La fiscal de la Unidad Anticorrupción Liliana Alcaraz formuló imputación contra tres personas que habrían falsificado facturas para defraudar al fisco la suma de G. 5.050.805.710. Las mismas fueron identificadas como Ariel Néstor Palma Bustamante, Rubén Darío Lird Ramírez y una tercera que finalmente fuer sobreseída.
Para todos ellos se solicitaron medidas alternativas a la prisión, lo que deberá ser analizado por la jueza penal de Garantías Lici Sánchez, una vez que se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares. Es importante mencionar que el imputado Palma Bustamente está recluido en la cárcel de Tacumbú en el marco de otro proceso penal que enfrenta, por el asalto al local de la firme Prosegur de Ciudad del Este, donde los delincuentes se llevaron un poco más de US$ 11 millones.
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La imputación señala que “los elementos de investigación preliminar dan cuenta de que habrían utilizado facturas que no reflejan operaciones reales ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, en las cuales se habrían consignado compras ficticias realizadas a supuestos proveedores a los efectos de defraudar al fisco y lograr una incorrecta determinación de sus obligaciones tributarias, específicamente habría eludido el pago de la suma de G. 5.050.805.710, monto que fue determinado por la SET en concepto de IVA y de Iracis”.
Asimismo, la fiscal mencionó que “dichas facturas no auténticas habrían sido proveídas por Rubén Darío Lird Ramírez por solicitud de Néstor Ariel Palma. Es decir, acordaron la utilización de las facturas falsas ante la SET para la obtención de un beneficio económico indebido, a partir de la defraudación fiscal”, indica la investigación del Ministerio Público.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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Imputan a un grupo de cinco personas por coacción sexual, rapto, robo y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N.º 9 de Ciudad del Este, inició proceso contra cinco personas (tres hombres y dos mujeres), por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación, privación de libertad y extorsión agravada. La víctima es un joven de 26 años, de nacionalidad paraguaya.
Uno de los imputados es Edson Andrade Pimenta Sobrinho (57), de nacionalidad brasileña y está detenido con pedido de prisión preventiva. Los otros cuatro procesados son paraguayos y están prófugos.
La causa investigada tiene que ver con los hechos ocurridos el 6 de julio de 2026, alrededor de las 15:00, en un inquilinato del barrio Acaray de Ciudad del Este.
El denunciante contó que acudió al lugar para mantener un encuentro previamente acordado con una mujer, con quien había establecido contacto a través del celular.
Ya estando en la habitación, la mujer habría iniciado una agresión y generó un altercado con el hombre, situación que fue aprovechada por los supuestos cómplices para ingresar al sitio, reducir al joven y retenerlo contra su voluntad.
Posteriormente, lo habrían agredido físicamente y sometido sexualmente, mientras registraban el hecho en un video.
De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, tras consumar la agresión, los presuntos autores utilizaron un arma de fuego y la grabación, para amenazar a la víctima con difundir las imágenes, si no accedía a sus exigencias. Asimismo, habrían obtenido las claves de acceso del teléfono y realizaron extracciones y transferencias de dinero a sus cuentas bancarias.
Luego de todo eso, la víctima fue liberada con la previa advertencia de no denunciar lo ocurrido, porque si lo hacía, el vídeo sería divulgado. Sin embargo, el afectado acudió a la subcomisaría 54 para denunciar el hecho.
Personal policial fue hasta el lugar y aprehendió a unos de los involucrados, el ciudadano brasileño, quien había permanecido en el lugar.
El Ministerio Público dispuso la inspección médica forense de la víctima, cuyo informe constató lesiones físicas compatibles con la denuncia presentada.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía y la emisión de órdenes de captura contra los cuatro ciudadanos paraguayos que permanecen prófugos.
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Fiscalía imputa al representante de Alpha College por presunta utilización indebida de marcas
El Ministerio Público formuló imputación contra Jaime José Benítez Domínguez, presidente y representante legal de Alpha Sociedad Anónima, firma propietaria de Alpha College Paraguay, por la presunta comisión del hecho punible de violación de los derechos de marca, en el marco de una investigación relacionada con el supuesto uso no autorizado de signos distintivos vinculados a la Universidad Americana.
