El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.

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De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.

Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.

Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.

Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.

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El Ministerio de Salud reportó 852 casos confirmados de hepatitis B y 14 casos activos de hepatitis C, que totalizan 866 pacientes con la enfermedad en todo el país. La información fue emitida por la Dirección de Vigilancia de la Salud, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, establecida cada 28 de julio, desde 2011, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó que causa más de 1,3 millones de muertes cada año.

Datos epidemiológicos actualizados del Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS (Pronasida) revelan que, durante el 2024, se realizaron 95.546 pruebas para hepatitis C en todo el país, de los cuales, 14 fueron casos confirmados de la infección activa. En el mismo periodo, se llevaron a cabo 198.142 pruebas de hepatitis B. De esto, 852 son casos confirmados de hepatitis B, el 51 % diagnosticados en hombres y 49 % en mujeres.

Las regiones con mayor incidencia de hepatitis B en el país son: Alto Paraguay, Capital y Canindeyú. Los grupos etarios mayormente afectados por hepatitis B son los de 30 a 34 años (18 %), los de 35 a 39 años (14,9 %) y los 25 a 29 años (14,4 %). El reporte reveló que el 74,7 % de los casos de hepatitis B se identificó en población general, y 18,6 % en hombres que tienen sexo con hombres. También se observan casos, pero en menor proporción en población en transgéneros, trabajadores sexuales e indígenas.

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Los síntomas más comunes de la hepatitis: fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de piel y ojos (ictericia). En el caso de la hepatitis B se observan, además, heces claras y dolor en las articulaciones.

Las hepatitis B y C se transmiten por contacto con sangre infectada y otros líquidos orgánicos contaminados (semen, flujo menstrual, secreciones vaginales), a través de agujas, tatuajes, perforaciones, transfusiones sin control y por vía sexual, principalmente en personas con múltiples parejas. También se da la transmisión vertical (madre a hijo) durante el parto.

La hepatitis B se previene con vacunación. La primera dosis se aplica dentro de las primeras 24 horas de vida, seguida de 2 o 3 dosis adicionales. La vacunación es obligatoria para el personal de salud y grupos de riesgo. Para la hepatitis C no existe vacuna, pero el tratamiento con antivirales es altamente efectivo. La detección precoz y el inicio oportuno del tratamiento previenen complicaciones como cirrosis y cáncer hepático.

El Ministerio de Salud cuenta con pruebas de tamizaje, confirmación y medicamentos antivirales para el tratamiento efectivo de hepatitis B y C. Para protegerse de contraer el virus es importante usar preservativos (condones) para relaciones sexuales seguras, no compartir agujas o jeringas, en caso de tatuarse o perforarse hacerlo en sitios autorizados, garantizar la esterilización adecuada de equipos médicos y odontológicos, realizarse pruebas de tamizaje si pertenece a grupos de riesgo y seguir el tratamiento en caso de diagnóstico positivo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos y a sus socios a acelerar “urgentemente” los esfuerzos para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública. “Cada 30 segundos, una persona muere a causa de una enfermedad hepática grave relacionada con la hepatitis o de un cáncer de hígado. Sin embargo, disponemos de las herramientas necesarias para detener la hepatitis”, ha afirmado afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis.

Según informa la OMS, las hepatitis virales (tipos A, B, C, D y E) son las principales causas de infección hepática aguda. De entre ellas, solo la hepatitis B, C y D pueden provocar infecciones crónicas que aumentan significativamente el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Sin embargo, la mayoría de las personas con hepatitis no saben que están infectadas. Los tipos B, C y D afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo y causan más de 1,3 millones de muertes cada año, principalmente por cirrosis hepática y cáncer.

Recientemente, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado la hepatitis D como carcinógena para los seres humanos, al igual que la hepatitis B y C. La hepatitis D, que solo afecta a personas infectadas con la hepatitis B, se asocia con un riesgo entre dos y seis veces mayor de cáncer de hígado en comparación con la hepatitis B sola. Para la OMS, esta reclasificación supone un paso fundamental en los esfuerzos mundiales por concienciar, mejorar el cribado y ampliar el acceso a nuevos tratamientos para la hepatitis D.

“La OMS ha publicado directrices sobre las pruebas y el diagnóstico de la hepatitis B y D en 2024, y está siguiendo activamente los resultados clínicos de los tratamientos innovadores para la hepatitis D”, ha afirmado la nueva directora de Ciencia para la Salud de la OMS, Meg Doherty.

El tratamiento con medicamentos orales puede curar la hepatitis C en un plazo de dos a tres meses y suprimir eficazmente la hepatitis B con una terapia de por vida. Las opciones de tratamiento para la hepatitis D están evolucionando. Sin embargo, la OMS asegura que solo se podrá aprovechar plenamente el beneficio de reducir la cirrosis hepática y las muertes por cáncer si se toman medidas urgentes para ampliar e integrar los servicios relacionados con la hepatitis -incluidas la vacunación, las pruebas, la reducción de daños y el tratamiento- en los sistemas nacionales de salud.

La OMS subraya que es alentador que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios (PIBM) cuenten con planes estratégicos contra la hepatitis y que los avances en las respuestas nacionales contra esta enfermedad estén aumentando.

Así, en 2025, el número de países que informaron sobre planes de acción nacionales contra la hepatitis aumentó de 59 a 123; en 2025, 129 países habían adoptado políticas para la realización de pruebas de hepatitis B entre las mujeres embarazadas, frente a los 106 que lo habían hecho en 2024, y 147 países habían introducido la vacuna contra la hepatitis B en el momento del nacimiento, lo que supone un aumento con respecto a los 138 de 2022.

Sin embargo, advierte de que siguen existiendo importantes deficiencias en la cobertura de los servicios y los resultados, tal y como se indica en el Informe mundial sobre la hepatitis 2024. De este modo, asegura que la cobertura de las pruebas y el tratamiento sigue siendo muy baja; solo el 13 por ciento de las personas con hepatitis B y el 36 por ciento con hepatitis C habían sido diagnosticadas en 2022.

Asimismo, las tasas de tratamiento eran aún más bajas: el 3 por ciento para la hepatitis B y el 20 por ciento para la hepatitis C, muy por debajo de los objetivos para 2025, que eran del 60 por ciento de personas diagnosticadas y del 50 por ciento de personas tratadas.

La OMS también avisa de que la integración de los servicios relacionados con la hepatitis sigue siendo desigual: 80 países han incorporado los servicios relacionados con la hepatitis en la atención primaria de salud; 128, en los programas sobre el VIH, y solo 27 han integrado los servicios relacionados con la hepatitis C en los centros de reducción de daños.

El próximo reto será ampliar la cobertura de la prevención, las pruebas y el tratamiento. Alcanzar los objetivos de la OMS para 2030 podría salvar 2,8 millones de vidas y prevenir 9,8 millones de nuevas infecciones. “Ante la disminución del apoyo de los donantes, los países deben dar prioridad a la inversión nacional, los servicios integrados, la mejora de los datos, los medicamentos asequibles y el fin del estigma”, finaliza la OMS.

Con información de Europa Press.

La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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