Se desarrolla hoy la etapa final del juicio oral y público contra Carmen Villalba, Alcides Oviedo Brítez y Aldo Meza, miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En el transcurso de la mañana se conocerá la sentencia por el caso de enfrentamiento armado entre miembros del EPP y policías en la ciudad de Ñemby acontecido en el 2004.
Carmen Villalba recibirá su sentencia de forma telemática, desde su lugar de reclusión, la Penitenciaría del Buen Pastor. Por la otra parte, Alcides Oviedo Brítez y Aldo Meza decidieron no estar presentes en el juicio . Ambos guardan reclusión en la Agrupación Especializada.
Están acusados por homicidio doloso en grado de tentativa, los años de condena pueden elevarse a 25, de acuerdo al Código Penal aplicado.
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Hay que mencionar que la defensa de Alcides Oviedo y Aldo Meza pidió ante el Tribunal de Sentencia ir a buscar a sus defendidos ya que manifestaron no haber tenido contacto con ellos el día de hoy. De acuerdo con las informaciones, los acusados optaron por no presentarse en el momento de la lectura de la condena. El Tribunal de Sentencia está compuesto por los jueces Carolina Bernal, Julio César López, Juan Carlos Roscholl. Los fiscales acusadores son Federico Delfino e Irene Álvarez.
En julio del 2004, los acusados se encontraban a bordo de un vehículo en la ciudad de Ñemby hasta que se toparon con una barrera policial. En ese momento evadieron la barrera y fue ahí donde se abrió el fuego entre los policías y los 3 miembros del EPP.
Hay que recordar que en el enfrentamiento Carmen Villalba arrojó una granada explosiva atentando contra la integridad de los agentes policiales. Tras este enfrentamiento, los miembros del EPP fueron reaprehendidos.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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La condena a Lindomar y los vínculos con el abdismo
- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Condenan a 6 años a ingeniero por robo de pagarés a punta de arma a oficial de Justicia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El ingeniero Vladimir Ramón Riveros Cattebeke (61) fue condenado a seis años de prisión por robo agravado, al ser procesado por haber robado pagarés, a punta de arma de fuego al oficial de Justicia, Juan Antonio Arrúa Servián.
Permanecerá con medida alternativa hasta tanto quede firme la sentencia dictada en el juicio oral que culminó ayer miércoles 13 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El tribunal estuvo presidido por Lourdes Morínigo e integrado por Oscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.
El 18 de marzo comenzó el juicio, y se realizaron varias audiencias, hasta que finalmente concluyó ayer con la condena. El fiscal que defendió la acusación fue Luis Fernando Escobar, quien solicitó 6 años por la edad del acusado. El fiscal que inició la causa fue Gabriel Segovia.
El relato del hecho juzgado indica que, el encausado, bajo engaño, citó a un oficial de Justicia a su domicilio y luego a punta de arma de fuego le despojó de un pagaré por valor de 23.230 dólares americanos y un recibo por el mismo monto. Además, lo amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.
Según lo expuesto en juicio, el hecho ocurrió el 8 de abril del 2024, oportunidad en que Cattebeke llamó por teléfono a Juan Antonio Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo y le pidió que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.
Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Éste le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.
Ya en la casa y una vez que Cattebeke tuvo en su poder los documentos, con arma de fuego en mano amenazó de muerte a Arrúa Servián diciéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.
El oficial de Justicia abordó el vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron a la comisaría para radicar la denuncia. Llegó la imputación, luego la acusación y ayer la finalización del juicio con la sentencia respectiva.