Se inició en la fecha el juicio oral y público para el agente policial Fernando Agüero Benítez, quien se encuentra acusado por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. El Tribunal de Sentencia que juzga al uniformado está integrado por los jueces Sandra Farías, Carlos Hermosilla y Fabián Escobar. Mientras que la agente fiscal del caso es Silvia Cabrera.
Según los antecedentes, el suceso se registró el 31 de marzo del 2017, cuando durante una manifestación pública en las calles Palma casi Independencia Nacional, en el centro de Asunción, el ahora acusado en su rol de autoridad policial habría atacado con golpes de puño y patadas en diversas partes del cuerpo a Blanca Brizuela.
Posteriormente, la mujer inclusive recibió disparos de balines de goma en la espalda. Igualmente, Agüero Benítez habría golpeado de la misma forma a otra mujer identificada como Diana de Amado, a quien presuntamente golpeó en la cabeza produciéndole un corte en la oreja.
El Ministerio Público sostiene que tiene suficientes elementos para llegar a una condena contra el agente policial. Mientras que la defensa mencionó que se probará durante el desarrollo de la audiencia oral la inocencia del uniformado.
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Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.
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Tribunal define este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas
El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.
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Maradona sufrió muerte súbita y no se puede descartar covid-19, dice testigo en juicio
La muerte de Diego Maradona fue algo “súbito” y “fulminante”, dijo este martes un perito oficial convocado por la defensa, lo que contradice la teoría de la acusación en el juicio por el deceso del astro argentino del fútbol en 2020.
Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del astro en una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones son cuestionadas.
La acusación sostiene que los imputados ignoraron los síntomas de una supuesta agonía de hasta 12 horas durante la internación domiciliaria de Maradona, que había sido sometida a una neurocirugía. El ‘Diez’ murió mientras convalecía a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Pero el perito oficial Pablo Ferrari, que realizó un análisis en 2024 de la muerte de Maradona, discrepó con la acusación y dijo que incluso podría deberse al virus del covid-19.
“El período agónico fue de pocos minutos a escasas horas, (...) cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía, fue súbito”, dijo el médico legista en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
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Ferrari, que cierra la lista de testigos del juicio, señaló que el edema pulmonar ahogó a Maradona, por lo cual el exfutbolista debería haber tenido signos de “lucha”.
“El paciente que se ahoga se desespera, acá no había ninguna lesión de lucha, tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía”, dijo. “Fue una muerte fulminante”, añadió.
El experto también mencionó que no se puede “descartar que haya muerto de Covid-19” y tildó de “error metodológico no haberle hecho” un hisopado para evaluar la presencia de la enfermedad.
El ídolo argentino murió el 25 de noviembre de 2020, año en que explotó la pandemia de coronavirus.
Ferrari también contradijo a la junta médica que analizó la muerte de Maradona en cuyo informe sostiene que el desenlace fatal tuvo como ingredientes problemas hepáticos, renales y cardíacos.
Dentro de los estudios de laboratorio que analizaron, el perito no encontró “indicadores de disfunción renal” ni “la observación más mínima de un problema cardíaco”.
Sí encontró deterioros en indicadores hepáticos entre 2018 y 2020 aunque “dentro de un margen de tolerancia de no abordaje de emergencia médica”.
Con esta declaración concluyó la etapa testimonial del extenso debate oral iniciado en abril. El próximo 8 de octubre comenzarán los alegatos finales de las 13 partes involucradas y se espera un veredicto en noviembre.
- Fuente: AFP
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Etapa final del juicio contra el exministro Arnaldo Giuzzio
Este martes se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, durante la administración de Arnaldo Giuzzio, en el marco del juicio oral y público por cohecho pasivo agravado. El exfuncionario aportó con su declaración varias circunstancias que hacen ratificar la tesis de la acusación del Ministerio Público, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde judiciales.
La fiscal Verónica Valdéz detalló que “el exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”, tras el receso diario correspondiente.
El caso contra el exministro es sobre supuestamente haber recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, ya que el mismo tenía la intención de licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
“Confirmó que fue trasladado ese vehículo hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el vehículo, perteneciente a la Senabico y utilizado por el Ministerio del Interior en ese entonces; fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
El juicio continuará el próximo martes 29 de setiembre a las 8:00 con la comparecencia de más testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa. “Faltan aproximadamente cinco testigos del Ministerio Público, también hay testigos de la defensa que tienen que declarar, algunas documentales también que están pendientes de la defensa”, detalló la fiscal. Igualmente, está pendiente la producción de la extracción de datos del teléfono de Marcus Vinicius, “que ya se contaba con anterioridad, pero está pendiente la producción”.
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