El Tribunal de Apelación confirmó a la jueza penal de Garantías Lici Sánchez para que siga entendiendo en el proceso penal que enfrentan Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic SA, y Nidia Godoy, funcionaria de la referida empresa.
Facturas falsas de Imedic: confirman a jueza Lici Sánchez
Compartir en redes
El Tribunal de Apelación integrado por los magistrados José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Gustavo Ocampos confirmó a la jueza penal de Garantías Lici Sánchez para que siga entendiendo en el caso Imedic SA sobre falsificación de facturas para el ingreso de medicamentos a nuestro país, en el que están procesadas Patricia Ferreira, presidenta de la citada firma; Nidia Godoy, directora de la misma empresa, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
En el presente caso, la magistrada Sánchez se apartó de seguir entendiendo en el proceso, pero su colega Miguel Palacios no estuvo de acuerdo con la inhibición e impugnó la separación de la jueza. Ante este hecho el Tribunal de Apelación tomó la determinación de confirmar a Lici Sánchez para que siga siendo la magistrada del publicitado proceso penal.
Días atrás, ambas imputadas se presentaron ante la mencionada magistrada, quien decidió conceder el arresto domiciliario a Ferreira y Godoy. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que insiste en que ambas procesadas pisen la cárcel del Buen Pastor debido a que se trata de un hecho sumamente grave.
Ahora los camaristas Servín, Sánchez y Ocampos deberán decidir si confirman el arresto domiciliario o, en su defecto, revocan la resolución de la jueza Sánchez y ordenan que ambas imputadas vayan a guardar prisión preventiva.
Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
Compartir en redes
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
El juez en lo civil y comercial, Édgar Rivas Laguardia, cuestionado por su actuación en varios juicios entre ellos el de Ypyta sobre convocatoria integra una terna para el cargo de Tribunal de Apelación de la Capital. FOTO: GENTILEZA
Corte analiza terna para Cámara Civil que integra criticado juez
Compartir en redes
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar, en su sesión plenaria, la terna remitida por el Consejo de la Magistratura para el cargo en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de Asunción. Los ternados son: el actual camarista Carlos Alfredo Escobar, Amy Beverluyn Lezcano Jara, y el actual juez civil Édgar Rivas, quien es sumamente cuestionado por firmar fallos llamativos.
El magistrado Rivas Laguardia acumula varias críticas debido a que ha firmado fallos judiciales que estarían al margen de la ley. Una de las actuaciones más cuestionadas del citado magistrado ocurrió en el juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, donde pretendió habilitar la feria judicial a los efectos de consumar la transferencia irregular de un valioso inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero.
Asimismo, el magistrado Rivas ordenó en su momento el remate de la estancia “Cielo Azul”, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Dicha propiedad ya estaba administrada por la Senabico cuando se ordenó la subasta. Esta irregularidad se evitó gracias a que el caso tomó estado público.
Los integrantes de la máxima instancia judicial deberán estudiar minuciosamente la trayectoria de cada uno de los ternados para elegir al nuevo miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital.
JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
Compartir en redes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos de 10 dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa que investiga un esquema dedicado a la transferencia irregular de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido fue realizado por el fiscal José Martín Morínigo.
Entre los dispositivos que serán peritados se encuentran dos teléfonos del político luqueño Roberto Cubilla, al igual que los celulares de los imputados César García y Roberto Santiago Ayala.
Como puntos de pericia, se estableció la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto:
WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería (entrantes, salientes, guardados, borradores y mensajes de voz)
del archivo de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros relacionados)
de la agenda telefónica (números de contactos)
y del archivo de imágenes y videos guardados, entre otros.
Días atrás, la Policía Nacional allanó varias viviendas en Luque, en las que detuvo a un precandidato a concejal de esa ciudad como presunto líder de un esquema de lavado de dinero y transferencia irregular de inmuebles que pertenecieron a Eulalio Gomes. El comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, dio los primeros detalles sobre el operativo “Copia Fiel 2.0”.
El detenido y hoy imputado es Roberto Cubilla Sanabria, abogado y precandidato a concejal por la ciudad de Luque. Se lo investiga por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero.