El Ministerio de Salud confirmó que se tiene desplegado un total de 45 ambulancias para el Mundial de Rally, que se desarrollará en Encarnación entre el jueves 28 y el domingo 31 de agosto en el departamento de Itapúa. Así también, se tienen habilitados todos los hospitales para casos de emergencia.

Según el doctor Alberto Rojas, director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (Seme), están listos para brindar asistencia y apoyo en caso de cualquier accidente o emergencia durante el Rally que se desarrollará en nuestro país.

“Estamos listos para cubrir el Mundial del Rally Paraguay 2025 para el cual desplegamos 45 ambulancias que van a estar distribuidas estratégicamente para dar una respuestas inmediata ante a cualquier eventualidad”, detalló el doctor Mario González, director de operaciones.

Agregó que la respuesta no solo se dará a los corredores, sino que también a toda la población. “Este proceso abarca a los pilotos, equipos, a los visitantes extranjeros y a la ciudadanía en general. Además, vamos a tener tres equipos con paramédicos altamente especializados para el traslado aéreo”, confirmó.

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• 26 ambulancias intracarrera (6 de soporte avanzado 4x2 y 20 de soporte avanzado 4x4).
• 19 ambulancias extracarrera (4 de soporte avanzado 4x2 y 15 de soporte básico 4x4) .
• 1 avión Cessna Caravan 208
• 1 helicóptero UH1 H

Rojas afirmó que este trabajo refleja la capacidad de los profesionales que estarán pendientes ante cualquier emergencia. “Esto resalta la preparación de nuestro sistema de emergencia y permite mostrar al mundo que el Paraguay está capacitado para desarrollar un evento de esta envergadura”, puntualizó.

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La fiscalía de Brasil pidió ayer lunes aumentar la vigilancia policial sobre el expresidente Jair Bolsonaro a una semana del inicio de las deliberaciones finales en el juicio que enfrenta por golpismo, luego de que un diputado izquierdista señalara riesgo de fuga del ultraderechista.

En una nota ante la corte suprema, la fiscalía aconseja que “se recomiende formalmente a la policía que destaque efectivos a tiempo completo para realizar el monitoreo en tiempo real de las medidas de precaución adoptadas” contra Bolsonaro. El documento de la Procuraduría General de la República, publicado íntegro por medios locales, alude a un recurso presentado ante el tribunal la semana pasada por el diputado Lindbergh Farias, solicitando que se dicte prisión preventiva contra el exjefe de Estado (2019-2022).

Farias, líder de la bancada en la Cámara de Diputados del Partido de los Trabajadores del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, acusó en su despacho a Bolsonaro de incumplir las medidas cautelares impuestas por la corte y de representar un “riesgo de fuga concreto” del territorio brasileño.

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Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte suprema por intento de golpe de Estado, acusado de liderar una “organización criminal” que conspiró para impedir la asunción de Lula tras su victoria electoral en 2022. Desde principios de agosto está en prisión domiciliaria preventiva en Brasilia: el juez a cargo consideró que burló la prohibición de manifestarse en redes sociales.

La semana pasada, la Policía Federal sostuvo que el expresidente reincidió en el incumplimiento de restricciones, lo que fue rechazado por su defensa, que acusó a los policías de intentar “desmoralizarlo”. La fiscalía debe manifestarse hasta este miércoles sobre las explicaciones dadas por los abogados de Bolsonaro.

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Según la policía, el exmandatario se comunicó recientemente con otros imputados en el juicio y compartió por Whatsapp hasta 300 videos relacionados con manifestaciones de apoyo, pese a las prohibiciones. Además, un documento de 33 páginas hallado en la investigación contiene un borrador de “pedido de asilo político” al presidente argentino, Javier Milei, fechado pocos días después de que la policía lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024.

En el borrador, Bolsonaro alegaba sufrir “una persecución política en Brasil”. La policía también recomendó inculpar al exmandatario por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra. El juicio comenzó en abril y el máximo tribunal debe emitir un fallo entre el 2 y el 12 de septiembre. Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.

Fuente: AFP.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.

Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.

Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.

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La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.

Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.

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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.

El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.

Fuente: AFP.