La defensa de Alexandra María Isabel Torres González presentó esta mañana la apelación contra la sentencia y exige la nulidad de la misma y que el caso vuelva a juicio oral. El sacerdote Silvestre Olmedo fue absuelto del delito de acoso, pese a que el juzgado determinó que efectivamente manoseó a la denunciante.
El recurso presentado está dirigido a miembros del Tribunal de Sentencia: Sonia von Lepel Acosta y Mirtha Moragas Mereles, sobre el caso de abuso sexual, donde la defensa manifiesta su desacuerdo en cuanto al dictamen del tribunal. En la ocasión el colegiado estuvo integrado por los magistrados Letizia de Gásperi, Dina Marchuk y Hugo Segovia.
Este tribunal dispuso declarar no probado en juicio la existencia del hecho punible del que acusaban a Olmedo. también declaró no probada la participación del acusado en calidad de autor material del acoso sexual. Finalmente este tribunal decidió absolver de reproche y pena al religioso, así como impuso el pago de costas a la querella adhesiva.
El petitorio es que el caso vuelva a juicio oral y público y se tengan en cuenta todas las consideraciones planteadas por la defensa. “Previo trámite de rigor, dicten resolución, admitiendo el recurso de apelación especial de la sentencia de primera instancia, anule los puntos de la sentencia recurrida y disponga la nulidad de la sentencia recurrida y el reenvió para un nuevo juicio oral y público”, reza el petitorio de la apelación.
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Tras anularse su sobreseimiento, fijan fecha para tercer juicio a Tomás Rivas
El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.
El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.
El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.
En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.
La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.
La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.
Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.
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Cámara de Apelación revoca y rechaza amparo promovido por jubilados navieros del IPS
La Cámara de Apelación Segunda Sala de la Capital —integrada por Juan Carlos Paredes, Stella Maris Zárate y Antonia López de Gómez— rechazó el amparo de pronto despacho promovido por un grupo de jubilados navieros del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes accionaron contra el ente previsional para obtener la devolución y reajuste de sus aportes jubilatorios.
Los magistrados mencionaron en su resolución judicial que “no puede prosperar una acción de amparo, si existe un litigio judicial pendiente de resolución entre las partes cuyo objeto tenga conexidad con la petición en el amparo, porque de admitirse ello, se estaría violando una disposición judicial”.
Por las razones expuestas, se votó por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del IPS y, en consecuencia, revocar íntegramente la sentencia apelada, rechazando en su lugar la presente acción de amparo de pronto despacho, refiere el argumento del tribunal de alzada.
El abogado Raúl Mongelós, en representación de más de veinte jubilados del IPS, promovió una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS, alegando que sus representados han cumplido con la presentación de los recaudos necesarios ante la institución para obtener lo que corresponde a cada uno.
Ante la no contestación del IPS, los jubilados recurrieron a la justicia, donde un juez de primera instancia hizo lugar al amparo, pero en segunda instancia se revocó y se rechazó la citada garantía constitucional.
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Los jubilados sostienen que el IPS no se ha pronunciado respecto de su petición de establecer los montos referidos a la liquidación de sus haberes con base en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Lino Asciano Acosta Amarilla y otros contra la Ley Nº 98/92”.
En dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia (A. y S.) Nº 1917/2016, mediante el cual hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 en relación con todos los accionantes. La decisión fue posteriormente objeto de aclaratoria mediante el A. y S. Nº 1197/2017, manteniéndose el alcance de la decisión respecto de todos los accionantes.
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CIDH declara cumplidas las medidas de reparación de Paraguay en el caso Yakye Axa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el cumplimiento total por parte del Estado paraguayo de las medidas de reparación relacionadas con la publicación y difusión de la sentencia en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. El informe se dio a conocer a través de la Cancillería Nacional al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).
Mediante la nota VMRE-UGDH Nº 941-2026, se informó que la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional remitió al Mitic la resolución de fecha 9 de octubre de 2026, notificada mediante la nota CDH-12.313/640 del 21 de octubre de 2026, por la cual la CIDH declara el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas en el punto resolutivo décimo segundo de la sentencia correspondiente al caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
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La decisión constituye un nuevo reconocimiento al compromiso del Estado paraguayo con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información, ejecutadas a través de la Comisión de Seguimiento de las Sentencias Internacionales, CICSI, liderada por el propio vicepresidente de la República Pedro Alliana.
El punto resolutivo décimo segundo de la sentencia dispuso la publicación de los hechos probados y de los puntos resolutivos del fallo en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, además de la financiación de transmisiones radiales destinadas a difundir el contenido de la decisión judicial. Tras el proceso de supervisión realizado por la CIDH, estas medidas fueron consideradas plenamente cumplidas por el Estado paraguayo.
Prioridad en política comunicacional
Desde el Mitic señalan que el cumplimiento de estas disposiciones fue una prioridad dentro de la política de fortalecimiento de la comunicación pública y del respeto a los compromisos internacionales del Paraguay. En ese marco, informaron que se impulsaron acciones de difusión, campañas de comunicación, espacios radiales y materiales informativos orientados a garantizar que las medidas ordenadas por la Corte lleguen efectivamente a la ciudadanía y a las comunidades involucradas.
Asimismo, se promovieron espacios de visibilización y participación que permitieron amplificar la voz de los pueblos indígenas, contribuyendo a la difusión de sus derechos, su cultura y las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La comunicación remitida por la Cancillería reconoce el cumplimiento de estas medidas de difusión y publicación, que forman parte de las reparaciones ordenadas en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa y que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la memoria, la transparencia y el acceso a la información pública.
Ratifica compromiso institucional
Desde la vicepresidencia resaltaron que con esta decisión, la CIDH reconoce el cumplimiento de las acciones de comunicación y difusión desarrolladas por el Estado paraguayo, fortaleciendo los mecanismos de acceso público a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reafirmando el compromiso institucional del Paraguay con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
“La declaración de cumplimiento total constituye, además, una muestra del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para honrar los compromisos internacionales asumidos por el país y garantizar que las medidas de reparación ordenadas por los organismos internacionales sean conocidas por la ciudadanía y lleguen efectivamente a sus beneficiarios”, destaca el informe que brindaron dese la vicepresidencia.
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Tía Chela: tribunal advierte a Miguel Prieto que será juzgado también por estafa y otros
El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos —integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros diez acusados que deben preparar sus defensas ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso “Tía Chela” sean calificados también como estafa y producción de documentos no auténticos.
La acusación actual corresponde a los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia fue realizada por el colegiado durante el juicio oral por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Con relación a Prieto, el Tribunal de Sentencia indicó que debe preparar su defensa ante una eventual calificación de estafa en calidad de coautor y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Para los demás procesados, la advertencia contempla los mismos hechos punibles, pero con distintos grados de participación.
En la fecha, la audiencia oral prosiguió con la lectura de las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público. Por el momento, no está prevista la declaración de testigos. La Fiscalía sostiene que probará que Prieto habría causado el millonario perjuicio al encabezar un supuesto esquema de desvío de recursos municipales en el que habrían participado funcionarios de su administración.
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