Un Tribunal de Apelación, integrado por Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Carlos Ortiz Barrios, declaró la prescripción del hecho investigado y la extinción de la acción penal a favor de la exdefensora general Noyme Yore, quien de esta manera queda fuera del presente proceso penal por usurpación de funciones públicas tras designar a abogados particulares como defensores públicos en diferentes localidades del interior del país.

Cabe mencionar que en primera instancia, el Tribunal de Sentencia, presidido por Rossana Maldonado e integrado por Jesús Riera y Elsa García, había absuelto a Yore.

Este fallo fue apelado por el fiscal Rodrigo Estigarribia y ahora los camaristas concluyeron que corresponde la prescripción y la extinción de la acción penal, quedando así la extitular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) fuera del proceso penal.

En un primer juicio oral, Yore fue sentenciada a 1 año de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. Pero dicha resolución se había anulado y se dispuso que se realice otro juicio, en el que Yore fue absuelta de culpa y pena.

Ante esta determinación judicial, el fiscal Estigarribia podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia; de hacerlo, la máxima instancia judicial tendría la última palabra.

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Antecedentes

La Fiscalía acusó a Yore de atribuirse funciones exclusivas de la Corte Suprema de Justicia al nombrar a abogados como defensores públicos, mientras los titulares se encontraban de vacaciones. En esta causa penal también fueron imputados los abogados Sindulfo Alegre Aquino, Lorenzo Vera Gamarra, Carlos Molinas Bernal y Vivian Valenzuela Galeano, quienes fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento luego de admitir el hecho.

Otro proceso

La fiscala de Delitos Económicos, Victoria Acuña, acusó de lesión de confianza a Noyme Yore y a Germán “Yiyo” Fatecha, dirigente liberal efrainista y exdirector general de Infraestructura del MDP.

El Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979 a la Defensoría mediante la firma de contratos y el pago de sumas de dinero a empresas que no realizaron a cabalidad las obras de construcción de las sedes del MDP de San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Horqueta, Caacupé y San Juan Bautista.

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