El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla no admitió la imputación y se declaró incompetente en el caso del abogado Julio Godoy, quien fue imputado por la Fiscalía por dos delitos. El magistrado se declaró incompetente en razón de que la fiscala Stella Mary no posee jurisdicción ni competencia para entender en el caso de un hecho punible que se habría registrado en el Juzgado Civil de Lambaré.
Amarilla remite al Juzgado Penal de Garantías del departamento Central, que deberá analizar si corresponde rechazar el acta de imputación o admitirla.
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Por su parte, el abogado Julio Godoy criticó la actuación de la fiscala Cano, señalando que “la representante del Ministerio Público se atribuye superpoderes como una autoridad jurisdiccional causándome un agravio irreparable manchando mi honor, reputación, con esta imputación irregular malintencionada, dolosa y temeraria”, indicó el referido profesional del derecho.
Agregó que: “Voy a accionar en el ámbito civil por daños y perjuicios y en lo penal denunciándola ante la Fiscalía por prevaricato, simulación de un hecho punible y otros y a su vez, voy a denunciarle ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Iniciaré una denuncia penal contra el gobernador Carlos Giménez por el hecho punible de denuncia falsa, simulación de un hecho y extorsión”.
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Procesan por intento de feminicidio al hombre que apuñaló varias veces a su expareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Edgar Rafael Delgado, titular de la Unidad Penal N.º 1 de Presidente Franco, imputó a un hombre de 33 años por la presunta comisión del hecho punible de tentativa de feminicidio. El procesado habría atentado contra la vida de su expareja al atacarla con varias puñaladas de arma blanca y luego se autoinflingió heridas.
La investigación indica que los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2026, alrededor de las 21:00, en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento Caacupemí de Presidente Franco. En esa ocasión, el imputado habría irrumpido en el lugar en aparente estado de ebriedad para realizar reclamos a su pareja de entonces.
De acuerdo con el relato expuesto en el escrito de imputación, el hombre inició un ataque violento utilizando un cuchillo, con el cual agredió repetidamente a la mujer, causándole múltiples heridas punzantes y cortantes localizadas en la cabeza, el cuello, ambos brazos y el pecho. Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco.
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Tras consumar el ataque contra la mujer, el hombre utilizó la misma arma blanca para infligirse heridas a la altura del pecho, siendo derivado al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permanece internado con diagnóstico reservado y con custodia policial permanente.
Al considerar cada uno de los elementos incriminatorios, el fiscal Edgar Delgado inició proceso contra el hombre por tentativa de feminicidio y solicitó su prisión preventiva. La representación pública fundamentó su pedido en que el hecho constituye un crimen grave, con alta expectativa de pena, existiendo además peligro de fuga y riesgo de obstrucción de la investigación.
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Justicia comunica imputación de diputado prietista para su desafuero
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados el documento en el cual informa que se admitió la imputación del diputado de Yo Creo, Walter García.
Con esta comunicación, la Cámara Baja deberá analizar el desafuero del parlamentario imputado en la causa “Miguel Prieto y otros por lesión de confianza (ley n.º 6379) superior a 5.500 jornales”.
“Habiéndose formulado imputación fiscal ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno de la capital a mi cargo, de parte de los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle, María Verónica Valdéz, contra el diputado nacional Walter Hugo García Méndez, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza (…) en calidad de cómplice", expresa el documento.
El juez solicita que se comunique y se remita las “actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la presente causa a la Cámara de Diputados para los fines legales pertinentes”.
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Igualmente, el juez Otazú fijó la audiencia de imposición de medidas para los días 6 y 7 de abril para los procesados en esta causa, el exintendente de Ciudad del Este (en calidad de autor), Miguel Prieto, junto al exjefe comunal Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.
El Ministerio Público señala que los imputados causaron un perjuicio patrimonial a las arcas de la Municipalidad esteña de G. 757.166.276 por el pago de obras que no se habrían realizado.
La investigación fiscal apunta que esta cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.
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Imputan por homicidio doloso a pareja que habría quemado a una joven en Nanawa
Este miércoles, el Ministerio Público imputó por homicidio doloso a la pareja que fue detenida y es sospechosa por el crimen de la joven de 19 años que fue hallada muerta en una precaria vivienda en Nanawa, departamento de Presidente Hayes. La mujer habría sido acusada por la comisión del hecho y el hombre en grado de complicidad.
La agente fiscal, Liz Portillo, decidió formular imputación contra Porfiria Diana Giménez, de 34 años, por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso de Amalia Beatriz Cáceres González, de 19 años, de nacionalidad argentina. La joven fue hallada muerta tras el incendio que habría sido provocado intencionalmente.
Así también, fue imputado Cristhian Rolón Maidana, de 40 años, por complicidad en el mismo hecho punible que se registró en una precaria vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de Nanawa. Este último habría mantenido una relación con ambas mujeres y sería lo que había motivado el crimen.
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La fiscal habría ordenado la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar su correcta identificación y las causas de su fallecimiento. El resultado preliminar estableció que la muerte se produjo por inhalación de monóxido de carbono, sin evidencias de lesiones por proyectil ni traumatismos craneales.
“No se pudieron constatar golpes debido a la ausencia de piel en el cadáver. La identificación de la víctima fue confirmada mediante estudios científicos y aportes secundarios proporcionados por su madre”, expresó Portillo.
Aclaró que las investigaciones preliminares apuntan como posible responsable del hecho a la mujer de 34 años, quien presuntamente habría agredido a la víctima y posteriormente incendiado la precaria vivienda utilizando material combustible, con la joven en su interior. Ambas personas ya se encuentran detenidas.
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Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
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Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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