Un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Wilfrido Peralta, Carlos Hermosilla y Sandra Farías, condenó a 23, 20, 18, 13 y 10 años de cárcel a varios integrantes de la organización que lidera el prófugo de la Justicia Teófilo Samudio, alias “Samura”. La sentencia se dio a conocer esta tarde tras varias semanas de juicio oral.
Los condenados a 23 años de cárcel son: Pedro Candia y Tomás Esquivel. Mientras que Alcides Espinoza fue sentenciado a 20 años de pena privativa de libertad, a 18 años de cárcel, Eduardo Espinoza y a 17 años, Cándido Insaurralde. Asimismo, el colegiado sentenció a 10 años de cárcel a Hugo Vagner González, Mario Aníbal Acosta, Luciano López, Ramão Edes Espindola y Alexandre López.
El presente proceso penal se inició tras la incautación de 738,5 gramos de pasta base para cocaína, en pan de 12 kilos de cocaína sólida en fragmentos, en un operativo realizado el 10 de octubre del 2018 en un inmueble en Bella Vista Norte, departamento de Amambay.
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En el presente caso también está procesado Teófilo Samudio, quien fue rescatado por un grupo comando hace exactamente un año y a raíz de ello no pudo estar sentado en el banquillo de los acusados en el referido proceso penal.
Ante este fallo judicial las defensas de los condenados tienen la posibilidad de apelar la presente resolución. En caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá analizar y decidir si corresponde confirmar las condenas o anular y ordenar que se vuelva a realizar un juicio oral y público.
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Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
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Fuente: Europa Press
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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Juerza Patricia
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político.
La semana pasada se dio la condena en primera instancia a Patricia Samudio, expresidenta de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez. En igual sentido fue condenado su esposo José Costa Perdomo con una pena menor. Ambos por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de agua tónica y otros insumos, ocurrido en el peor momento de la pandemia del covid-19 en mayo de 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Son los primeros condenados de lo que fue el desgobierno de Abdo Benítez durante la pandemia. De hecho, la condena viene con un mensaje contundente de la Justicia más allá del monto del perjuicio o incluso de la cantidad de años de la condena, en el fondo en alguna medida viene a constituir un bálsamo para las decenas de miles de fallecidos y para los cientos de miles que alguna vez padecimos la enfermedad.
Hay que recordar que Samudio formaba parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo de 2020.
El Ministerio Público pudo probar que el dinero fue a parar a la cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. La gente se estaba muriendo por la desastrosa gestión en la compra de vacunas (hay una denuncia por esto que sigue durmiendo en el Ministerio Público), y mientras tanto unos pocos solo pensaban en un único fin: llenarse los bolsillos. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de Petropar para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré.
¿El argumento esgrimido por el gobierno de Mario Abdo para realizar y justificar la operación? “El agua tónica cura el covid-19″. La base fue un dictamen médico que el profesional de blanco admitió en el juicio fue hecho incluso posterior a la compra. Una burla absoluta. En momentos en que Nación Media prácticamente era el único grupo de medios que cuestionaba los atropellos y barrabasadas que se estaban cometiendo de manera impúdica y descarada, mientras nos obligaban a todos los paraguayos a vivir encerrados y pasábamos más tiempo en entierros cuasiclandestinos de nuestros seres queridos, los personeros del anterior gobierno juntaban la plata en pala.
Como la filosa daga de la traición con el pueblo que le dio la confianza, el expresidente de la República Abdo Benítez le daba su respaldo a la que entonces dirigía la petrolera estatal con una frase que retumba hasta ahora: “Juerza Patricia”.
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FTC impidió que grupos criminales logren sus objetivos estratégicos, dicen autoridades
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tuvo un trabajo fundamental para evitar que grupos criminales, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) alcancen sus objetivos estratégicos, puntualizaron el ministro de Defensa Nacional, el general Óscar González, y el ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el almirante Cibar Benítez, en la entrevista emitida este sábado por la Vocería de Gobierno, a cargo de Paula Carro.
“Llegó un momento que la Fuerza de Tarea Conjunta fue incomprendida, casi a lo largo de toda su existencia, llegó incluso a criminalizarse a la FTC y parecía que los otros eran los buenos, pero se han logrado muchísimas cosas con la presencia de la FTC, una de ellos es la creación de Batallón de Inteligencia Militar”, dijo el almirante Cibar Benítez. Indicó que, desde el punto de vista estratégico, el mayor logro de la FTC que tuvo desde su creación fue llegar a lo que se veía en los manuales y documentos que contaban estos grupos criminales.
“En 10 años ellos tendrían por lo menos 60 hombres en 10 departamentos de nuestro país, ese era uno de los objetivos estratégicos que tenían, y otra cosa era internalizar con la población estas doctrinas comunistas, marxistas. Está comprobado, hay documentos que hacen eso, todo eso se evitó, se evitaron muchas cosas”, indicó Benítez.
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“El trabajo de la FTC es un gran trabajo, y yo pediría el apoyo de la población a la FTC es fundamental, a nivel global ninguna guerra se ha ganado sin el apoyo a la población, en un microclima nuestro, del EPP, si no hay ese apoyo de la población se tiene algo muy en contra también”, sentenció el almirante.
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, también destacó el trabajo realizado en todos estos años, en la zona de influencia de los grupos armados. “Hablando de los objetivos estratégicos y que siguen teniendo, mientras no le apresemos a todos, tenemos que siempre levantar lo que se llama en técnica de planeamiento militar a peor hipótesis, siempre tenemos que considerar que ellos están en condiciones de hacer daño”, comentó.
Señaló también que “los objetivos estratégicos que ellos diseñaron, entre otros, voy a citar: la toma del poder, por la fuerza obviamente, segundo la urbanización de sus actividades terroristas, y la instalación de células en todos los departamentos del país, ninguno de esos objetivos fueron cumplidos gracias a la firme actuación de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta”.
Calificó que se lograron resultados auspiciosos en la lucha en contra de los grupos criminales en la zona norte del país. “El resultado de las actividades, de las operaciones, del Comando de Operaciones de Defensa Interna, el resultado es sumamente auspicioso”, puntualizó.