La jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal, Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento, imágenes sexuales y producido y transmitido material violando la intimidad de las personas en el caso conocido como Ducksexgame.

Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Asimismo el colegiado deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

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En su momento, el fiscal Federico Delfino presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción en la que la víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por la cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.

De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría a abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).

En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.

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El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

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El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.

“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.

Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.

Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.

“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dionisio Amarilla aseguró que la agrupación política ya inició el proceso de preparación con miras a las elecciones municipales del 2026, en el marco de un diálogo amplio con la dirigencia de base. Según explicó, existen posturas divididas sobre la estrategia electoral, entre quienes proponen una “competencia intensa” para movilizar al partido y los que apuestan al “consenso” para optimizar recursos.

“Estamos empezando a dialogar con la dirigencia. Algunos proponen la línea de la competencia intensa, otros dicen que hay que ir por el consenso. Tal vez terminemos con una línea mixta: competir donde sea útil y generar acuerdos donde no haya condiciones claras de éxito”, expresó el legislador.

Como ejemplo, mencionó el caso de Nueva Italia, donde el partido perdió la intendencia en los últimos comicios. “Nunca habíamos perdido ahí, pero ocurrió. No puedo venir a imponer, tengo que escuchar a los dirigentes. Si recomiendan que el camino para recuperar el municipio es el consenso, es lo que debemos hacer”, indicó.

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En contraste, Amarilla señaló que en distritos como Fernando de la Mora o J. Augusto Saldívar, la competencia interna podría fortalecer al partido. “Cuanto más compitamos, más entrenados estarán los liberales para retener la comuna, sin importar quién sea el candidato”, sostuvo ante la 1080 AM, adelantando que el PLRA aplicará estrategias diferenciadas según la realidad de cada localidad.

El legislador también valoró el compromiso de las nuevas generaciones liberales, que, según dijo, buscan que el partido “tenga oficio de poder”, promoviendo propuestas concretas para mejorar la vida de la ciudadanía. En ese sentido, expuso que no duda en dialogar con los ministros para que “bajen al territorio” para atender los problemas reales de la gente.

“Nosotros no estamos para encubrir a nadie ni desentendernos de las cuestiones que también nos afectan. Tenemos que saber administrar los medios disponibles para generar el mayor impacto posible en la calidad de vida de los habitantes”, concluyó el senador.

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La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.

Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual Senadora de la Nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.

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La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.

Amarilla, cuando ocupada el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.

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