La causa fue impulsada a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial S.A.E. (INCADE S.A.E.), titular de los registros marcarios asociados a la Universidad Americana, que sostiene que la autorización contractual para la utilización de dichas marcas expiró el 1 de enero de 2023.
De acuerdo con el acta de imputación, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes de sospecha para sostener que Alpha College habría continuado utilizando, sin autorización vigente, denominaciones comerciales, elementos gráficos, tipografías y referencias institucionales asociadas a la Universidad Americana, incluso presentándose públicamente como “Alpha College – Colegio de la Universidad Americana”.
La representación fiscal sostiene que la continuidad en el uso de estas referencias podría haber generado en estudiantes, padres y consumidores la percepción de una vinculación institucional o comercial que, según la parte denunciante, había dejado de existir tras la conclusión de la relación contractual entre las partes.
Entre los elementos incorporados a la investigación figuran contratos suscritos entre las instituciones involucradas, certificados de registro y renovación de marcas, actas notariales, capturas de pantalla de plataformas institucionales, intimaciones formales remitidas a la institución educativa e informes técnicos especializados elaborados durante la pesquisa.
Según la imputación, uno de los informes periciales concluye que existen indicios suficientes sobre la presunta comisión de hechos relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual, reforzando la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público.
La conducta atribuida fue calificada provisoriamente como violación de los derechos de marca, hecho previsto y sancionado por el artículo 184 del Código Penal paraguayo.
La agente fiscal Myriam Rodríguez Quiñónez, titular de la Unidad Especializada en Propiedad Intelectual y Contrabando, solicitó además un plazo de seis meses para la realización de diligencias complementarias y la posterior presentación del requerimiento conclusivo.
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Asimismo, el Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, la prohibición de salida del país y la prestación de caución personal o real.
La causa quedó radicada ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de la Capital, a cargo del magistrado José Agustín Delmás Aguiar.
Cabe señalar que la imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad, correspondiendo exclusivamente a la autoridad judicial determinar, mediante resolución firme, la eventual existencia de responsabilidad penal.
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Tragedia en Capitán Miranda: imputan y piden prisión para conductor involucrado en accidente que dejó tres fallecidas
El Ministerio Público avanzó en la investigación del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la zona conocida como Bajada Tirol, en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida tres mujeres, entre ellas una exmagistrada judicial.
El fiscal Francisco Martínez imputó por el supuesto hecho punible de homicidio culposo a Saddan Hammoudi Garay, de 23 años, quien se encontraba al mando de una camioneta Chevrolet S10 involucrada en el violento siniestro registrado sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 25. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de la medida de prisión preventiva mientras prosiguen las diligencias investigativas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la camioneta conducida por el joven impactó contra un automóvil Geely Coolray guiado por la exjueza Laura María Benítez Núñez, de 53 años, quien falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el mismo vehículo viajaban Mónica María Guadalupe Otazú Araujo, de 26 años, y Erika Tamary Griffith Paredes, de 22 años. Ambas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y trasladadas de urgencia hasta el Hospital General de Itapúa; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó sus fallecimientos.
Según el informe forense incorporado a la investigación, las tres víctimas sufrieron traumatismos cervicales y politraumatismos severos a raíz del fuerte impacto, considerado uno de los accidentes viales más trágicos registrados este año en el departamento de Itapúa.
Si bien el conductor de la camioneta fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó negativo, el Ministerio Público resolvió formular imputación por homicidio culposo y requirió su prisión preventiva, al tiempo de continuar con la recolección de evidencias, pericias técnicas y demás diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.
La investigación buscará determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho, ocurrido en un tramo de ruta conocido por su complejidad y peligrosidad, mientras familiares y allegados de las víctimas continúan conmocionados por una tragedia que enluta a la comunidad itapuense.