La Justicia resolvió la inhibición de enajenar y gravar bienes y embargó la suma de U$S 87 millones de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, imputados por lavado de dinero y usura. Foto: Gentileza.
Juez embargó US$ 87 millones de Ramón González Daher
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inhibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles así como el embargó de U$S 87 millones de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, imputados por lavado de dinero y usura. La disposición del magistrado se dio luego de que el Ministerio Público solicitara a Otazú poder asegurar los bienes que están siendo investigados en el proceso penal.
De acuerdo a la resolución judicial, Ramón González Daher no podrá transferir unas 54 propiedades en todo el país mientras que su hijo Fernando González tampoco podrá tocar 87 inmuebles por la citada determinación adoptada por Otazú.
El citado magistrado explicó “el juzgado decretó la inhibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles así como el embargo de aproximadamente US$ 87 millones al cambio a la fecha sería G. 493 mil millones”. Acotó “se deberá realizar la tasación de todos los inmuebles para luego ordenar el embargo preventivo”, manifestó el citado magistrado.
El juez Humberto Otazú decretó el embargó de US$ 87 millones de Ramón González Daher. Foto: Gentileza.
Libertad
El juez Humberto Otazú ordenó la libertad ambulatoria del ex dirigente de fútbol Ramón González Daher y su hijo Fernando González, procesados por usura y lavado de dinero. El argumento del magistrado es que ya se cumplió la pena mínima (6 meses en prisión) que requiere el Código Procesal Penal con base de los hechos punibles por los que fueron imputados.
Ramón González Daher, expresidente del Sportivo Luqueño y exvicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), está imputado por los supuestos ilícitos de usura y lavado de dinero. Su hijo, Fernando González Karjallo, está imputado solo por la figura de lavado de dinero.
Ambos estaban detenidos hasta el 19 de mayo en la sede de la Agrupación Especializada desde noviembre del 2019. Luego lograron obtener su libertad absoluta.
El juez de Garantía de Fernando de la Mora, Miguel Ruíz, elevó a juicio ora el proceso que enfrenta el hijo de un exvicepresidente de la República, acusado por abuso sexual en niños. Foto: Gentileza
Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
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El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
La Corte suspendió sin goce de sueldo al juez de Capitán Bado, Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Foto: Gentileza
Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
Elevan a juicio oral causa por hurto contra sospechoso del crimen de Eusebio Ayala
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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los sospechosos del crimen de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala. En esta causa, Rodríguez Merlo está acusado en Asunción por el hurto agravado de una camioneta Toyota Fortuner, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Sajonia. Asimismo, el magistrado levantó la orden de captura internacional que pesaba sobre el imputado y decretó su prisión preventiva.
En relación con su presunto cómplice, José Luis Paes Gasparin, el juzgado se opuso al pedido de sobreseimiento provisional y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la solicitud o presente una acusación formal.
La causa penal se originó tras la sustracción de una Toyota Fortuner blanca, año 2020, perteneciente a Héctor Daniel Villalba. El vehículo había sido estacionado alrededor de las 19:35 del 20 de octubre de 2024 en la intersección de las calles Cala’a y Antonio Ruiz de Arellano, en el barrio Sajonia.
Según la acusación, Rodríguez Merlo manipuló la puerta del conductor mientras Paes Gasparin realizaba tareas de vigilancia. Tras forzar el acceso, ambos ingresaron al habitáculo, lograron arrancar el rodado y, aproximadamente a las 21:04, se dieron a la fuga, iniciando la investigación por supuesto hurto agravado.
Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.