Un Tribunal de Sentencia condenó a 22 años de cárcel a Carlos González Prieto tras ser encontrado culpable por la comisión del hecho punible de homicidio doloso. La resolución del colegiado se dio a conocer luego del juicio oral y público. El fiscal del presente caso fue Alfredo Mieres.
El colegiado, al momento de dar a conocer el fallo, mencionó que el Ministerio Público pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el hecho investigado, por lo que la pena para el mismo es de 22 años de cárcel.
Refieren los antecedentes de la investigación que en fecha 2 de febrero del 2019, a las 15:30 aproximadamente, el hoy condenado se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Empalado de la ciudad de Caaguazú, en compañía de su hermano Julio González Prieto. Ambos estaban compartiendo bebidas alcohólicas hasta que en un momento dado se inició una discusión y el procesado hirió al otro con un arma blanca a la altura del tórax, lado izquierdo.
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Seguidamente, Julio fue hasta la casa de su vecino Eleuterio Villalba y le pidió auxilio. De manera inmediata lo subió a su motocicleta con el objetivo de trasladarlo a un hospital, pero estando cerca del lugar el afectado cayó al suelo y falleció.
Por su parte, la defensa del sentenciado tiene la posibilidad de apelar el fallo de primera instancia. En caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si confirma la resolución de primera instancia o anula el fallo.
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Condenan a 25 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de sus dos hijas menores
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Édgar Lezcano e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, dictó condena de 25 años de prisión para un hombre de 57 años, por agresión sexual a sus hijas menores de edad. El fiscal que defendió la acusación es Vivian Andrea Coronel.
El juicio oral concluyó este miércoles 22 de julio en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
De acuerdo a los hechos juzgados en juicio, los abusos sexuales se registraron de forma sistemática desde el año 2023 hasta diciembre de 2024, en un inmueble ubicado en el km 30 Acaray del distrito de Minga Guazú.
El hombre comenzó abusando de su hija de 12 años, a través de manoseos hasta llegar a actos más agresivos contra una niña. Luego hizo lo mismo con su otra hija, de 6 años.
El hoy condenado hacía que la mamá de sus hijas saliera a la calle a vender yuyos con la finalidad de quedar a solas con sus víctimas. Asimismo, mantenía a los integrantes de su familia bajo un régimen de sometimiento.
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En ese contexto, el hermano de las víctimas era agredido físicamente por enfrentar a su padre al enterarse de los hechos, mientras que la madre también era víctima de violencia cuando cuestionaba a su pareja.
La denuncia llegó al Ministerio Público el 29 de diciembre del 2024, a través del 147 de Fono Ayuda, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A partir de allí, la Unidad Especializada de la Niñez inició la investigación que derivó en el procesamiento y luego la condena en juicio culminado hoy.
Durante el juicio oral, el soporte digital (DVD) de la Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, fue una de las pruebas determinantes.
En el ámbito pericial, los diagnósticos médicos e inspecciones ginecológicas de los profesionales forenses Hugo Céspedes y Martín Alfaro, además de informes psicológicos del Centro de Atención a Víctimas sumaron evidencias para la condena.
La fiscal presentó las declaraciones testimoniales de vecinos del sector donde ocurría el hecho, del hermano de las víctimas y del personal policial interviniente.
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Policía sobreviviente a ataque “recibió un disparo de refilón y se hizo del muerto”, reveló fiscal
El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar palabra ejecutaron a dos oficiales.
“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo este miércoles en declaraciones a la 1080 AM.
Añadió que en el lugar, también había un civil que recibió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera recibió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.
El herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, fue derivado a Curuguaty y luego fue trasladado a Asunción hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Aparentemente, su cuadro no reviste gravedad.
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Asimismo, mencionó que otro agente que estaba descansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba compuesto entre 20 a 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.
“Hablaban en guaraní”
Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.
Luego, los malvivientes “tiraron una bomba ‘molotov’ a la patrullera”, incendiando el móvil policial. Este momento fue aprovechado por el suboficial para escapar del grupo armado. “Al incendiarse, salió por una de las puertas y entró en un matorral”, puntualizó el agente fiscal.
El civil fallecido cumplía tareas de secretario. “Hacía limpieza, mandados en la comisaría”, apuntó. Posteriormente, los atacantes procedieron a quemar el puesto policial.
Los tres fallecidos tras el ataque contra una sede policial en Ybyrarobaná son: el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), suboficial inspector Herminio Ojeda González (32) y Josemar Escobar Piris (38), funcionario civil.
