción y logró su primera cosecha de miel producida en colmenas, incorporando así una nueva actividad a su sistema productivo.

El proceso comenzó hace unos dos meses, cuando técnicos del Departamento Apícola del Viceministerio de Ganadería, dependiente del MAG, llegaron hasta la comunidad para capacitar a las familias en el manejo y cuidado de las colmenas. Los productores aplicaron los conocimientos adquiridos hasta obtener esta primera producción.

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La incorporación de la apicultura permitirá a las familias contar con miel para su consumo de forma más constante y reducir la dependencia de la recolección silvestre. Con un manejo adecuado, las colmenas podrían permitir hasta tres cosechas al año, generando además una nueva alternativa productiva.

La presencia de las abejas también favorece la polinización de los cultivos de la comunidad, donde se producen hortalizas y se crían cabras y ganado bovino. La primera cosecha representa así una oportunidad para diversificar la producción y mejorar las alternativas de alimentación de las familias de Urunde’y.

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El fiscal Julio Ortiz confirmó la imputación contra directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) tras detectarse un esquema irregular en el desvío de fondos de la entidad para la supuesta adquisición de canastas navideñas. La investigación reveló un presunto daño patrimonial que alcanza los G. 1.990 millones.

“APA supuestamente procedió el año pasado a la contratación de una empresa para la realización de canastas navideñas y la entrega a sus asociados”, explicó este miércoles el fiscal en contacto con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público mencionó que se hallaron “varias inconsistencias administrativas” a través de una auditoría externa, según informe proporcionado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

El supuesto proveedor de las canastas navideñas sería un local comercial denominado Despensa Gabrielito, ubicado en el barrio Costa Sosa de Luque, hasta donde se constituyeron los investigadores.

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“Hablando con la dueña y su marido, manifestaron que ellos no sabían qué es APA, que no se dedican al rubro de canastas navideñas, no realizaron ningún contrato y que ellos no se presentan a licitaciones. Ante esa situación, entendemos que APA mintió”, detalló el agente fiscal.

Sin embargo, posteriormente se presentó en APA una mujer diciendo ser contadora y que representaba a la Despensa Gabrielito. Además, solicita que los pagos se hagan en efectivo y no en cheques.

“Entonces, APA hace el cambio de cheque en efectivo y dejan el dinero en una caja perteneciente a APA ya dentro de la institución, y ahí supuestamente retira esta representante de la Despensa Gabrielito”, apuntó.

APA tampoco está entregando las documentaciones requeridas por la Fiscalía y Dinapi, por lo que no se tiene la copia de los contratos, añadió. “Lo que se está haciendo es la trazabilidad, que se está trancando, porque no sabemos a ciencia cierta si esta señora, la supuesta representante, es la que vino a retirar o qué se hizo del dinero”, refirió.

Se trata de 2.400 canastas que alcanzaron un costo de G. 1.990 millones en la compra de regalos navideños del Programa Jopói 2025 y las compras no están documentadas.

Lo concreto es que dos sumas de dinero se pagaron, una en agosto y otra en octubre, pero cuando Dinapi solicita las documentaciones, APA remite recién en diciembre.

David Herminio Portillo, Humberto Rodas, Juan José María Vidal y Walter Cabrera fueron imputados por presunta lesión de confianza y se exponen a una pena expectativa de diez años de pena privativa de libertad.

“Entre las medidas solicitadas al Juzgado está la prohibición de acercarse a la institución, porque pueden obstruir la investigación. Más adelante realizaremos un allanamiento”, puntualizó el fiscal.

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El volante uruguayo Santiago Arias, del Cienciano de Perú, denunció que un alto directivo del Montevideo City Torque supuestamente ofreció dinero a los jugadores del club peruano para que se hicieran expulsar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La supuesta dádiva se habría hecho en el marco del encuentro disputado el jueves en la capital uruguaya, donde Montevideo City Torque se impuso por 3-0 (global 3-2) y clasificó por primera vez a la semifinal del torneo regional.

Arias contó sobre la supuesta propuesta irregular al regresar a Perú el viernes y en medio de publicaciones del City Torque en redes sociales que hinchas de Cienciano consideraron burlescas y provocadoras.

En uno de los mensajes en la red X el cuadro uruguayo señaló que el equipo cusqueño habría destacado únicamente por jugar en la altura de Cusco (3.400 metros sobre el nivel del mar).

“Les faltó poner (en los mensajes, ndlr) que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, dijo Arias, de 31 años, al canal Inka Digital TV.

El mediocampista consideró “muy fuerte” lo sucedido y aseguró que el plantel de Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, rechazó “rotundamente” la supuesta propuesta.

El charrúa aseguró que la proposición vino de parte del “presidente” del City Torque, aunque ese club no tiene esa figura en su organigrama. Sin embargo, consideró que sus rivales fueron justos ganadores de la serie.

El defensor mundialista paraguayo José Canale renovó su contrato con Lanús de la Argentina hasta diciembre de 2028.

La firma del nuevo vínculo se dio en las oficinas de La Fortaleza con por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.

Canale acumula 78 partidos oficiales y 6 goles convertidos con la camiseta granate. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

El presidente argentino, Javier Milei, envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.

El proyecto se inscribe en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas en el archipiélago en el Atlántico sur, bajo control británico desde 1833.

La denominada “ley de defensa de la soberanía nacional” prohíbe la explotación de cualquier recurso natural en las Malvinas sin la autorización de Buenos Aires y contempla penas de hasta 20 años de prisión, ampliando las de hasta 15 años que se encuentran vigentes desde 2011.

La proyectada ley tiene por objeto castigar a quienes explotan recursos naturales “de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse”, indica el texto.

También permite a los infractores suspender las acciones penales en su contra si cesan las actividades prohibidas y pagan una multa o se comprometen a invertir en Argentina.

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El miércoles, una jueza argentina ordenó la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, que prevé comenzar a producir crudo en 2028 en aguas próximas a las islas.

El Reino Unido no reconoce la jurisdicción argentina sobre las Malvinas. El propio proyecto admite las dificultades para hacer efectivas las sanciones y propone habilitar juicios en ausencia.

La soberanía sobre las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.

Milei, quien buscará la reelección en 2027, dijo el miércoles que “hay que ser muy estúpido” para suponer que su renovado interés en el tema responde a oportunismo político.

El proyecto de ley remitido por Milei crea también un Consejo de Seguridad Nacional que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas y prevé su utilización para proteger “infraestructuras críticas”, en sectores como energía, salud y centros de datos.

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que según Buenos Aires los británicos no están cumpliendo.

• Fuente: AFP

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