La exministra de Defensa, María Liz García, afirmó que el decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es legal y legítimo dentro del marco constitucional.

En una entrevista radial, en la 780 AM, indicó que ante situaciones de extrema gravedad en las que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente, el mandatario puede disponer el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad.

En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más importantes del decreto es que el despliegue militar debe realizarse en un área territorial claramente delimitada y por el tiempo estrictamente necesario. Posteriormente, añadió, la Policía Nacional debe retomar el control exclusivo de la situación una vez superada la contingencia.

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“Puedo decir que el decreto está conteste a esta Ley 5036 del año 2013, y un decreto del Poder Ejecutivo, en aquel entonces, el decreto 103; cuando yo en aquel tiempo estaba todavía en ejercicio ministerial; se había modificado la Ley 1337, de Defensa Nacional y Seguridad Interna”, recordó.

Explicó que hasta aquel momento, para poder movilizar a las tropas militares, el presidente de la República, que es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no podía hacerlo si no era con pedido y autorización del Poder Legislativo.

La exministra García señaló que debido a las difíciles situaciones que se estaban generando, en diferentes países y también en Paraguay, con la presencia del EPP se vio que ya era insuficiente esa capacidad de reacción para poder tomar medidas correctivas, en situaciones que comprometía la vida, la liberdad, los derechos de las personas y la defensa nacional.

Señaló que con la modificación que se realizó vía decreto en el 2013, permitió al presidente de la República y comandante en Jefe en ejercicio, hacer frente a situaciones como ser un Estado de excepción, aclarando que no es nuestra condición actual, o frente a situaciones de extrema gravedad en el que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente insisto.

Por tanto, señaló que esta modificación de la ley permitió al presidente Peña decidir el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas, pero de manera transitoria; hasta que la Policía Nacional o en su efecto la Prefectura General Naval, puedan estar nuevamente en condiciones de hacerse cargo por sí solos de esa situación.

“Este es el documento que le ampara a esta disposición y decreto 5524 del 24 de febrero del 2026, que fue lo que dispuso el presidente de la República y comandante en jefe Santiago Peña. Absolutamente no tiene nada irregular el documento firmado, así hasta el momento lo dispuesto, yo me refirí a lo que dice con claridad el artículo 56, específicamente de la Ley 5036. En cuanto a esta disposición del presidente Peña, es legal y es legítima, siempre y cuando no se salga de lo estrictamente dispuesto”, sentenció.

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• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza

Existen categorías en el análisis de la realidad educativa que muchas veces en el uso corriente llegan a instrumentalizarse como etiquetas que, por la falta de contextualización y especificación, pueden sumergirse entre la vaguedad y enmarañarse en la confusión. Dos de ellas son: la compresión lectora, que pocas veces en los espacios pedagógicos es cuantificada de manera precisa y mucho menos fuera de ellos, y la otra es el pensamiento crítico.

Estas competencias muchas veces no son del todo desarrolladas en los espacios educativos y profesionales, pero son requeridos en algunos casos por quienes tampoco comprenden sus alcances.

Ante esta carencia, un equipo de académicos, integrado por el Dr. Luis Eduardo Wexell-Machado, la Dra. Valentina Canese, la Dra. Marta Canese, el Dr. Ricardo Estigarribia y el Dr. Andrés Vázquez, se encuentra desarrollando una investigación denominada “El pensamiento crítico en la formación docente: avances y desafíos actuales en Paraguay”, con el que realizan una pesquisa de los antecedentes, condiciones curriculares y, finalmente, capacidades entre los futuros docentes.

La primera etapa del trabajo consistió en la revisión bibliográfica de todo el contenido asignado para la formación de profesores, además de la revisión instrumental para la posterior medición a realizar.

Este año, durante el primer trimestre, se concluirá con la construcción del instrumento, validación, prueba piloto y diseño del curso de formación. Y durante el segundo trimestre se hará el análisis de resultados, redacción del informe final, presentación en eventos científicos y cierre del proyecto.

El Gran Domingo de La Nación conversó con Valentina Canese, miembro del equipo de investigación, sobre la propuesta, el marco conceptual y teórico, y la relevancia del estudio.

–¿Cómo surge la elección del tema, el equipo de trabajo y el financiamiento?

–Esta idea surge de la línea de investigación que ya veníamos desarrollando en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en proyectos anteriores que contaron con la financiación del FEEI (Fondos de Excelencia para la Educación y la Investigación), a través del programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el proyecto Formacap - Aula Pyahu, financiado por la cooperación de la Unión Europea. Nuestro grupo de investigación ya venía desarrollando estos proyectos. Así es que nos reunimos y decidimos postular a la convocatoria de proyectos de investigación y desarrollo de Conacyt, a inicios de 2023. Nuestro proyecto fue finalmente seleccionado para financiación y comenzamos a desarrollarlo en 2024 con los recursos del Conacyt. El equipo se conformó a partir del Grupo de Investigación en Estudios del Lenguaje y sus Tecnologías - GIEL, del Instituto Superior de Lenguas de la FF-UNA, con la participación de investigadores categorizados en el SISNI del Conacyt e investigadores en formación que colaboran en el proyecto.

