La justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) al cumplirse este miércoles el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por corrupción, debido a los actos de apoyo que recibe frente a su casa.

La justicia le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al “perturbar la tranquilidad del vecindario”, luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna “Cristina libre” el domingo pasado.

La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la ex mandataria atribuye a una “persecución política”.

Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Kirchner, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, reza la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

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La justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda “De San José a La Rosada”, en alusión a la sede gubernamental.

Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.

Kirchner, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato. Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.

Su liderazgo “ya había sido desafiado por varios gobernadores” antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. “Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo”, añadió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

• Fuente: AFP

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Es inadmisible y un desprecio a la vida que, a 14 meses del derrumbe de un edificio en Encarnación, se siga dila­tando trámites clave para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de la desidia y la corrupción que oca­sionaron el luctuoso suceso en el que perdieron la vida una joven de 15 años y su abuela.

La Justicia no debe seguir aplazando sus veredictos. Hay dos víctimas fata­les y familiares mutilados que claman por una investigación más eficiente para que la sentencia de los tribuna­les llegue a todos los involucrados en la fallida obra. La excesiva demora en la Justicia levanta todo tipo de sospe­chas, más aún cuando el caso implica a la máxima autoridad municipal y un diputado nacional cuya empresa par­ticipó de la construcción.

La primera imputación fiscal reveló que los controles en el proceso cons­tructivo fueron totalmente omitidos, esta desidia permitió que los dueños del edificio elevaran más pisos sobre una estructura que no iba a soportar más metros en altura y la obra se vino abajo el 2 de abril de 2025. El inten­dente de Encarnación, Luis Yd, su director de obras René Miglio y otros subordinados implicados fueron imputados por la fallida construcción.

Yd y sus funcionarios no solo se des­entendieron de los controles que son de su responsabilidad, sino blan­quearon de manera alevosa con una irrisoria multa el mal procedimiento de más pisos de una estructura que no aguantaba, principal causa del desmoronamiento del edificio. Sin embargo, este avance de la investi­gación fiscal todavía no es suficiente, puesto que existen otros involucrados que a más de un año del derrumbe, siguen al margen de un proceso judi­cial que aclare sobre sus roles en el caso.

El fallido proyecto tiene detrás vin­culaciones políticas con exitosos negocios que fueron facilitados por la suspicaz negligencia municipal. Lla­mativamente, la responsabilidad en el siniestro de empresas de estos pode­rosos, como el caso de la concretera del diputado liberal Carlos Pereira Rieve, sigue siendo un misterio, pre­cisamente porque el estudio peri­cial, trámite clave de la investigación, tiene un retraso de 6 meses.

No olvidemos que la empresa del diputado liberal fue la responsable de cargar el hormigón en zapatas, losas, vigas, etc., de la estructura caída. No es menos relevante que Pereira Rieve sea aliado de Yd y aspire al cargo de intendente de Encarnación, lo que podría blindar muchos datos sobre el edificio derrumbado.

La pericia es fundamental para iden­tificar las fallas y los responsables, pero todavía sigue en espera por razo­nes desconocidas. La Fiscalía había dado un plazo de 90 días para la con­clusión del informe pericial, debía entregarse a fines de 2025, pero hasta este momento no se sabe cuándo habrá un dictamen. Lamentable­mente, nadie brinda explicaciones al respecto.

El análisis pericial incluye determi­nar la calidad del hormigón, la resis­tencia del mismo y de la estructura que debía soportar el concreto. Tam­bién el relevamiento pormenorizado de las secciones estructurales, los planos de las mismas, etc. Viendo la información que puede recabar anali­zar el informe pericial es inconcebible que no se dé la prioridad que requiere y se siga postergando las conclusiones.

¿A quién se protege en este caso? ¿Quiénes se benefician con el no esclarecimiento del siniestro? Obvia­mente familiares víctimas no, por el contrario, siguen siendo relegados en su búsqueda de justicia para sus seres queridos muertos. La Justicia tiene que aplicar firmeza y exigir el dicta­men de los datos estudiados. No se puede seguir especulando sobre un hecho tan sensible en el que se debe dilucidar los pormenores de las cau­sas del fatal suceso.

Si el objetivo es llegar a la verdad y responder al clamor de justicia de los familiares de las víctimas del edifi­cio colapsado en Encarnación, no se puede seguir dilatando los trámites clave de la investigación.

La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría de votos la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González, considerando improcedente su pretensión de reincorporarse a la Cámara Alta tras su destitución.

Con una mayoría de 6 votos contra 3, los ministros de la Corte sostienen la improcedencia de la acción planteada por la exsenadora de la oposición, quien pretendía volver a ocupar su banca tras su pérdida de investidura en el 2024, según publicó el periodista Jorge Torres, en sus redes sociales.

