El agente fiscal Jorge Escobar encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque, en el marco de la investigación por la desaparición de Bruno Rafael Ojeda Alfonsi, de 23 años de edad.

El procedimiento fue realizado anoche viernes con acompañamiento de agentes de la Comisaría 3.ª Central, personal del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

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Durante la intervención, los investigadores buscaban prendas de vestir que habría utilizado la persona desaparecida al momento de ser vista por última vez. Sin embargo, no fueron halladas las vestimentas pertenecientes al joven. En el lugar sí fueron incautadas cuatro prendas de vestir pertenecientes a un sospechoso, entre ellas pantalones tipo jeans y un pulóver azul, que presentaban manchas de origen a determinar.

Las evidencias fueron remitidas para análisis laboratoriales especializados a fin de establecer la naturaleza de las manchas y determinar si corresponden a sangre humana u otro elemento de interés para la investigación.

De acuerdo con los antecedentes, Bruno Rafael Ojeda Alfonsi fue visto por última vez en la madrugada del 24 de mayo de 2026, luego de salir de su vivienda ubicada sobre las calles Alto Paraguay casi Gumarelos, en el barrio Loma Merlo de Luque. La investigación continúa con la realización de diligencias que permitan determinar el paradero del joven y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

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La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

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El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lanzó este jueves una seria advertencia sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en los conflictos bélicos del futuro y pidió que las decisiones vinculadas a la vida y la muerte jamás queden en manos de máquinas. Sus declaraciones encendieron el debate sobre el avance tecnológico en el ámbito militar y los riesgos éticos que esto implica, según se hace eco el medio RT.

Durante un discurso pronunciado ante miembros de la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU., el funcionario sostuvo que la inteligencia artificial transformará inevitablemente la manera en que se desarrollan las guerras. Según afirmó, ese escenario representa una de sus mayores preocupaciones.

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Vance también hizo referencia a recientes planteamientos del papa León XIV sobre la necesidad de proteger al ser humano frente al avance de la inteligencia artificial.

En ese contexto, recordó el llamado del pontífice a impedir que estas tecnologías se conviertan en herramientas de dominación, exclusión o muerte.

El vicepresidente estadounidense exhortó a los militares a reflexionar sobre las implicancias morales del uso de tecnologías avanzadas en combate. Señaló que, en una época marcada por la digitalización y la automatización, las decisiones éticas adquieren una relevancia aún mayor.

“La guerra del futuro”, afirmó, deberá sostenerse sobre principios morales claros, especialmente cuando estén en juego decisiones sobre la vida humana. Por ello, insistió en que esas determinaciones deben seguir siendo responsabilidad exclusiva de personas y no de sistemas automatizados.

En otra parte de su intervención, Vance pidió a las fuerzas armadas actuar con mayor sentido de justicia y responsabilidad, destacando el papel central que cumplen quienes lideran y ejecutan operaciones en el campo de batalla. También reconoció la importancia de mantener la capacidad militar y la eficacia operativa, aunque remarcó que esos objetivos no pueden separarse de los valores éticos.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.