Piden rechazar cambio de calificación y elevar a juicio oral el proceso penal
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El abogado Cristian Velázquez querellante en el proceso penal que soportan varios acusados por robo a mano armada, con resultado de lesión grave, solicitó al Juzgado Penal de Garantías a cargo de Gladys Fariña rechazar el cambio de calificación para el acusado Juan Humberto Jara López, quien sería la persona que proporciono el arma para el asalto. La víctima del atraco es Rodrigo David Barreto Coronel.
En este caso, llama la atención la posición del Ministerio Público que quiere allanarse al cambio de calificación, pese a que existe una acusación firme y los elementos contra el acusado Jara López.
La jueza penal de Garantías de Lambaré, Gladys Fariña deberá definir si rechaza el cambio de calificación y resolver si los acusados van un juicio oral y público para rendir cuenta de sus acciones. En este proceso penal la Fiscalía cuenta con sobrados elementos para poder llegar a una condena alta para los acusados.
La pesquisa fiscal señala que la víctima, Rodrigo Barreto, salió de su domicilio para viajar a Chile a comprar vehículos, cuando aparecieron varios hombres y con armas de fuego en mano lo obligaron a ingresar a su propiedad, intimándolo a entregar US$ 88.000 que tenía en su poder.
Están acusados en este causa, Juan Humberto Jara López, Osvaldo Silguero Villalba, Rafael Palacios Monges e Israel Domecq Álvarez. La acusación es por robo a mano armada, con resultado de lesión grave, del que resultó víctima Rodrigo David Barreto Coronel, a quien despojaron de US$ 88.000.
El juicio oral contra Arnaldo Giuzzio sigue este martes a las 08:00 con la declaración de los últimos testigos y la exposición de otras pruebas. Foto: Matías Amarilla
El exministro Arnaldo Giuzzio enfrenta los últimos días de juicio oral por cohecho pasivo
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El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez —acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua— continúa este martes a partir de las 08:00. Durante la jornada podrían declarar los últimos testigos para posteriormente ingresar a la etapa final de la audiencia oral.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado. Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021. Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad. “Confirmó que ese vehículo fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado de la Senabico que utilizaba el Ministerio del Interior en ese entonces y que fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
El Crédit Mutuel Arkéa, uno de los grupos bancarios y aseguradores cooperativos de Francia, sufrió un ataque informático en el que los delincuentes lograron sustraer más de USD 133 millones. Foto: X
Ola de ciberataques sacude al sistema financiero y deja otro botín millonario
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En los últimos días, los robos millonarios a entidades financieras casi se han convertido en una rutina y encienden las alarmas en el mundo bancario. A los golpes informáticos de dimensiones históricas se suman ahora nuevos ataques que ponen en evidencia la vulnerabilidad de las plataformas financieras.
El 29 de octubre se conoció el histórico robo de USD 6.300 millones a Binance, uno de los mayores episodios de sustracción de activos vinculados al mundo de las criptomonedas. Ayer, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank y, este miércoles 4 de noviembre, otro golpe sacudió al sector financiero internacional: hackers se apoderaron de más de USD 133 millones de un banco francés.
Se trata del Crédit Mutuel Arkéa, un grupo cooperativo que opera en los sectores bancario y asegurador. De acuerdo con el medio francés Le Télégramme, los atacantes consiguieron sustraer unos 118 millones de euros, equivalentes a más de USD 133 millones.
Según las primeras informaciones, el dinero habría salido de cuentas propias de la entidad mediante operaciones fraudulentas y posteriormente habría sido distribuido entre distintas cuentas bancarias. Desde allí, los fondos habrían sido trasladados a plataformas de intercambio para convertirlos en criptomonedas, dificultando su rastreo.
Sin embargo, la entidad francesa no confirmó oficialmente que el monto sustraído haya alcanzado los 118 millones de euros, aunque reconoció que el perjuicio económico se encuentra dentro de ese orden de magnitud. También aclaró que sus clientes no sufrirán pérdidas económicas como consecuencia del ataque.
El banco aseguró que detectó movimientos sospechosos, activó sus mecanismos de seguridad y suspendió temporalmente algunas operaciones para impedir nuevas transferencias fraudulentas. El caso ya fue comunicado a las autoridades competentes y se encuentra bajo investigación.
Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
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La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
Édgar Rivas, juez que se encuentra en el ojo de la crítica por su dudosa actuación en el juicio civil Ypytá sobre convocatoria de acreedores. FOTO: ARCHIVO
El Consejo de la Magistratura debe enviar la terna a la Corte del cuestionado juez Édgar Rivas
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El pasado 22 de septiembre, el Consejo de la Magistratura dio a conocer la conformación de varias ternas para diferentes cargos de la magistratura. Entre ellas se encuentra la del Juzgado del Séptimo Turno de la Capital, cuyo titular es el magistrado Édgar Rivas Laguardia, sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”. Sin embargo, hasta la fecha, llama la atención que dicho órgano aún no ha remitido la terna a la Corte Suprema de Justicia para su estudio.
Ya transcurrieron más de 40 días y el Consejo de la Magistratura todavía no envió la terna a la máxima instancia judicial. Una vez recepcionada, la Corte tendrá un plazo de 30 días para estudiar los antecedentes de cada uno de los integrantes y definir si aparta al criticado magistrado para designar a otro postulante en su lugar. Además de Rivas Laguardia, conforman la terna para el cargo de juez civil de la Capital Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González, estos dos últimos son funcionarios judiciales que ocupan cargos importantes en el Palacio de Justicia, un factor que los ministros podrían tener en cuenta.
Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) también debe analizar si inicia un enjuiciamiento de oficio ante las irregularidades presuntamente cometidas por el juez Rivas en el citado expediente. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley, una situación por la cual, meses atrás, la propia Corte Suprema le privó de la posibilidad de ascender como camarista del fuero civil.
Uno de los tantos hechos irregulares que habría cometido el juez Rivas fue la firma de un título de propiedad de la firma Ypytá a favor de una tercera persona, a pesar de que aún no correspondía legalmente hacerlo. El pasado 21 de agosto de 2026 venció el plazo legal para que los miembros del JEM estudiaran el enjuiciamiento del cuestionado juez, pero hasta el momento el órgano extrapoder tampoco ha incluido el caso en su orden del día.