–¿Qué estudios, textos o evidencias tomaron como punto de partida para una base comparativa?

–Teníamos como línea de base una investigación previa realizada en la Facultad de Filosofía de la UNA, sobre el pensamiento crítico en la formación profesional, en el que participaron dos miembros de este grupo. Además, contábamos con la base teórica y experiencia del proyecto Formacap - Aula Pyahu, que contempló el desarrollo de cursos de actualización docente sobre pensamiento crítico. Ese proyecto fue desarrollado por nuestro equipo de investigadores y no se limitó a la enseñanza, sino que tuvo su fortaleza en la investigación. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre el pensamiento crítico a nivel nacional e internacional. A partir de allí, se ha desarrollado un curso para formadores de docentes con miras al desarrollo del pensamiento crítico para futuros docentes y sus estudiantes; entendiendo la importancia de esta competencia, propuesta por la Unesco como necesaria para la formación del siglo XXI.

–Entiendo que el trabajo aborda el universo bibliográfico de la formación, no el resultado ya en los estudiantes. ¿Cuál fue el campo de estudio, de qué instituciones tomaron las mallas y qué tan representativo es eso para el universo Paraguay?

–Las primeras publicaciones disponibles del proyecto corresponden a la primera etapa del proyecto, es decir, la revisión de los antecedentes, el estado del arte, el marco teórico y referencial del proyecto. Esto se debe a que la gestión de las publicaciones en anales de congresos y revistas científicas demora al menos un año y a veces dos o tres. Pero el proyecto está mucho más avanzado, incluye el diseño didáctico integrado de un curso de formación docente para el desarrollo de habilidades y disposiciones del pensamiento crítico con una duración de 8 semanas, que incorpora estratégicamente los instrumentos de recolección de datos para una investigación mixta. El diseño del curso y los instrumentos pasaron por un proceso de investigación, que se inició con la revisión sistemática de literatura, y permitió comparar las estrategias didácticas y los instrumentos ya desarrollados y aplicados a nivel global, en todo el mundo, para el desarrollo de habilidades y disposiciones del pensamiento crítico. Posteriormente, pasamos a la etapa de diseño integrado del curso y sus instrumentos de medición, cuantitativos y cualitativos. Actualmente, estamos a punto de iniciar la prueba piloto del curso y los instrumentos.

–¿Podrías ensayar una definición técnica respecto a lo que se entiende por “pensamiento crítico” y comentarnos algo respecto a su vigencia como paradigma?

–El pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional, autorregulado que nos permite pensar por nosotros mismos, sobre nosotros mismos (metacognición) y mejorar nuestro modo de pensar. Consiste en analizar y evaluar la estructura y consistencia de nuestros razonamientos. Es poner en duda las afirmaciones que aceptamos como verdaderas en el contexto de la vida sociocultural. Dos grandes investigadores norteamericanos, Richard Paul y Linda Elder, definen al pensamiento crítico como un modo de pensar en el cual “el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales”.

–¿Qué importancia tiene este en la vida diaria y en el proceso de aprendizaje?

–El pensamiento crítico es un conjunto de condiciones intelectuales que nos permite interpretar, evaluar y transformar la realidad. La Unesco enfatiza su importancia vital en la educación superior, que tradicionalmente estaba enfocada al estudio de contenidos y técnicas, y plantea como prioridad el desarrollo de competencias, que tienen como componente esencial el pensamiento crítico. En Paraguay, Ramón Indalecio Cardozo, el gran pedagogo y protagonista de la reforma educativa de 1922, señala en sus libros los principios fundamentales de esa reforma: autonomía del educando, libertad de pensamiento y acción, conciencia social crítica y creatividad.

–¿Cuál sería un antónimo de esto?

–El tipo de pensamiento opuesto al pensamiento crítico es el pensamiento ingenuo, crédulo, así como el pensamiento fijo, no reflexivo y no empático, basado en creencias. Es el pensamiento que no cuestiona, no sitúa en contexto los hechos o palabras, que se deja convencer y es incapaz de tomar decisiones acertadas.

–¿Qué instrumentos, test o criterio utilizaron para el análisis y cuál es la adecuación local del mismo?

–Nuestro equipo de investigación, en el marco de este proyecto, ha elaborado instrumentos propios para medir el desarrollo de las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico, a partir de la revisión de los sistemas de medición disponibles en el mundo. Los instrumentos son: un cuestionario que abarca 10 dimensiones del pensamiento crítico, con cuatro ítems en cada una, en el que se aplicó la Escala Likert de cinco opciones; guion de grupos focales y diarios reflexivos continuos durante el curso. Actualmente, nos encontramos en el proceso de la prueba piloto y la validación de esos instrumentos. La aplicación del cuestionario se realizará en dos momentos: inicio del curso, para medir la línea de base y al término del curso, para trazar la línea final y poder diferenciar los aportes de las estrategias didácticas aplicadas.

