El Ministerio Público imputó este lunes al empresario Justo Ferreira, a su hija Patricia Ferreira y a otras cinco personas más por el caso de los insumos médicos chinos que intentaron comercializar al Estado en plena pandemia del COVID-19 y por el cual habían recibido la suma de G. 17.000 millones de anticipo. Se solicitó prisión preventiva para todos los procesados.

“La Fiscalía Anticorrupción imputó a Justo Ferreira, Patricia Ferreira, Carlos Gamarra, Lauri Pohl, Guillermo Molinas, Gustavo Acosta y Mario Olmedo por los hechos de contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal”, informó la Fiscalía en sus redes sociales.

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Los fiscales de la Unidad Especializada de Anticorrupción, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, solicitaron prisión preventiva para todos los imputados en el caso de los insumos médicos chinos.

En su momento las empresas Eurotec e Imedic consiguieron un contrato con el Estado por G. 85.000 millones para la provisión de insumos médicos en el marco de la pandemia del COVID-19, pero durante el proceso fueron saltando varias irregularidades y terminaron siendo rechazados por no reunir las condiciones.

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La primera tanda rechazada fue de mascarillas quirúrgi­cas y trajes de protección. El 23 de abril se rechazó otra par­tida de trajes de protección, y el 27 de abril camas hospita­larias. Posteriormente, se comprobó que algunos insumos eran falsificados, no tenían las etiquetas al ingresar al aeropuerto, pero ya contaban al llegar al depósito del Ministerio de Salud, detectado por la misma Comisión de Compras COVID-19.

La misma comisión creada por el Poder Ejecutivo recomendó la rescisión de contratos con las empresas del clan Ferreira, pero en su informe final alegó que no hubo daño patrimonial, a pesar de los insumos falsificados, los precios alzados y el millonario monto recibido como anticipo, unos G. 17.000 millones, de los 85.000 millones del monto total del contrato.

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De acuerdo con las propias autoridades del Ministerio de Salud, la institución estatal debe recuperar al menos unos G. 25.000 millones mediante la póliza de seguro. Los G. 17.000 millones de anticipo, más la garantía de fiel cumplimiento de Eurotec e Imedic, que entre las dos firmas alcanza unos G. 8.400 millones.

La empresa Insumos Médicos SA, representada por Patricia Ferreira, es la proveedora de las famosas “camas de oro” y que planteó reemplazarlas tras comprobarse que no reunían los requisitos. Eurotec es representada por su hermano Marcelo Ferreira, ambos son hijos del empresario Justo Ferreira, quien administra varias otras firmas con millonarios contratos con el Estado.

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