Un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Darío Báez, Víctor Alfieri y María Luz Martínez condenó a 23 años de cárcel a José Alfredo Rodríguez Castillo tras ser encontrado culpable por el delito de homicidio doloso. El fiscal Marcial Machado representó al Ministerio Público en el presente caso.
Los magistrados de Sentencia concluyeron que el fiscal pudo probar con suficientes elementos la responsabilidad del condenado en el hecho de homicidio doloso. Igualmente, declararon varios testigos en el caso, que aportaron datos sobre lo ocurrido, por lo que corresponde que la pena justa sea de 23 años de cárcel.
Los antecedentes del caso señalan que el hecho ocurrió el 16 de abril del 2017, en horas de la mañana, en la vía pública del barrio San Blas de Asunción. Rodríguez Castillo efectuó seis disparos con un revólver de calibre 22 contra el cuerpo de Víctor Manuel Pérez, quien cayó al suelo y falleció de manera instantánea.
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La víctima del hecho fue identificada como Víctor Manuel Pérez, quien falleció de cinco disparos de arma de fuego. El mismo fue asistido, pero al llegar a un centro asistencial ya falleció. El origen del conflicto se habría generado tras una discusión entre la víctima y el autor del crimen.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar la presente resolución judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que resolver si corresponde ratificar la condena de primera instancia o anular y ordenar un nuevo juicio oral y público.
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Tribunal absolvió por duda razonable a exjueza acusada por prevaricato
Un tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Juan Ortiz y Lourdes Garcete, decidió absolver de culpa y pena por duda razonable a la exjueza en lo civil, Tania Irún. La exmagistrada fue juzgada por el presunto delito de prevaricato tras entregar más de 310.000 hectáreas de tierra a empresas de maletín en Alto Paraguay.
De acuerdo con el colegiado, el Ministerio Público no logró probar qué motivación o interés habría llevado a la procesada a dictar la resolución cuestionada.
Tanto la querella como la Fiscalía adelantaron que analizarán los argumentos del tribunal de Sentencia para apelar el fallo judicial. En caso de ser así, un tribunal de Apelación definirá si corresponde que otro tribunal de Sentencia vuelva a juzgar a Irún.
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Jueces contra el voto de ministros
Los jueces de Sentencia Rossana Maldonado, Juan Ortiz y Lourdes Garcete desmeritaron los votos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes de la Sala Penal. Ambos ministros, en su calidad de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), habían señalado que la entonces jueza Tania Irún violó la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual se había resuelto su destitución.
Con esta sentencia de absolución, los magistrados contradijeron el criterio de los dos ministros de la máxima instancia judicial.
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Encarnación: investigan el caso del crimen durante supuesta transacción de compraventa de oro
Avanza la investigación del violento robo agravado ocurrido en el barrio Santa María de Encarnación, donde dos personas fueron asesinadas cuando intentaban comprar supuestamente oro y una de las víctimas sobrevivió.
El comisario Javier Flores, director nacional de Investigaciones, brindó detalles del avance de las pesquisas.
Mencionó que los nuevos investigados en el caso son tres ciudadanos extranjeros. “Estamos hablando de dos femeninas y un masculino, quienes también están siendo indagados en su situación migratoria dentro del país. Creo que dos de ellas son pareja y uno, hijo de una de ellas”, expresó el jefe policial en declaraciones a C9N.
Los demás sospechosos de estar involucrados en el crimen ya están privados de su libertad a disposición de la Justicia y “tienen muchos elementos que comprometen su actuar”, expresó el comisario Flores.
La hipótesis más fuerte que manejan es que emboscaron a las víctimas bajo una supuesta venta de oro para robarles el dinero.
“Nunca fue intención de llevar adelante una transacción comercial, sino echarlos en una emboscada y acabar con la vida de los mismos. Según manifestó esta persona que sobrevivió son G. 370 millones”, refirió.
Sin embargo, aún no encontraron la mochila con dicha suma ni las armas utilizadas en el atraco.
Por otra parte, se refirió a evidencias incautadas. “Prendas de vestir que nosotros creemos eran las utilizadas en el momento de cometer el homicidio y alzar a sus víctimas como al ser trasladas al lugar donde fueron ejecutadas”, indicó.
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También se levantaron elementos técnicos como elementos de comunicación. “Hay que tener en cuenta que el ciudadano español, al percatarse de que estaba siendo perseguido por la Policía, intentó despojarse de su elemento de comunicación, procedió a destruirlo prácticamente, pero será analizado nuevamente. Creemos que vamos a tener más información referente a los lugares donde ha recorrido”, apuntó.
El hombre que sobrevivió al ataque mencionó a los intervinientes que llegó a ellos el ofrecimiento para realizar una transacción comercial supuestamente para adquirir oro.
“Ellos se organizaron, son tres parientes, la persona que sobrevivió perdió a un hermano y a un primo. Ellos se organizaron y se trasladaron hasta esta parte del país para realizar esta operación, en donde ellos tendrían un pequeño margen de ganancia. Ellos traían una fuerte suma de dinero”, refirió.
Añadió que los supuestos autores habrían actuado con alevosía. “Nosotros creemos que desde un primer momento lo que querían estos dos extranjeros era embaucarlos y apoderarse del dinero y lastimosamente procedieron a ejecutar a sus víctimas”, expresó.
Utilizaban videos de supuestos lingotes para embaucar a sus eventuales víctimas. “El material hallado guarda similitud, pero no tiene ningún tipo de valor. Ellos utilizaban esto justamente para embaucar a sus eventuales víctimas”, precisó el uniformado.
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Crimen de Roselín: Fiscalía imputó a tres personas por homicidio doloso
Los fiscales Carlos Germán Ramírez y Laury Rosana Vázquez presentaron imputación contra dos adolescentes y un joven de 21 años por el homicidio de Roselin Florentín Gómez, la adolescente de 14 años asesinada el 31 de julio en un tajamar de Caazapá y posteriormente desmembrada y enterrada.
Ahora se deberá admitir la imputación y citar a los investigados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los sospechosos estarán privados de libertad así como pidió el Ministerio Público en su acta de imputación. Para los fiscales, existen suficientes elementos recolectados para tomar esta decisión.
Roselín Florentín Gómez pidió permiso a sus padres para ir a un encuentro que se realizaría en su colegio. Con esta licencia, la adolescente salió de su casa caminando el viernes 31 de julio a las 13:30. La joven llegó hasta un punto en el que se encontró con otra adolescente que la recogió en una motocicleta. Las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad captaron ese momento, pero no la continuación, por lo que se desconoce a dónde fueron en ese momento.
Se investigó quién la llevó en la moto y se identificó a una compañera de colegio. La Policía llegó hasta el domicilio de la adolescente, quien dio varias versiones y cayó en contradicciones. Inicialmente, aseguró que llevó a Roselín hasta un punto que no coincidía con las imágenes obtenidas. Ante la insistencia, dio los nombres de otras personas que también estuvieron con la víctima. Con esto se procedió a realizar otros allanamientos.
El joven de 21 años, Danilo Germán Rodríguez, inicialmente dijo que la adolescente se ahogó en un tajamar y dio indicaciones de buscar su cuerpo allí. Sin embargo, finalmente confesó dónde enterró los restos.
“Dijeron que se cayó al tajamar y se murió ahí, pero que después le llevaron a ese lugar (casa de la abuela del joven de 21) para enterrarle, contaron que les asustó que se haya ahogado y que no midieron los hechos posteriores”, señalaron los investigadores.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.