Una fiscal murió el domingo en un “atentado” a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico, aseguraron las autoridades de ese país. Gloria Bravo, que trabajaba para la fiscalía de Manta (oeste), salía de un restaurante en esa ciudad junto su hermana el domingo cuando recibió disparos de “un sujeto que venía en una motocicleta”, dijo en una rueda de prensa el coronel de la policía Carlos Ortega.

Bravo era fiscal desde hacía 15 años e investigó varios casos de delincuencia organizada en la zona. Su hermana también murió en el ataque y otra persona más resultó herida, informó Ortega. La mujer tenía a cargo la investigación de un reciente incendio que consumió unas 35 embarcaciones en un puerto pesquero en Manta, un hecho aún no esclarecido por las autoridades.

"La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida", dijo el ente estatal la tarde del domingo. El autor de los disparos fue perseguido por la policía y “se encuentra herido” por disparos que le propinaron los agentes, que no lograron capturarlo, aseguró Ortega. Las autoridades continúan su búsqueda.

Con este crimen, son tres los funcionarios de la fiscalía asesinados en la misma ciudad, uno de los principales bastiones de la banda criminal Los Choneros. Su líder, alias Fito, fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas y de armas.

Manta, un importante puerto pesquero, es una de las ciudades más golpeadas por el narco en Ecuador, donde transita un 70 % de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Pese al respaldo de Estados Unidos y a las políticas de mano de hierro contra el narcotráfico del gobierno derechista de Daniel Noboa, la violencia no cede en el país. Con una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, Ecuador es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica.

Fuente: AFP.

La fiscal Sandra Ledesma detalló este mediodía durante una conferencia de prensa, que se registraron nueve detenidos por presuntamente haber cometido fraude electoral en el transcurso de las internas partidarias. La agente de Delitos Electorales de Asunción, coordinadora del equipo de agentes fiscales designados para la cobertura de estas elecciones, alistó las denuncias e incidentes intervenidos.

“Son 9 aproximadamente las personas detenidas, entre ellas figuran el precandidato a concejal de la ciudad de Fernando de la Mora, Alfonso Orella González (por supuesta compra de cédulas)“, comentó la agente electoral.

La fiscal puntualizó que los otros casos se registraron en las localidades de Katueté y Villa Hayes. Agregó que la mayoría guarda relación con la compra de cédulas y que los detenidos se exponen a 5 años de cárcel o multas, de comprobarse la violación de las leyes electorales.

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A la vez, Ledesma sostuvo que se registraron tres casos de personas que se presentaron hasta sus respectivos locales electorales para ejercer su derecho al sufragio, pero cuando llegaron a sus mesas se les informó que figuraban que ya habían votado. “Es por eso que se insta justamente a las personas que vayan a ejercer su derecho al voto”, puntualizó.

La fiscal manifestó que en estas internas partidarias se identificó una nueva modalidad para la comisión del fraude electoral, que consistió en el uso de una silla de ruedas para hacer pasar a los votantes quienes vendieron sus votos, como personas con discapacidad y trasladarlos hasta el cuarto oscuro valiéndose de la existencia del voto asistido.

“El caso se registró en la ciudad de Luque, la silla de ruedas estaba instalada frente al local de votación. La denuncia es que los votantes llegaban hasta el local caminando y luego eran asistidos en la silla de rueda. La verdad esto es nuevo para nosotros y se están ingeniando, perfeccionando“, refirió.

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La fiscal Mercedes Vera confirmó que recién a casi un mes del accidente de tránsito que involucró al diputado Mauricio Espínola, y que arrojó como víctima fatal al conductor de una motocicleta, el Ministerio Público realiza las diligencias para solicitar los videos de circuitos de locales públicos y privados de los alrededores donde se produjo el siniestro.

La pregunta surge: Si hizo el cambio de carátula despues de la muerte, que ocurrió el 27 de mayo, ¿por qué recién ahora pide las imágenes de circuito cerrado?

En conversación con radio Universo 970 AM/Nación Media, confirmó que comenzaron a realizar las diligencias pertinentes, luedo de que se cambiara la caratula fiscal, convocando además al personal interviniente, a la viuda de la víctima, una hermana, entre otras diligencias.

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Aclaró que la comunicación inicial realiza la Comisaría 7° jurisdiccional, que en su momento hizo mención a un hecho punible de lesión culposa y daño material en accidente de tránsito.

Mencionó que tras el accidente que se produjo el 16 de mayo, ese día se comunicó el hecho de la lesión, además que la víctima fue derivada hasta el Centro de Emergencia para un diagnóstico y tratamiento. Indicó que posterior a eso, ya no hubo ninguna comunicación de que la víctima quedara internada ni sobre la gravedad de las heridas o su estado de salud.

“Recién en fecha 27 de mayo es cuando se comunica el deceso de esta persona; de ahí en más es que estábamos tratando nosotros de justamente tener en cuenta que en el lugar del accidente había cámaras. Recién hoy me están pasando, de que hay varios lugares, tanto públicos como privados, que cuentan con cámaras de videos y eso es lo que estamos solicitando nosotros”, confirmó.

Mencionó además, que debido a que la comuniciación inicial de la Comisaría jurisdiccional fue solamente como un hecho de lesión y daños es que la Fiscalía caratuló la carpeta como “hecho innominado de daños”. Pero posteriormente, con el deceso de la víctima, ocurrido en fecha 17 de mayo, es que se hace el cambio de carátula de la carpeta fiscal.

Confirmó además que en el informe policial, ni siquiera cuenta con un reporte ampliatorio en el que se detalle que en el lugar haya habido testigos, ni siquiera las cámaras.

“Nosotros no tenemos una comunicación de que la víctima haya quedado en estado de observación, ni que haya ingresado a terapia. Once días después, a nosotros también nos llamó la atención de que haya fallecido, porque el hecho se comunicó, le reiteró, como un hecho de lesión y daño. A partir de esa comunicación es que el Ministerio Público activa todos los protocolos y solicita todos los informes que le he mencionado”, remarcó.

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La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

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El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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