La Dirección General de Asesoría Jurídica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está analizando minuciosamente la actuación de los jueces de Sentencia Zusan Domenech, Liduvina Otazú de Mereles, Diana Concepción Isasy, así como los integrantes del Tribunal de Apelación de Paraguarí Germán Torres, Meliano Mereles e Inocencia Alfonzo, quienes absolvieron y confirmaron dicho fallo judicial contra un hombre acusado por el Ministerio Público de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los datos que se tienen, la presente investigación se amplió en vista a que los camaristas ratificaron la resolución de primera instancia, por lo que ya están todos los antecedentes agregados al expediente del JEM y ahora ya se está trabajando con relación al análisis sobre si hubo o no actuación irregular de los referidos magistrados judiciales.
La denuncia ante el JEM fue presentada por la madre de la víctima del hecho y ha solicitado al referido órgano juzgador de magistrados que revise la actuación de los jueces y en caso de existir irregularidad, que se inicie el enjuiciamiento y si los integrantes del jurado crean conveniente, se proceda a la suspensión de los jueces.
En su momento, el titular del JEM, Enrique Bacchetta, señaló: “Desde el jurado no vamos a poder cambiar el sentido de los fallos, pero vamos a analizar la conducta de los jueces que actuaron en el referido expediente judicial”, expresó.
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Madre denuncia y juezas amedrentan
La madre de la víctima de abuso conversó con GEN, el pasado miércoles, y denunció sobre la sentencia dictada por los jueces Domenech, Liduvina Otazú de Mereles y Diana Concepción Isasi que absolvieron de culpa y pena al acusado del presente caso.
Ante la denuncia pública, las tres juezas de Sentencia de Paraguarí remitieron una nota abusiva y sin fundamento a GEN exigiendo que rectifiquen las declaraciones realizadas por un tercero. Este tipo de actuación de las magistradas se podría tomar como un amedrentamiento a la prensa.
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Hambre Cero: anuncian nueva rueda de negocios para mipymes y agricultores en Paraguarí
Este martes 3 de junio se llevará a cabo una rueda de negocios en la ciudad de Paraguarí como parte del Programa Hambre Cero. El evento está dirigido principalmente a emprendedores y productores frutihortícolas de la zona. El objetivo de esta actividad es facilitar el acceso a compradores, promover la formalización y abrir oportunidades de financiamiento.
La actividad se desarrollará de 8:00 a 11:30 en el salón auditorio de la Gobernación de Paraguarí y es completamente gratuita, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Con estas actividades, el Gobierno del Paraguay busca dinamizar la economía de las comunidades y además garantizar que los alimentos que llegan a las escuelas provengan de pequeños productores locales, cumpliendo así con los objetivos del Hambre Cero.
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Además, se busca conectar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a los productores de la agricultura familiar con los proveedores del programa nacional de alimentación escolar.
Las firmas adjudicadas que forman parte del Programa Hambre Cero en las escuelas tienen porcentajes de compra establecidos por decreto: 5 % para las mipymes y 10 % para la agricultura familiar.
Durante el encuentro se espera la participación de más de siete instituciones que brindarán asesoramiento y servicios para emprendedores. Entre ellas se encuentran Senave, Senacsa y Dinavisa, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), así como el IPS, el Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Fomento (BNF), que ofrecerán información sobre protección social y acceso a créditos.
La iniciativa está organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Gobernación local.
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México: elección de jueces abre una etapa de incertidumbre
- México, México. AFP.
La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.
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Legal pero no legítima
Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.
Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.
Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
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Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).
El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.
También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
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Mexicanos acuden el domingo a las urnas para elegir a todos sus jueces
- México. AFP.
Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.
Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.
“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.
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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.
En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.
La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.
Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.
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Exabogada del “Chapo”
En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.
Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.
Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).
La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.
La elección también desafía la independencia de la justicia.
“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.
Confusión
La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.
“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.
Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.
Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.
En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.
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Policía desbarata banda que planeaba asesinatos de jueces en Brasil
La policía de Brasil detuvo este miércoles a cinco personas en una operación contra una banda de civiles y militares señalada de espiar y planear asesinatos a sueldo de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades.
La operación forma parte de la investigación por el homicidio a balazos de un abogado en 2023, en la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste).
La Policía Federal dijo en una nota que “descubrió la existencia de una organización criminal responsable por la práctica de delitos como espionaje y homicidios bajo encargo”.
La policía detuvo a cinco personas y cumplió seis órdenes de allanamiento en los estados de Mato Grosso, Sao Paulo y Minas Gerais (sureste).
Según el jefe de la agencia para la defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, la pandilla estaba integrada por civiles y militares que cobraban hasta 250.000 reales (unos 44.000 dólares) para vigilar y planificar asesinatos de jueces de la corte suprema y otras autoridades.
“Choca por su audacia y por su insensatez. Se trata de un absurdo sin precedentes en el país, alimentado por discursos de odio de quienes no tienen compromiso con la democracia”, apuntó en un mensaje en X.
Consultado por la AFP, el presidente de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, dijo que la investigación “es confidencial y está en su fase inicial”. “Todavía no es momento de formular conclusiones”, afirmó.
Senadores y diputados brasileños también estaban en la mira del grupo criminal, autodenominado “Comando C4” o “Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales”, indicó el portal de noticias g1.
Según ese sitio, los sospechosos habrían evaluado el uso de pelucas y también la contratación de trabajadores sexuales para atraer a las potenciales víctimas.
El abogado Roberto Zampieri fue asesinado con varios impactos de bala en diciembre de 2023, debido a una disputa por un terreno agrícola valorado en 100 millones de reales (17,5 millones de dólares), de acuerdo con la policía de Cuiabá.
Los más altos jueces de Brasil han sido objeto de amenazas y ataques recientes.
En noviembre, un individuo murió al hacerse estallar frente al edificio de la Corte Suprema en Brasilia, en un ataque que según las autoridades tenía posibles vínculos con la asonada de enero de 2023, cuando millares de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro depredaron las sedes de los poderes públicos.
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Bolsonaro es juzgado ante la Corte Suprema señalado de liderar un supuesto plan golpista que, según la fiscalía, incluía la vigilancia y el asesinato del juez de ese tribunal Alexandre de Moraes.