Hasta el 27 de agosto del 2020, en todas las dependencias del Poder Judicial del país, se han reportado 639 pacientes que presentaron aislamiento preventivo debido a cuadros respiratorios. De ellos, 102 casos fueron confirmados de COVID-19, de los cuales 49 ya están recuperados y 53 activos.
El informe fue elaborado por una junta de médicos y directores del Poder Judicial encabezados por la médica epidemióloga Ana Fiandro, la directora general de RRHH, Silvana González y el director de Desarrollo de RRHH, René Genes.
El grupo etario se concentra entre los 30 y 39 años y la circunscripción con el mayor número de casos positivos es Alto Paraná, seguido de capital y en tercer lugar están Central y Caaguazú. Hasta la fecha no se registran contagios laborales, por lo que se insta a cumplir el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En cuanto al Palacio de Justicia de Asunción, hasta el momento se reportan 26 casos, representando un porcentaje menor al 1% en comparación al total de funcionarios que prestan servicios en la principal sede judicial (4.041).
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Por otro lado, 381 funcionarios están exceptuados de prestar servicio presencial, por estar considerados dentro del grupo de riesgo. Un total de 141 funcionarias están exceptuadas por estar en periodo de lactancia, 70 por embarazo, 150 por patologías varias y 20 por neoplasias varias.
La Corte Suprema de Justicia recomienda el uso permanente de mascarillas en el lugar de trabajo, además de conservar una distancia prudente de otras personas.
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Presidente de Colombia retira de redes sociales videos con cadáveres tras orden judicial
El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de supuestos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial.
El martes, una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de setiembre, de la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y de todas las redes del grupo Meta.
La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no.
Con poco más de un mes en el cargo, el derechista De la Espriella lleva adelante una ofensiva a muerte contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos, su principal socio militar.
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El excéntrico abogado multimillonario acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos que siempre cierra al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, con música de guerra de fondo.
En un mes ordenó tres bombardeos contra campamentos guerrilleros en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, con un saldo de al menos 42 muertos, seis de ellos menores de edad.
Tras el mayor bombardeo contra supuestos guerrilleros desde 2015, caminó entre los cadáveres en bolsas blancas junto a la cúpula militar colombiana y amenazó a los rebeldes: “Los acabaremos”.
La publicación del contenido gráfico le costó críticas de la oposición.
En un comunicado en X, la autoridad forense nacional rechazó la exposición de cuerpos en bolsas, por constituir una “vulneración a la dignidad humana”.
A pesar de la retirada del contenido en las plataformas de Meta, los videos siguen en las cuentas presidenciales de X. El mandatario tiene uno de ellos fijado en su perfil personal.
Se puede informar sobre los operativos “sin profundizar las violencias y la crueldad” en Colombia, dijo a la AFP Santiago Osorio, el congresista que interpuso el recurso judicial contra el gobierno.
Este es el segundo revés judicial para De la Espriella y su política de mano de hierro, después de que un juez prohibiera temporalmente los bombardeos a campamentos guerrilleros con indicios de presencia de menores reclutados en una región amazónica.
- Fuente: AFP
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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El país proyecta polo de fertilizantes en Carmelo Peralta
La infraestructura convierte a Paraguay en un nuevo polo industrial y estratégico para la producción de insumos agrícolas.
Una delegación paraguaya presentó en Montevideo un proyecto para instalar una planta de fertilizantes en Carmelo Peralta, Alto Paraguay, con capacidad para abastecer al Cono Sur. Fue durante el taller de integración gasífera convocado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). La comitiva paraguaya estuvo encabezada por el ingeniero Julio Albertini, director de Hidrocarburos, en representación del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La propuesta busca aprovechar el gas natural proveniente de Argentina y la infraestructura de la ruta Bioceánica, convirtiendo a Paraguay en un nuevo polo industrial y estratégico para la producción de insumos agrícolas. En una primera etapa, la planta utilizaría gas de la cuenca de Neuquén, Argentina, y posteriormente podría utilizar gas producido en el propio Chaco paraguayo.
La posibilidad de combinar gas argentino en una primera etapa con producción chaqueña posteriormente permitiría desarrollar un polo de fertilizantes y otras industrias. Esto podría fortalecer la soberanía energética, aumentar las exportaciones y posicionar al país como un actor estratégico en la integración energética, industrial y agrícola del Mercosur. Esta iniciativa se alinea con el objetivo de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Chile de alcanzar el autoabastecimiento a mediano plazo. La disponibilidad de recursos gasíferos regionales permitiría contrarrestar la dependencia externa de insumos agrícolas indispensables para la seguridad alimentaria, utilizando herramientas de transporte estratégico como la hidrovía y la red vial internacional.
La ubicación de Carmelo Peralta ofrece, además, importantes ventajas logísticas, ya que conecta la hidrovía Paraguay-Paraná con la ruta Bioceánica. Esta combinación permitiría reducir costos y tiempos de transporte para movilizar gas, materias primas y fertilizantes hacia Paraguay, Brasil y otros mercados.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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