El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aparentemente se sigue prestando a maniobras raras y apriete a jueces con relación a la causa caratulada “Justo Ferreira Servín s/ contrabando”, debido a que ahora en un hecho que sería irregular solicitó un informe al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú sobre una causa penal en la que se inhibió el magistrado José Delmás. Ayer, el JEM pidió un informe a Delmás, quien fue recusado por Justo Ferreira para evitar someterse a la Justicia.

El pedido del llamativo informe lleva la firma nuevamente de Adrián Salas, quien cuando era presidente del JEM intentó por todos los medios impedir iniciar una investigación en el caso conocido como liberación de narcoavionetas. El nuevo y sorpresivo pedido que realizó Salas, actual vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento, podría ser considerado como un apriete a los magistrados debido a que la defensa de Ferreira solo busca jueces a medida.

Esta situación debe llamar la atención de los ministros de la Corte así como de los demás integrantes del JEM debido a que la denuncia formulada contra Delmás ante el órgano juzgador de magistrados sería solamente para amedrentar y lograr apartarlo del presente caso.

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Chicanas presentadas

El accionista de Imedic SA Justo Ferreira recurrió a chicanas para evitar someterse a la Justicia y es por ello que ha recusado al magistrado José Delmás, quien debido a dicha situación tuvo que suspender la audiencia de imposición de medidas para los imputados en el presente caso.

Además de Ferreira, están imputados su hija Patricia Ferreira y los funcionarios de Aduanas Guillermo Andrés Molinas, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo. También están procesados penalmente el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra y Lauri Pohl.

La Fiscalía imputó al empresario, a su hija y a las otras cinco personas por el caso de los insumos médicos chinos que intentaron comercializar al Estado en plena pandemia del COVID-19 y por los cuales habían recibido la suma de G. 17.000 millones de anticipo. Se solicitó prisión preventiva para todos ellos.

De acuerdo con las propias autoridades del Ministerio de Salud, la institución estatal debe recuperar al menos unos G. 25.000 millones mediante la póliza de seguro. Los G. 17.000 millones de anticipo, más la garantía de fiel cumplimiento de Eurotec e Imedic, que entre las dos firmas alcanza unos G. 8.400 millones. El monto total del contrato fue de G. 85.000 millones.

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