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Sentencian a 25 años de prisión a un hombre por abuso sexual e incesto en perjuicio de sus hijas
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de pena privativa de libertad para un hombre de 63 años, de nacionalidad argentina, al ser hallado culpable de los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación e incesto, cometidos en perjuicio de varias de sus hijas.
El colegiado estuvo presidido por el juez Edgar Lezcano e integrado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel. El fiscal acusador fue Alberto Torres quien pidió los 25 años de pena privativa de libertad.
El hombre primero abusó de su hijastra, la mantuvo sometida, tuvieron ocho hijos y luego volvió a abusar de algunas de sus hijas biológicas, siendo niñas aún, según lo expuesto en el juicio oral que culminó hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
Los antecedentes de la acusación indican que los abusos cometidos por el ahora condenado fueron hechos sucesivos que comenzaron en el año 1994 en Ciudad del Este, cuando el hombre sometió sexualmente a su hijastra menor de edad, quien en ese entonces tenía tan solo 11 años.
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Condenado tuvo 8 hijos
Como consecuencia de estos abusos sistemáticos a lo largo de las décadas, la víctima tuvo ocho hijos con su agresor. Posteriormente, la familia se trasladó a una vivienda de Presidente Franco, donde el acusado mantenía a todo el grupo familiar bajo constantes amenazas y violencia económica.
En el año 2019, el agresor comenzó a abusar de una de las hijas biológicas que tenía 12 años, recurriendo al uso de la fuerza y la amenaza.
La nueva víctima es fruto de aquella relación de sometimiento con la hijastra del hombre. Los abusos sexuales con su hija biológica continuaron hasta el año 2021 (por dos años), cuando la niña logró resistirse.
Luego, el acusado dirigió las agresiones hacia otra de sus hijas biológicas, una niña de 11 años. Esta situación persistió hasta marzo de 2024, cuando la hija mayor decidió rebelarse y denunciar a su padre ante el Ministerio Público, revelando además que otra de sus hermanas, una de 10 años, había sido testigo presencial de los abusos.
Las niñas adolescentes víctimas fueron asistidas por médicos forenses y psicólogas del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, quienes confirmaron los hechos denunciados y que derivaron en la pena para el agresor.
Los nombres del condenado y de las víctimas se omiten con el fin de proteger la identidad de las menores de edad, según lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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San Alberto: matan al guardia y roban dos cajas registradoras de estación de servicios
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Comisaría 13.ª de San Alberto reportó un hecho de robo agravado y homicidio doloso ocurrido esta madrugada en la estación de servicios con el emblema de Petrobras, ubicada sobre la Ruta PY07, km 83, distrito de San Alberto. Los delincuentes ingresaron a la tienda Spacio 1 de la empresa GFM, de donde llevaron dos cajas registradoras.
Fue víctima fatal Máximo Chamorro Gauto, de 44 años, quien residía en Itakyry. Se desempeñaba como guardia de seguridad en la estación y pertenece a la empresa Grupo Fénix S.A. Fueron autores tres hombres, quienes dispararon al personal de seguridad.
La Policía sospecha que habría existido forcejeo cuando intentaron despojarlo de su arma al guardia y luego los disparos. Una escopeta calibre 12 mm fue robada. En vídeos del circuito cerrado se observa a los hombres, pero la parte en que habrían matado al guardia no puede visualizarse con nitidez.
Todo el local se encontraba cerrado y rompieron la puerta de vidrio de la tienda para acceder a la misma y apoderarse de las cajas, cuyo contenido sería solo billetes de baja denominación, según el reporte.
El personal recibió el aviso después de que los funcionarios llegaron al local para la apertura del local, siendo las 04:30, y encontraron el cuerpo ya sin vida del guardia, tendido en el piso en posición de cúbito central, con rastros de sangre a su alrededor. Fue encontrado en el costado, lado derecho de la tienda.
Los delincuentes habrían llegado a pie al local y se habrían retirado de la misma forma, pero a poca distancia se les habría esperado en un vehículo. Asimismo, en los alrededores de la estación de servicios ya existe un maizal por donde habría pasado para llegar al lugar donde estaba el rodado esperando, según la sospecha de los agentes.
El propietario de la empresa señaló al personal policial que todos los días son depositados en el banco los ingresos y solo quedan bajos montos en las cajas. Se presume que los autores tenían una información equivocada.
El caso fue comunicado al fiscal de turno de la unidad zonal de Minga Pora, Fidel Godoy. Policías de Criminalística y de Investigaciones llegaron al lugar.