Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) señala­ron que se registra un mayor dinamismo en la compra de maquinarias viales y de cons­trucción, generando un creci­miento del 23 %. La reactiva­ción de las obras sería uno de los principales factores que incide en la importación de estos artículos del sector.

Según el informe que com­partió el gremio, al cierre de marzo se registraron 434 maquinarias viales y de construcción importa­das, lo que representa un aumento del 24 % en rela­ción a marzo del 2023, man­teniendo así una tendencia positiva en el año.

Los segmentos con mayor incidencia positiva fueron las motoniveladoras que crecie­ron en torno al 167 % con 16 unidades adquiridas, segui­das de las retroexcavadoras con un aumento del 157 % con 36 unidades. El ingreso de minicargadoras creció 100 % con 29 máquinas y moto­cargas subió 27,3 %, totali­zando 182 unidades compra­das, mientras que el de pala cargadora creció 3 %.

Desde la Cavialpa señalaron que la recuperación del sec­tor importador es un indica­dor importante que refleja el impacto positivo de la reacti­vación de obras, que además de generar empleos incentiva a la comercialización de insu­mos y equipos en todo el rubro de la construcción.

Añadieron que se registra­ron caídas en las categorías de compactadora en torno al 59 %, de la topadora que bajó 67 % y excavadora con una reducción del 8 %. “El Para­guay necesita impulsar el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor detrás de la construcción”, remarcaron.

Es importante mencionar que después de la caída del año pasado de este segmento económico para este 2024 mejoraron las perspectivas para el rubro de construc­ción, teniendo en cuenta que el Banco Central del Paraguay aguarda un repunte del 4,7 %. Indicaron que los mayo­res proyectos de obras tanto públicas como privadas esta­rían explicando el buen pro­nóstico.

La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.

“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.

“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.

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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.

Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.

La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.

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El tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó a la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pen drive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco del proceso que enfrenta Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos, imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal, tras el operativo Veneratio.

Ahora deberá jurar el perito que tendrá que realizar la pericia a todo lo incautado en el marco del referido operativo que posibilito que las autoridades del Estado vuelvan a tomar el control de la cárcel de Tacumbú.

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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior que había autorizado la extracción de datos de los dispositivos incautados en el mencionado operativo.

Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, todos en calidad de coautores.

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La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.

Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se bus­can recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amari­lla, defensor del imputado por la filtración de informa­ción de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.

Una vez que los altos magis­trados se expidan sobre la recusación contra los cama­ristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presenta­das por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.

En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo fal­tarían dos votos para poder destrabar el presente pro­ceso penal de Abdo y su gavilla.

El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparciali­dad y falta de independen­cia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tri­bunal de apelación, que luego fue recusado. Argu­mentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.

Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recu­sado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espí­nola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.

La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resol­vió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requi­sitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola se pidió el desafuero correspondiente.