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González basó su demanda en el supuesto incumplimiento de la mayoría calificada y de las formalidades previstas en la Resolución 429 del año 2023, emitida por el Senado, alegando que dichas reglas debían regir al momento de su juzgamiento por parte de sus pares.

En tanto, el máximo tribunal de Justicia fundamentó su rechazo argumentando que la citada resolución no se encontraba vigente cuando se llevó a cabo el juzgamiento de González. En el voto mayoritario se resaltó que el artículo 11 de la propia normativa establecía que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, condición que invalidó el reclamo de la exlegisladora.

Dicha Resolución No. 429/2023 fue aprobada, como primer punto del “Orden del día”, en la misma sesión en la que se juzgó la pérdida de investidura de Kattya González: el 14 de febrero de 2024, hecho que fue puesto de resalto por la misma accionante, en su escrito de demanda.

Por ende, manifiestan los ministros de la Corte que la Resolución 429/2023 (que imponía la mayoría absoluta de dos tercios y regulaba el procedimiento de pérdida de investidura de un senador) empezaba a regir recién al día siguiente al de su aprobación, es decir, el día 15 de febrero de 2024 y, por ende, no se encontraba vigente el 14 de febrero, fecha de la sesión extraordinaria del Senado, en la que se juzgó a la exsenadora Kattya González y, como punto previo, en la misma sesión, se aprobó la resolución 429.

Vale recordar que la resolución No. 429/2023 exigía que la pérdida de investidura de un senador se diera con el voto con una mayoría calificada: mayoría absoluta de dos tercios (30 senadores sobre 45, que es el total de senadores que integran la Cámara). La exsenadora Kattya González se agravió que fue expulsada solo con el voto de 23 senadores.

En tanto, la exsenadora González, alegó en todo momento, que la resolución 429 ya se encontraba vigente al momento de su juzgamiento y que fue omitida por sus pares al condenarla a perder su investidura de legisladora.

Además, los magistrados justificaron técnicamente su postura basándose en los principios de la Constitución Nacional y en la precedencia jurídica, concluyendo de manera unánime que no se requería la mayoría de dos tercios invocada en la demanda.

También corresponde señalar que se dejó asentado en los votos en mayoría de los ministros de la Corte que la resolución 429 del Senado, contraviene disposiciones expresas de la Constitución, entre los que se señala, la exigencia de un voto con mayoría calificada (mayoría absoluta de dos tercios, contando el número total de integrantes del Senado, es decir, 30 senadores de 45), cuando que el art. 185 de la Constitución indica expresamente que, cuando la Constitución no requiera una mayoría especial para la cuestión a resolverse, se aplicará la mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes).

Señalaron igualmente los votos dados en mayoría que no hubo trasgresión al derecho a la defensa de la Sra. Kattya González pues se le dio oportunidad de pronunciarse, que la actora estuvo presente en la discusión del debate, como así mismo fue escuchada, sin embargo la demandante no ejerció su defensa, no ofreció prueba ni solicitó prórrogas por decisión propia, prefiriendo desarrollar un discurso de tinte político que no se refería a su defensa sino que se referían a una crítica a sectores políticos y a personas en particular.

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Una jueza prohibió al candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, utilizar la camiseta de la selección de fútbol nacional como “símbolo” de su partido político, tras quejas de la izquierda en plena campaña para el balotaje.

Iván Cepeda, candidato izquierdista y heredero del presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó el lunes al ultraderechista de “robar” y apropiarse de la camiseta al estilo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

El balotaje entre los dos candidatos se celebrará el 21 de junio, después de que la de la Espriella ganara la primera vuelta.

El excéntrico abogado de 47 años, favorito para la presidencia según las encuestas, usa habitualmente la camiseta de la selección nacional en actos públicos a pocos días del Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

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Se ordena “cesar inmediatamente y definitivamente” el uso de la camiseta “como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio”, dice el auto de un juez de Bogotá.

Algunos de los millones de seguidores del conocido como “El Tigre” la usan con la cabeza del animal estampada y la acompañan con su característico saludo militar en los mitines.

En Colombia, millas de ciudadanos también salen a las calles con la tricolor como apoyo a su selección y con euforia ante el inminente inicio del torneo futbolero más importante del mundo.

La politización del símbolo nacional ha generado malestar entre los seguidores de la izquierda y ha sido aplaudido por los de la ultaderecha, que ven el uso de la camiseta como un acto de “patriotismo”.

Colombia jugará su primer partido el 17 de junio contra Uzbekistán.

Fuente: AFP

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