El Tribunal de Apelación en lo civil apartó a la jueza Karen González por haber preopinado en el juicio caratulado como "Salmi Agüero contra José Marcelo Álvarez Villalba sobre disolución de la comunidad conyugal”. Foto: Gentileza.
Apartan a jueza Karen González de un juicio civil por su llamativa actuación
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La jueza en lo Civil y Comercial de la capital Karen González fue separada de seguir entendiendo en el juicio civil caratulado “Salmi Agüero contra José Marcelo Álvarez Villalba sobre disolución de la comunidad conyugal”. Así resolvió el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial integrado por los jueces Guido Cocco, María Sol Zuccolillo y Juan Carlos Paredes, quienes consideraron que la jueza González preopinó en el presente caso, por lo que fue separada.
En una resolución que llama poderosamente la atención, la magistrada González le negó a Salmi Agüero saber el estado de sus bienes, en el marco del referido juicio civil. Con la citada resolución judicial adoptada por la jueza le privó a Agüero de acceder a los bienes que ganaron con su esposo durante el matrimonio.
González había fundado su fallo para negar el pedido a la mujer en que se estarían afectando bienes de terceros. Esto se resolvió así debido a que el abogado Marcelo Gauto, en nombre y representación de las firmas Gestiones y Recuperos SA y Judicrisma SA, empresa donde son accionistas Agüero y Álvarez, pidió no entregar los datos financieros a la solicitante.
Igualmente, fuentes judiciales señalaron que la jueza anteriormente hacía lugar a todos los pedidos realizados por el abogado Alfredo Montanaro, quien es representante legal de Álvarez. Sin embargo, cuando solicita algún informe Salmi Agüero, pone muchas trabas al respecto. Esta situación debe llamar la atención a las autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que podrían solicitar un informe a la magistrada sobre el presente juicio civil y en caso de encontrarse irregularidad podrían iniciar una investigación preliminar contra la jueza en lo civil Karen González.
El gobierno paraguayo oficializó candidaturas para el Tribunal del Derecho del Mar y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Foto: Gentileza
Presentan candidaturas para Tribunal del Derecho del Mar y UIT
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La Cancillería Nacional confirmó que ayer fue presentada oficialmente la postulación del embajador Óscar Cabello Sarubbi, para su reelección como juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Es para un mandato de nueve años. Paraguay también tiene candidato para el Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para el período 2027-2030.
El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación del cuerpo diplomático y consular acreditado ante el Gobierno de la República del Paraguay.
El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, destacó que estas postulaciones constituyen prioridades de la política exterior del gobierno del presidente Santiago Peña, y reflejan una inserción internacional cada vez más activa, coherente y comprometida con el multilateralismo.
Dijo que el Paraguay mantiene una firme adhesión al derecho internacional y a la consolidación de las instituciones multilaterales, convencido de que el diálogo, el equilibrio y la construcción de consensos son herramientas esenciales para afrontar los desafíos globales.
En ese marco, afirmó que la reelección del embajador Cabello Sarubbi se sustenta en su reconocida solvencia jurídica, su experiencia en derecho del mar y la importancia de preservar la continuidad y la memoria institucional del Tribunal, especialmente en un contexto de renovación significativa de sus miembros.
Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
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La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
Ratifican condena por tortura contra Walter Bower y otras dos personas
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El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.
Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.
La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.