El Ministerio Público tendrá seis meses más de tiempo para investigar al diputado colorado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
Así resolvió el Tribunal de Apelación al otorgar a la Fiscalía el plazo que fenece el próximo 22 de enero del 2021 para presentar su requerimiento conclusivo, es decir su acusación y pedido de juicio oral o, en su defecto, una salida al presente caso.
Las diligencias que aún faltan realizar en el presente caso son una pericia contable a fin de corroborar si existe correspondencia entre sus ingresos y egresos, la declaración de varias personas que tengan conocimiento o vinculación con los hechos atribuidos debido a que quedan pericias pendientes en las que el resultado de las mismas pueden aumentar los elementos a ser incorporados en el presente caso.
Asimismo, el Ministerio Público realizará una constitución en todos los establecimientos ganaderos con el que el imputado Miguel Cuevas realizó transacciones comerciales y, a su vez, deberá recibir informes de varias instituciones en el presente caso. Con base en las diligencias mencionadas se resolvió otorgar seis meses más de tiempo para seguir investigando a Cuevas.
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El diputado colorado Miguel Cuevas está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en el marco del presente caso penal. Ya en varias oportunidades intentó salir de la cárcel, pero la justicia le negó.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del combate contra la inseguridad.
“El Gobierno está cumpliendo su promesa de triplicar el grupo Lince, también en lugar de sacar 1.000 nuevos policías al año vamos a comenzar a sacar al año 5.000 nuevos policías; esto es un ritmo que realmente el país nunca tuvo”, puntualizó. Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este miércoles el legislador sostuvo que “el gobierno anterior sacaba más o menos 50 linces por año, este gobierno acabó de sacar 1.200 en ocho meses, sin dudas el ritmo es el adecuado”.
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Los agentes linces se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales. “No tenemos que convertir la lucha en contra de la inseguridad en una simple estadística, esto tiene que ser real y para eso la capacitación tiene que estar en el centro de la modernización de la Policía Nacional”, indicó el dirigente político de la oposición.
Reglamentar uso de videocámaras corporales
Por otra parte, el congresista urgió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley 6757 que establece el uso obligatorio de cámaras corporales en los procedimientos de allanamientos, detenciones, secuestros y otros operativos que realicen agentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y municipios.
Agregó que su inmediato cumplimiento contribuirá en el proceso de modernización de la Policía Nacional. “Hablé con el ministro del Interior Enrique Riera y le manifesté que presentaré un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo a reglamentar la implementación de cámaras en el pecho de los efectivos. Esto me parece muy importante porque hoy existe una desconfianza para con la fuerza pública, la corrupción también llegó a esta institución (Policía Nacional)”, indicó.
La norma fue promulgada en junio del 2021 por el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, sin embargo, su cumplimiento aún no es efectivo, lamentó Rubin. “Creo que le dará tranquilidad al pueblo paraguayo su reglamentación e implementación. Esta mal decir que esta ley se encuentra activa porque no vemos policías con cámaras de seguridad en el pecho. Se estará grabando todo el procedimiento, será una forma de transparencia”, remarcó.
El organismo regulador será el Ministerio del Interior, que debe proponer la reglamentación de la ley en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic), el Ministerio Público y la Secretaría Anticorrupción (Senac).