La jueza Tania Irún benefició con 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay a empresas extranjeras offshore violando la ley de territorialidad debido a que está prohibido que una firma de otro país tenga inmuebles en zonas fronterizas. Foto: Gentileza.
Fiscala Natalia Fúster investiga a jueza por violar ley de seguridad fronteriza
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La fiscala de la Unidad Anticorrupción Natalia Fúster fue designada para investigar a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún, quien fue denunciada por violar la ley de seguridad fronteriza y prevaricato (desconocimiento de la ley). La citada representante del Ministerio Público podría convocar para una audiencia indagatoria a la referida magistrada judicial.
La grave denuncia contra la Irún fue presentada por el abogado José Domingo Almada en representación de Evaristo Fernández, quienes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, al hacer lugar al referido juicio otorgando 310 mil hectáreas ubicadas en zonas fronterizas en el Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore.
Los denunciantes refieren que la magistrada violó expresamente la Ley 2.532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes.
El documento explica que dichas zonas son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.
Sostienen que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad. Por lo tanto, la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas.
Mencionan que el artículo 8 de la Ley 2.532/05 establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe analizar si enjuicia y suspende en sus funciones a la jueza Irún por varias irregularidades cometidas en el presente caso.
Fiscal lamenta que se “normalice” conducir bajo los efectos del alcohol
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La agente fiscal Sandra Fariña, quien lleva adelante la investigación del accidente fatal registrado el sábado sobre la avenida Fernando de la Mora de Asunción, en el que falleció Niels Federico Birbaumer Vera (33) tras ser embestido por un conductor alcoholizado, confirmó que el chofer del vehículo involucrado en el percance fue imputado por homicidio culposo.
La representante del Ministerio Público aclaró que la calificación jurídica podría modificarse a lo largo de la investigación. “La inconsciencia de la gente es tal que normaliza el conducir en estado de ebriedad. Por el simple hecho, de que no hay control. No te preocupes, no hay control de alcotest; hasta ese punto llega la irresponsabilidad de la gente”, expresó este lunes a la 1080 AM.
Según el reporte policial, el hecho se registró sobre la avenida Fernando de la Mora y su intercepción con López Decoud. Se vieron involucrados dos rodados, uno de la marca Kia de color gris y otro de la marca Toyota modelo Crown. En el accidente el perro de la víctima sobrevivió y no se apartó de su amo hasta que llegó el padre del joven fallecido.
El primer vehículo circulaba por la avenida Fernando de la Mora y repentinamente giró a la izquierda para intentar ingresar a la calle López Decoud, saliendo al paso de la camioneta que iba con dirección a la Estación de Buses de Asunción. En ese momento se produjo la colisión y el último vehículo fue a parar por la columna.
La víctima fatal iba acompañado de su mascota, que sobrevivió, pero se negaba a abandonar a su dueño, hasta que llegó el padre del hombre y lo llevó para ser atendido en un centro veterinario.
El otro conductor fue identificado como Jesús María Barchelot, quien resultó ileso. Se le realizó la prueba de alcotest cuyo resultado fue positivo con 0,77 mg/L.
Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
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La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
El juez Humberto Otazú otorgó medidas alterativas a la prisión a la fiscala suspendida Gloria Rojas, imputada por pedir coima en la investigación del caso María Fernanda, la víctima de feminicidio. Foto: Gentileza
Caso María Fernanda: otorgan medidas alternativas a fiscala imputada por pedir coima
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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones, Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado. El profesional pidió G. 30 millones, suma de la cual la agente estaba en conocimiento.
En este caso, la fiscala de Delitos Económicos, Silvia González, imputó a su colega, la agente Gloria Rojas, por el citado hecho punible. En su pedido, sospecha que participó del pedido de dinero que luego fue incautado en una entrega vigilada en poder del abogado Juan Carlos Bedoya, el 26 de noviembre pasado.
El caso se inició tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, quien fue asesinada y su cuerpo calcinado mientras estaba embarazada.