La fiscal de la Unidad Anticorrupción Liliana Alcaraz formuló imputación contra tres personas que habrían falsificado facturas para defraudar al fisco la suma de G. 5.050.805.710. Las mismas fueron identificadas como Vanessa Montserrat Cardozo Caballero, su pareja Ariel Néstor Palma Bustamante y el contador Rubén Darío Lird Ramírez.
Para todos ellos se solicitaron medidas alternativas a la prisión, lo que deberá ser analizado por la jueza penal de Garantías Lici Sánchez, una vez que se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Es importante mencionar que el imputado Palma Bustamente está recluido en la cárcel de Tacumbú en el marco de otro proceso penal que enfrenta, por el asalto al local de la firme Prosegur de Ciudad del Este, donde los delincuentes se llevaron un poco más de US$ 11 millones.
La imputación señala que “los elementos de investigación preliminar dan cuanta de que Vanesa Cardozo habría utilizado facturas que no reflejan operaciones reales ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, en las cuales se habrían consignado compras ficticias realizadas a supuestos proveedores a los efectos de defraudar al fisco y lograr una incorrecta determinación de sus obligaciones tributarias, específicamente habría eludido el pago de la suma de G. 5.050.805.710, monto que fue determinado por la SET en concepto de IVA y de Iracis”.
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Asimismo, la fiscal mencionó: “Dichas facturas no auténticas habrían sido proveídas por el contador Rubén Darío Lird Ramírez por solicitud de Néstor Ariel Palma, quien es cónyuge de Cardozo. Es decir, los tres imputados acordaron la utilización de las facturas falsas ante la SET para la obtención de un beneficio económico indebido, a partir de la defraudación fiscal”, indica la investigación del Ministerio Público.
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Imputan a un joven por estupro y a la madre de la víctima por presunta complicidad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó a un joven de 22 años por estupro, después de haber convivido como pareja con una adolescente de 14 años, cuya madre también fue imputada por violación del deber de cuidado. La menor de 14 años está embarazada, de un mes aproximadamente, según revisión médica que se le realizó en el Hospital Distrital de Santa Rita.
El caso se inició con la denuncia que realizó la mujer por la desaparición de su hija adolescente, en Naranjal. La fiscalía tomó conocimiento del hecho y supo de la existencia de un supuesto exnovio y que la menor ya estuvo viviendo un mes con él, en un inquilinato del municipio de Naranjal.
De acuerdo a los datos recabados por la agente fiscal, la madre habría estado amenazando al joven para el pago de un dinero, que ella está investigando en qué concepto se adeudaba. En medio de esa situación, la adolescente habría regresado a su casa, pero su madre presentó igual la denuncia de su supuesta desaparición, refirió la fiscal María del Carmen Meza.
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Aparentemente, la menor de edad, al saber que su madre hizo la denuncia, a las 23:00 salió de su casa y un motociclista la acercó hasta la casa de quien era la supuesta suegra, en el distrito de Santa Rita. Fue esta mujer la que acompañó a la víctima hasta la comisaría de Santa Rita, al saber que estaba siendo buscada.
La agente del Ministerio Público indicó que el joven de 22 años y la adolescente de 14 años, si bien vivían en un inquilinato de Naranjal, ya habían estado por Santa Rita, por trabajos del joven. Según la fiscala, con anuencia de la madre es que la víctima estuvo viviendo ya un mes con el joven y está investigando si no fue la misma madre la que contrató el alquiler.
Acoso sexual
Por otro lado, la víctima contó a la agente fiscal que no quiere volver a la casa de su madre porque su padrastro la perseguía y la acosaba. “Son muchos elementos que estamos encontrando en la investigación, aparentemente situaciones terribles que ya estuvo sufriendo esta menor hasta llegar a vivir ya en pareja, a tan corta edad”, manifestó la agente fiscal de Iruña.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Menores de 13 y 16 años huyeron juntos y el adolescente es imputado por abuso sexual
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Salto del Guairá, Canindeyú, fue encontrada en un asentamiento viviendo con otro menor de edad, un adolescente de 16 años, quien también tenía orden de búsqueda, según el reporte de la Policía de Alto Paraná. La intervención fue ayer en el asentamiento Santa Clara, del Km 11 de Presidente Franco.
El adolescente no se encontraba en el sitio, sino en una obra en construcción en el Shopping del Ciudad del Este, donde estaba trabajando. Fue aprehendido y hoy fue imputado por violación de la patria potestad, en la causa a cargo del fiscal de Salto del Guairá, Ramón Ferreira.
La desaparición de la niña fue denunciada el pasado 30 de junio, pero en el caso del adolescente de 16 años, permanecía desaparecido desde que fue imputado por abuso sexual de la misma niña, en una ocasión anterior de abandono de la casa de ambos menores, que son de Salto del Guairá.
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El antecedente indica que, ya existió una desaparición de ambos menores de edad y en esa oportunidad, la niña de 13 años fue localizada y reintegrada bajo cuidado de su madre, pero el adolescente con quien huyó de su casa, no fue encontrado.
La fiscal Sonia Benítez, de la capital de Canindeyú, es quien tiene la investigación de ese hecho y había imputado al adolescente por abuso sexual en niños, después de que en la Cámara Gesell la niña contara que mantuvo relación sexual con él. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la agente fiscal de Salto del Guairá.
Al registrarse la segunda desaparición de la niña y al ser encontrada ayer en Pdte. Franco, los agentes de Búsqueda y Localización de la Policía, también pudieron localizar al adolescente, ya imputado después de la primera huida. Fue derivado al Centro Educativo de Menores de Ciudad del Este, teniendo en cuenta la edad del adolescente.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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