La diferencia entre “internación” y “cuidados” domiciliarios marcó ayer jueves una nueva audiencia en el juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en 2020 cuando convalecía en una casa alquilada tras una cirugía en la cabeza. “Mi criterio siempre fue el mismo: una internación domiciliaria seria”, afirmó la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas y quien atendía entonces a Maradona.

Cosachov dijo que nunca consideró adecuado que el exfutbolista volviera a su casa tras la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020. Para la médica, que habló por primera vez en la sala, la mejor alternativa era continuar la rehabilitación en un centro especializado, debido al cuadro de depresión y adicción al alcohol del paciente de 60 años.

Sin embargo, Maradona se negaba, por lo que surgió la opción de alquilar una casa en Tigre -a 30 km al norte de Buenos Aires- para que pasara su convalecencia. “Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurre entonces esta opción intermedia que era el dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

“Solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias”, prosiguió. “Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?”, sostuvo al referirse a la empresa de medicina privada que participó en la logística.

A su turno, Mariana Flichman, exmédica legista de Swiss Medical que intervino en el acta de externación, declaró como testigo que el servicio previsto era de acompañamiento y enfermería, no de una estructura hospitalaria. “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, declaró.

“Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”, agregó. El juicio en el tribunal de San Isidro, vecino a Tigre, examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Swiss Medical no está imputada como entidad, aunque entre las acusadas figura Nancy Forlini, médica que trabajaba para la compañía y que actuó como coordinadora médica de la convalecencia. Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

Fuente: AFP.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, cuestionó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial al fiscal Leonardi Guerrero por hacer esperar durante varias horas a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.

Ríos criticó al citado agente fiscal debido a que la magistrada estuvo en la unidad fiscal a cargo de Guerrero por varias horas para que la atendiera sobre el proceso penal que enfrenta, pero el fiscal no la recibió.

Asimismo, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander se sumaron a la crítica de Ríos y señalaron que este tipo de actuaciones por parte de los fiscales deben ser tenidas en cuenta al momento de que la Corte estudie su confirmación o no en el cargo.

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Ríos refirió que a más de una semana de haber presentado la imputación, Guerrero no se “digna” a presentar la carpeta fiscal y la imputación a la magistrada, quien se enteró de su proceso penal a través de los medios de comunicación.

“La pregunta es, ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales?, ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican a la persona afectada?”, se preguntó Ríos. Agregó que el fiscal hizo esperar a la jueza desde las 8:00 hasta las 15:00 y no la recibió.

El ministro cuestionó el trato que recibió la magistrada y dijo que si algunos fiscales tratan así a una jueza, uno “se imagina” cómo será el trato a los ciudadanos “comunes y corrientes”. Apuntó directamente al fiscal Leonardi Guerrero y refirió que “ni Federico el Grande se creyó tanto”.

Además, el ministro se dirigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recordando que la Corte Suprema de Justicia siempre lo recibe a él y a los fiscales, por lo cual pidió que haya un trato de reciprocidad hacia los que integran el Poder Judicial.

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El Ministerio Público representado por la fiscal Verónica Valdez, produjo este martes varias pruebas documentales que guardan relación al intercambio de mensajes entre el exministro abdista Arnaldo Giuzzio y el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El juicio oral y público contra el extitular del Interior, acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el empresario que se encuentra detenido en Brasil, será retomado el próximo 5 de junio a las 10:00.

El tenista paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, tuvo un estreno histórico y bastante loco en Roland Garros, uno de los torneos más importantes en el mundo de la raqueta. El guaraní se sacó de encima al británico Cameron Norrie, número 24 del ranking ATP.

El jugador europeo sintió una lesión y se retiró del compromiso tras el 7-6 y 2-0, luego de una hora y 18 minutos de juego. El primer set fue terriblemente intenso, ninguno se pudo quebrar el saque y se definió en el tie-break, donde Vallejo llegó a estar 1-5 abajo, pero lo remontó de manera fantástica para cerrarlo con un marcador de 9-7 en 57 minutos.

Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “Estamos enojados, porque nos ha mentido” el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

El rubro de la molienda de soja y otras oleaginosas está mostrando gran dinamismo en la primera parte del año. El crecimiento se puede observar en el procesamiento de los productos de origen agrícola y en la ocupación de la capacidad instalada, de acuerdo con los datos de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

La organización dio a conocer los datos del sector industrial al primer cuatrimestre del año. Entre los más destacados se halla el aumento del procesamiento de soja, que llegó a 1.119.038 toneladas, un crecimiento de 9 %, comparando con el mismo periodo del año pasado. Un nivel de procesamiento similar se había alcanzado por última vez, en el mismo periodo del 2019.

El Ministerio Público no avanza en la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por las inconsistencias detectadas por la Contraloría en sus empresas Aldia SA y Createc SA. Unos 45 millones de dólares fueron blindados bajo la figura de “reservas operativas”. Además se suman los USD 21 millones ocultos en un paraíso fiscal.

El exmandatario, quien al dejar el cargo declaró un patrimonio neto de G. 21,8 mil millones (unos USD 3 millones), se encuentra en el centro de una pesquisa que involucra USD 45 millones en utilidades no declaradas y una denuncia por presuntos depósitos en un paraíso fiscal.

Personal de la Prefectura Naval comenzó este martes con los trabajos de búsqueda en el río Paraguay del agente Lince desaparecido el último fin de semana en inmediaciones del puente Remanso. El objetivo es hallar alguna pista que conduzca a la localización del suboficial José Eduardo Gayoso, de 21 años, cuya moto fue abandonada en la zona citada.

El joven prestaba servicio en la Unidad del Grupo Lince de Luque y debía presentarse por la madrugada de ayer lunes. La denuncia de su desaparición se realizó alrededor de las 4:30. En ese momento, la mamá recibió la información de que hallaron su motocicleta sobre el puente Remanso. Sin embargo, el hecho fue comunicado a la familia recién cuando la madre acudió a la comisaría.

El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.

La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.

Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.

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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.

Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.

La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.

Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.

También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.

Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.

Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.

La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.

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