El Poder Judicial tiene nuevos jueces y una nueva fiscal. En la sala de conferencias de la Corte Suprema de Justicia hicieron el juramento de rigor ante el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, en compañía de los ministros Gladys Bareiro de Módica, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.
Los nuevos jueces estarán en las circunscripciones judiciales de Capital y Presidente Hayes. Asimismo, la nueva agente fiscal servirá en la zona de Caaguazú.
Los que prestaron juramento son Carlos Rafael Fernández Chaparro, en carácter de juez de Paz de Colonia José Falcón Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. Asimismo, juró como miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia Circunscripción Judicial de la Capital Gustavo Abrahan Auadre Canela y la abogada Yrides Melania Ávila Giménez como agente fiscal zonal de Caaguazú.
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Los magistrados y la citada agente fiscal ya cumplirán de inmediato sus respectivas funciones para el sitio donde fueron asignados. El nombramiento de los mismos se decidió en la sesión plenaria del martes pasado.
Esta actividad se realizó cumpliendo las normas de seguridad sanitarias, como el uso obligatorio de tapabocas, además de la previa desinfección exigida en el acceso principal, el distanciamiento prudencial y sin la presencia de invitados.
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Corte implementará sistema digital para concursos de ingreso y promoción de personas
En la sesión plenaria de este miércoles, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, informó sobre la próxima implementación de una herramienta digital que permitirá gestionar de forma remota los concursos de ingreso y promoción de personas en el Poder Judicial.
La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2021–2025 y responde al objetivo de fortalecer los procesos de selección con mayor transparencia, accesibilidad y eficiencia, informa el sitio web del Poder Judicial.
La iniciativa se desarrolla conforme a lo establecido en el Acta N.º 22 del Consejo de Superintendencia, de fecha 24 de junio de 2025, que autoriza la implementación de herramientas digitales orientadas a optimizar los procesos de selección del personal en el Poder Judicial.
El diseño y desarrollo del sistema está a cargo de la Dirección General de Capital Humano, a través del Departamento de Selección de Personal, de la Dirección de Planeación y Selección de Personal, y con el apoyo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
El uso de esta plataforma permitirá a los postulantes completar el proceso de inscripción de forma virtual mediante el sitio web institucional (www.pj.gov.py), sin necesidad de presentar documentos físicos en esta etapa inicial. Esta funcionalidad representa un paso importante hacia la digitalización integral de los procedimientos concursales.
La herramienta contempla módulos para la carga de datos personales, la validación de requisitos y la generación automatizada de listados, lo que facilitará el control interno, agilizará los tiempos administrativos y garantizará una trazabilidad completa del proceso.
Asimismo, se espera que el nuevo sistema contribuya a descentralizar la participación en los concursos, permitiendo que personas de distintas regiones del país accedan a las convocatorias en condiciones de equidad, fortaleciendo así los principios de transparencia y meritocracia en la función pública judicial.
Las personas interesadas pueden estar atentas a las actualizaciones en la página web o comunicarse al Departamento de selección de personal para más información.
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Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años y 6 meses de prisión para Bruno José Da Costa Amaral, quien fue encontrado culpable por lavado de dinero debido a la tenencia de billetes venezolanos que pretendían ser vendidos en el mercado negro. En febrero del año 2017 fueron encontradas más de 500 bolsas llenas de bolívares venezolanos de diversos valores en una residencia de la conocida familia Da Costa Amaral, de Salto del Guairá.
La defensa del condenado recurrió a la Corte buscando dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia.
La ministra Carolina Llanes sostuvo que el escrito de la defensa del condenado carece de la debida argumentación jurídica y de la exposición concreta de los agravios, tal como exige el artículo 478 del Código Procesal Penal.
En el mismo sentido votó el ministro Luis María Benítez Riera, quien se adhirió a la postura de Llanes, señalando que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación crítica y precisa, lo que lo tornaba inadmisible.
En disidencia, el ministro Ramírez Candia consideró que el recurso debía admitirse, pues la defensa había planteado cuestionamientos sobre la supuesta orfandad argumentativa de la sentencia, la violación del principio de congruencia y la valoración probatoria.
Finalmente, por mayoría de votos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso y declarar inadmisible la casación, quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra Da Costa Amaral en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
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Senador repudia respaldo opositor a Prieto pese a hechos de corrupción constatados
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.
“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
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“Robos asquerosos"
Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.
“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.
En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.
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Corte debe resolver 87 acciones presentadas contra fallos del TSJE y el JEM
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelven 87 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes la nómina de acciones promovidas en contra de resoluciones emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esto, a los efectos de que los interesados comparezcan ante la Secretaría de la sala a fin de impulsar las notificaciones correspondientes sobre las integraciones producidas en cada uno de los planteamientos y, de esta forma, proseguir con los trámites procesales de rigor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Civil “Principio de iniciativa del Proceso”.
Existen pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad promovidas en el año 2000, es decir, presentadas hace 25 años y que siguen pendientes de resolución.
De acuerdo a los datos, un total de 57 acciones que se presentaron contra determinaciones adoptadas por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral siguen pendientes de resolución en la Corte. Igualmente, un total de 30 acciones están para decidirse sobre fallos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, jueces que fueron destituidos de sus cargos, entre otros.
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