–En el análisis previo se lee que plantean como problemática la cuestión de la verdad única en el histórico autoritario. ¿Cómo se podría manifestar en la actualidad eso dentro del contexto académico, formativo y laboral precarizado de parte del magisterio?

–La influencia de ese histórico autoritario sigue estando presente en la realidad educativa del magisterio paraguayo. En contraposición, y de forma paralela a las restricciones del sistema educativo oficial, surgieron movimientos de resistencia que impulsaron el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en la docencia, que han desarrollado prácticas e iniciativas educativas comunitarias basadas en el estudio de la pedagogía crítica. Estos modelos alternativos, críticos, fueron desarrollados por medio de la autogestión de maestros paraguayos. Los libros de Ramón Indalecio Cardozo continúan siendo leídos y comentados con mucho interés por los docentes paraguayos a pesar de la ausencia de divulgación oficial.

–¿Qué resultados presenta el estudio y qué valoración tienen de ellos?

–Los resultados preliminares que tenemos están basados en la revisión sistemática de la literatura, que permite un abordaje exhaustivo de las disposiciones y habilidades del pensamiento crítico, de manera de incorporarlas en la intervención pedagógica planificada. Con respecto a los resultados de esta intervención, aún no tenemos los resultados ni las valoraciones. En los próximos meses vamos a aplicar la intervención educativa, los instrumentos de evaluación, y podremos contar con los resultados del proyecto para su posterior análisis y valoración.

–¿Los datos sugieren determinados tipos de acciones desde el sistema formativo de los docentes?

–A partir de esta revisión exhaustiva y sistemática de la literatura se puede concluir que el pensamiento crítico se debe abordar de manera transversal en la educación, para lo cual la formación de los docentes para el pensamiento crítico es fundamental. Además, el pensamiento crítico es una habilidad que se desarrolla con trabajo pedagógico e intelectual. Por este motivo, se está realizando este estudio con componentes teóricos y prácticos, de manera de poder proponer acciones concretas para la formación de docentes capaces de desarrollar su propio pensamiento crítico y el de sus estudiantes. No obstante, aún no contamos con los datos que puedan determinar los tipos de acciones específicas y proponer recomendaciones al sistema formativo de los docentes. Eso vendrá en la etapa final del proyecto luego de la implementación del proyecto pedagógico desarrollado a través de esta investigación.

Con la finalidad de presentar a las autoridades judiciales los resultados de investigaciones de campo realizadas por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), este viernes se desarrolló la segunda jornada de la mesa técnica de trabajo entre integrantes de la la Oficina Técnica Penal (OTP) y del CEJ.

Con la presencia de la ministra de la Corte, Carolina Llanes, se pormenorizaron detalles relacionados con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas mediante el análisis de riesgos procesales en 322 resoluciones correspondientes al primer semestre de 2025.

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La jornada tuvo relación con los proyectos del sistema de Justicia Penal orientados a apoyar la labor de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad (PPL) con enfoque de derechos humanos.

“Con apoyo del analista Jorge González, integrantes del CEJ expusieron los resultados del análisis de riesgo de 322 resoluciones dictadas entre enero y junio de 2025″, informaron.

María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, señaló que en esta oportunidad se presentaron a la Sala Penal los resultados de las investigaciones de campo realizadas por la institución en relación con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas.

El trabajo busca comprender la dinámica del análisis jurisprudencial de los jueces de Garantías en estos puntos, a fin de identificar reiteraciones y la aplicación de normas.

La intención principal es detectar posibles debilidades que permitan a la Sala Penal contar con un panorama preciso para orientar políticas judiciales.

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El fiscal Ever García imputó por los delitos de homicidio doloso y apropiación al vicesargento Remigio Rubén Llano López, principal sospechoso del asesinato del extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa. El agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de turno la prisión preventiva del militar.

Debido a que la imputación fue presentada en la jurisdicción de San Lorenzo, un juez de dicha zona será el encargado de entender en el proceso penal.

El magistrado deberá citar al imputado a una audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se decreta su reclusión preventiva.

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Por otro lado, la prueba de luminol realizada en la camioneta de Félix Kanazawa arrojó un resultado positivo a rastros de sangre en el asiento del conductor. Este hallazgo confirma la hipótesis de que el hombre fue asesinado en el interior de su propio vehículo.

El comisario Juan Pereira, de la División de Antisecuestro y Terrorismo de la Policía Nacional, mencionó que las pruebas con reactivo de luminol, ejecutadas por personal de Criminalística, confirmaron la presencia de fluido hemático en el rodado.

Según detalló, la mayor concentración se detectó en el lado del conductor, reforzando la teoría de que el exdirector de la Dinac fue ultimado dentro del automóvil, el mismo día en que fue registrada su desaparición, que fue el 7 de febrero pasado.

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