El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla no admitió la imputación y se declaró incompetente en el caso del abogado Julio Godoy, quien fue imputado por la Fiscalía por dos delitos. El magistrado se declaró incompetente en razón de que la fiscala Stella Mary no posee jurisdicción ni competencia para entender en el caso de un hecho punible que se habría registrado en el Juzgado Civil de Lambaré.
Amarilla remite al Juzgado Penal de Garantías del departamento Central, que deberá analizar si corresponde rechazar el acta de imputación o admitirla.
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Por su parte, el abogado Julio Godoy criticó la actuación de la fiscala Cano, señalando que “la representante del Ministerio Público se atribuye superpoderes como una autoridad jurisdiccional causándome un agravio irreparable manchando mi honor, reputación, con esta imputación irregular malintencionada, dolosa y temeraria”, indicó el referido profesional del derecho.
Agregó que: “Voy a accionar en el ámbito civil por daños y perjuicios y en lo penal denunciándola ante la Fiscalía por prevaricato, simulación de un hecho punible y otros y a su vez, voy a denunciarle ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Iniciaré una denuncia penal contra el gobernador Carlos Giménez por el hecho punible de denuncia falsa, simulación de un hecho y extorsión”.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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El abogado de Hugo Javier pide la conformación de una junta médica
El abogado Bernardo “Lalo” Villalba, representante legal del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, aguarda la conformación de una junta médica con el fin de evaluar de manera integral si las lesiones que sufrió el exanimador de televisión y radio fueron productos de una caída o de una agresión que le ocasionó un trauma craneoencefálico.
“Yo espero que se conforme una junta médica en donde participe el médico forense del Ministerio Público, un médico forense designado por el Poder Judicial. Esta tendría que ser la siguiente propuesta realizada por el juez de ejecución y, si no lo hace, nosotros vamos a solicitar que eso ocurra y, a partir de ahí, ver algún médico que pueda ayudarnos en ese sentido porque, como se sabe, Hugo Javier no está en condiciones de pagar los servicios médicos de nadie”, comentó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Villalba agregó que “muchos médicos han tomado contacto conmigo y han ofrecido sus buenos oficios para colaborar al esclarecer todo esto con la verdad en la mano. Todo indica que los golpes fueron externos”. Las afirmaciones del abogado surgen tras descartarse que González haya sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).
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Intervención quirúrgica
Agregó que su cliente sigue en coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá tras ser intervenido quirúrgicamente ayer lunes para la colocación de un catéter dentro del cerebro a través de un orificio en la cavidad craneal. El catéter permanecerá al menos 48 horas con la finalidad de medir la presión intracraneal. En caso de detectar un aumento de la presión, se dispondrá una cirugía mayor.
“La impresión que yo tengo y en consultas con algunos médicos amigos es que al producirse un ACV se da un proceso de segundos que le puede permitir el intento de sentarse o tratar de aminorar el impacto de la caída, en cambio la violencia de esos golpes hacen suponer que él pudo haberse caído estrepitosamente o haber recibido un golpe muy duro de manera provocada”, comentó.
Externamente, González presenta un hematoma en la región frontal izquierda y hematomas alrededor de ambos ojos. Además, una pequeña excoriación en el antebrazo izquierdo y otra en la mano derecha.
Desmiente supuesta deuda
Por otra parte, Villalba calificó como ilógico las versiones difundidas en las redes sociales, principalmente por el criminólogo Juan Martens, quien dijo que según testimonios que recibió los golpes de González fueron producto de una deuda de entre G. 8 y 9 millones vinculada a la venta de termos dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción.
“No tenemos absolutamente ninguna información y personalmente a estas alturas que ya pasaron horas de esa publicación y no hubo elementos para corroborar eso, me da la impresión que estaba buscando su minuto de fama. No veo cuál sería el interés de todo el sistema penitenciario de esconder ese tema y complicarse en un hecho tan grave con un interno, no tiene una explicación lógica”, refirió.
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Abogado de Hugo Javier descarta que hayan intentado “silenciarlo”
El abogado del exgobernador de Central, Hugo Javier González, descarta la hipótesis de que hayan intentado silenciarlo, en el incidente que sufrió su cliente en la celda donde fue hallado en grave estado, que derivó en su internación de urgencia donde permanece con pronóstico reservado.
“Yo soy el más incrédulo en eso, porque para silenciarlo él tiene que saber algo que le comprometa a alguien y él no podía comprometerle a nadie. El era el gobernador, era autónomo. Sabemos por las investigaciones que hay personas implicadas y los resultados de esa administración que dejó como fruto dos carpetas abiertas”, señaló el doctor Bernardo Villalba a la 1020 AM.
El defensor de Hugo Javier ratificó la inocencia del exjefe departamental al manifestar que “no le veo a él tocar un solo centavo y los que eventualmente son sospechosos están dentro del proceso”.
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“No veo quien puede querer silenciarlo, él nunca sintió eso, nunca él percibió sentir algún riesgo ni yo, ni nadie que compartimos con él”, remarcó.
El Ministerio Público también tomó intervención en el caso y se encuentra hurgando tanto en el diagnóstico médico del paciente así como en la escena en que se produjo el incidente en el interior del establecimiento penitenciario en Asunción.
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A Ultranza Py: decretan prisión de supuesto secretario logístico de Marset
El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.
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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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