La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El organismo deportivo solicitó a la Corte resolver una recusación que ya lleva cinco meses.

La Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol), representada legalmente por el abogado Claudio Lovera, presentó formalmente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un urgimiento para destra­bar la causa judicial caratu­lada como “Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” (n.º 6/2021). En esta causa, la Conmebol figura como víc­tima y querellante adhesiva.

El documento urge que se dicte la resolución corres­pondiente sobre “la recu­sación deducida por el abo­gado Alfredo Kronawetter, en representación del impu­tado Celio Tuunholi contra los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Pri­mer Sala, Silvana Luraghi, Publino Escobar y Mario Camilo Torres, en la causa Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”.

El urgimiento se da para que la Sala Penal de la máxima instancia judicial se pronun­cie sobre esta acción, teniendo en cuenta que ya lleva más de 5 meses, y con ello destrabar la causa. “Dicha recusación fue interpuesta en fecha 10 de abril de 2026 y en atención al plazo establecido para su resolución viene a urgir el dictado de la resolución res­pectiva, a efectos de prose­guir con la tramitación de la causa”, señala el documento.

La Conmebol apunta a recu­perar al menos USD 15 millo­nes que el empresario y diri­gente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuc­colillo.

Este martes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que se desarrolló una capacitación que tuvo como propósito presentar el Plan de Igualdad de Género y promover acciones orientadas a acercar la justicia a las mujeres de todo el país. La actividad se realizó en el marco del programa “Mujeres en la Justicia”, impulsado por la Secretaría de Género del Poder Judicial.

La jornada, dirigida a directores y directoras de distintas dependencias judiciales, permitió socializar la propuesta del Plan de Igualdad de Género y recoger aportes para su posterior validación. El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la promoción de la igualdad dentro de la institución.

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Uno de los principales objetivos fue avanzar en la implementación del Plan, conforme a las disposiciones institucionales vigentes en materia de género, además de establecer mecanismos de coordinación que permitan desarrollar acciones concretas y efectivas.

Durante la capacitación, la asistente técnica Pilar del Barrio destacó las opiniones, propuestas e ideas planteadas por representantes de las diferentes direcciones del Poder Judicial, consideradas fundamentales para enriquecer la iniciativa.

En ese contexto, explicó que la Corte Suprema de Justicia deberá definir el mecanismo para poner en marcha las consultorías previstas, cuyos resultados y acciones posteriormente serán replicados mediante las unidades desconcentradas de la Secretaría de Género.

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El Plan de Igualdad de Género busca responder a los principios establecidos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, referido a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de incorporar los compromisos derivados de instrumentos internacionales mediante el denominado control de convencionalidad.

La propuesta también apunta a convertirse en una herramienta para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia en sus distintas expresiones, mediante una mayor articulación entre las instituciones y áreas vinculadas a la protección de derechos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), representada legalmente por el abogado Claudio Lovera, presentó formalmente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un urgimiento para destrabar la causa judicial caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” (n.º 6/2021). En esta causa, la Conmebol figura como víctima y querellante adhesiva.

El documento urge que se dicte la resolución correspondiente sobre “la recusación deducida por el abogado Alfredo Kronawetter, en representación del imputado Celio Tuunholi contra los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Primer Sala, Silvana Luraghi, Publino Escobar y Mario Camilo Torres, en la causa Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”.

El urgimiento se da para que la Sala Penal de la máxima instancia judicial se pronuncie sobre esta acción, teniendo en cuenta que ya lleva más de 5 meses, y con ello destrabar la causa. “Dicha recusación fue interpuesta en fecha 10 de abril del 2026 y en atención al plazo establecido para su resolución viene a urgir el dictado de la resolución respectiva, a efectos de proseguir con la tramitación de la causa”, señala el documento.

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La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

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