Fabián Martí, sindicado por el Ministerio Público como el cerebro de la banda criminal que hackeó celulares de los periodistas Clari Arias y Jorge Torres, y del diputado Carlos Rejala, se encuentra realizando la declaración indagatoria en la sede de la Fiscalía de Delitos Informáticos.
En este sentido, la fiscala de la Unidad de Delitos Informáticos, Irma Llano, mencionó que ya se encuentra en el último tramo de su declaración ampliatoria que el mismo había solicitado ante el Ministerio Público. De acuerdo a la agente pública, Martí se refiere sobre la relación a los hechos y su vinculación con las víctimas y Luis Bordón, también imputado por la clonación de chips.
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“Él reconoce que efectivamente se reunió con Luis Bordón y con Liz Centurión (otra de las imputadas), pero hace referencia que fueron en otras circunstancias y, por supuesto, dice que no es la persona que le contrató a Luis Bordón para el acceso indebido a las líneas telefónicas de Jorge Torres, Clari Arias y el diputado Carlos Rejala”, mencionó la fiscala.
En este sentido, Llano mencionó que la hipótesis del Ministerio Público tiene un sustento, atendiendo que Martí admitió que se comunicó tanto con Bordón y Centurión. “En este momento nosotros necesitamos las pericias informáticas; es más, reconoció que se reunió con Luis Bordón y con Liz Centurión, es decir que nuestra hipótesis del caso de alguna u otra forma está sostenida”, indicó la fiscala.
Con respecto a los procedimientos a ser realizados, Llano mencionó que a partir de ahora se procederá a analizar la declaración indagatoria del Fabián Martí.
“Con relación al celular de Fabián Martí, el Ministerio Público nunca tuvo acceso ni a sus dispositivos electrónicos porque al momento de hacer el allanamiento no encontramos esos dispositivos. Con sus dispositivos ya no se puede hacer nada, pero nosotros contamos con los dispositivos de Liz Centurión y Luis Bordón”, puntualizó.
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Jueza admite imputación de Mauricio Espínola y fija fecha para audiencia
La jueza penal de Garantías, Diana Carvallo, admitió la imputación y procesó al diputado disidente Mauricio Espínola, investigado por supuesto homicidio culposo en el caso del accidente de tránsito protagonizado por el legislador, el pasado 16 de mayo en Asunción, hecho que derivó en la muerte de un motociclista, de 30 años.
La magistrada fijó la audiencia de imposición de medidas para Espínola para el 8 de julio. El diputado enfrenta el proceso judicial luego de ser desaforado por el pleno de la Cámara Baja, el pasado 16 de junio. La causa judicial se encuentra a cargo de la agente fiscal Mercedes Vera Monges, quien remitió la imputación al juzgado de Garantías y el pedido de desafuero.
De acuerdo con el infirme oficial de los hechos, Espínola conducía una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, de color negro, que circulaba por la calle Cerro Corá; cuando llegó a la intersección con la avenida Kubistchek, habría cruzado imprudentemente produciendo una colisión con una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, también de color negro, manejada por Emilio Benítez Chaparro, quien falleció el 27 de mayo por las graves lesiones.
De acuerdo con el relato de los hechos, el joven fallecido circulaba por la avenida con dirección sur e impactó contra la puerta lateral izquierda del rodado. Como consecuencia de la embestida, Benítez Chaparro cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El hecho fue registrado aproximadamente a las 18:35.
Posteriormente al choque, Benítez Chaparro fue auxiliado por paramédicos y trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma para recibir atención médica. El fallecimiento del joven de 30 años de edad, que se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se produjo el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
Tras darse a conocerse la imputación a Espínola, surgieron varios materiales audiovisuales obtenidos mediante cámaras de circuito cerrado que revelan el momento exacto del accidente y complican su responsabilidad. A la vez, existen personas que presenciaron el hecho y que actualmente prefieren el anonimato y aseguran que el parlamentario cruzó el semáforo en rojo.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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“Paraguay tiene un Gobierno con rumbo, liderazgo y resultados”, destaca diputado
El diputado Rodrigo Gamarra resaltó el informe de gestión presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), la semana última. Para el legislador, el presidente demostró un país en progreso y con resultados concretos.
“El informe presentado por el presidente Santiago Peña ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, deja en evidencia que hoy Paraguay tiene un Gobierno con rumbo, con liderazgo y, sobre todo, con resultados concretos que mostrar a la ciudadanía, respaldado además por el partido político más grande, más democrático y más importante del país”, dijo para La Nación/Nación Media.
En este sentido, sostuvo que los números y los hechos son contundentes, demostrando que Paraguay sigue creciendo, generando empleo, reduciendo los niveles de pobreza, atrayendo inversiones, fortaleciendo su presencia internacional, como así también resaltó que el Gobierno lleva adelante programas históricos que impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias paraguayas.
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“Por eso, considero absolutamente lógico y correcto que el presidente Santiago Peña haya elegido presentar primero este informe ante la Junta de Gobierno de la ANR. Fue el Partido Colorado el que confió en su liderazgo, el que construyó la victoria electoral y el que movilizó a miles de dirigentes y militantes para llevar este proyecto político al Gobierno Nacional”, expuso el legislador.
Gamarra también respondió a los cuestionamientos de algunos sectores políticos que el presidente Peña haya presentado su informe ante el Partido Colorado antes que al Congreso Nacional, señalando que al ser la máxima autoridad electa por la ANR se debe a la institución partidaria.
“Los colorados entendemos algo muy simple, sin el Partido Colorado nosotros no somos nada. Los cargos son circunstanciales, las personas pasan, pero el partido permanece porque representa una historia, unos principios y la confianza de cientos de miles de paraguayos. Rendir cuentas al partido que hizo presidente a Santiago Peña no solamente es lógico, sino que constituye un acto de respeto, gratitud y coherencia política”, expuso el diputado.
Apuntó a que las críticas provienen de sectores que ni siquiera enfrentan unas internas, sin someterse a las urnas y que no tienen contacto con la ciudadanía. “Hablan desde partidos de maletín, estructuras familiares o espacios donde las candidaturas muchas veces se resuelven entre unos pocos y no a través de la participación democrática de miles de afiliados. Quienes nunca tuvieron que ganar una elección interna difícilmente puedan comprender el valor político y humano que tiene que rendir cuentas a la dirigencia y a la militancia”, señaló.
Así también, sostuvo que las criticas provienen de algunos sectores que hace tiempo abandonaron la objetividad, “si es que alguna vez la tuvieron, para convertirse en opositores permanentes al Gobierno y al Partido Colorado, algunos se presentan como analistas o periodistas independientes, pero en realidad son militantes políticos con micrófono que odian al partido”.
Agregó que “lo que molesta a algunos no es que Santiago Peña haya informado primero a la Junta de Gobierno, lo que realmente les molesta es la fortaleza del Partido Colorado. Les incomoda ver un partido vivo, organizado, movilizado y con capacidad de transformar esa fuerza política en gobernabilidad, estabilidad y resultados para la ciudadanía”.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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