La cantidad inusitada de divorcios durante el periodo de aislamiento por el coronavirus en Asunción y otras ciudades de nuestro país ha hecho que la convivencia prolongada entre dos personas se vuelva complicada y en algunos casos termine el cariño entre ambos, lo que ha llevado a la presentación de 31 juicios de divorcios durante la pandemia del COVID-19, de acuerdo al dato proporcionado por la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial.
La avalancha de divorcio que se ha promovido en los diferentes juzgados civiles de Asunción se debe a que muchas parejas han estado juntas en casa durante más de 70 días, lo que sacó a la superficie problemas que estaban anteriormente escondidos.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, desde el 12 de marzo al 14 de mayo se presentaron 31 juicios de divorcio en los juzgados civiles. Esto representa que cada dos días las parejas han decidido poner fin a su relación amorosa e iniciar los trámites legales para separarse.
Con la cifra mencionada, sin duda que el coronavirus es un gran desafío para toda la humanidad, ya sea por evitar su contagio, por encontrar la vacuna o para mantener la relación entre dos personas.
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Igualmente, de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas del Palacio de Justicia, en el año 2019 se presentaron 2.930 juicios de divorcio de mutuo acuerdo, es decir las dos personas están de acuerdo en separase, y 2.640 a petición de parte, lo que implica que sola una de las partes quiere terminar con el matrimonio.
Del mismo modo, en el 2018 se promovieron un total de 2.981 juicios de divorcio de común acuerdo y 2.968 a petición de parte. En el 2017 se promovieron un total de 3.263 de común acuerdo y 3.572 a petición de parte.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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La CSJ y el BNF lanzan nuevo sistema de pagos electrónicos para beneficiarios de juicios
Como parte de una nueva plataforma tecnológica implementada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) buscan reemplazar los tradicionales cheques físicos, marcando un hito en la modernización de los servicios judiciales, informaron desde el Palacio de Justicia.
La iniciativa comenzó a operar desde este lunes 18 de agosto, en el marco de la primera etapa de implementación, en la que os beneficiarios de juicios tramitados en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital podrán recibir sus pagos a través de transferencias bancarias directas.
“El objetivo es ofrecer mayor agilidad, seguridad y comodidad a los ciudadanos. Con esta nueva modalidad, las personas ya no necesitarán acudir a sucursales bancarias para cobrar sus cheques, disponiendo de los fondos de manera directa y segura en sus cuentas”, indicaron.
Manuel Ochipintti, presidente del Banco Nacional de Fomento, informó sobre el sistema a ser utilizado: “Desde hoy se habilita automáticamente una cuenta en el BNF a nombre de cada beneficiario, donde se acreditará el monto autorizado por resolución judicial”. Detalló que este mecanismo garantiza no solo la rapidez en los cobros, sino también una mayor seguridad al permitir que los beneficiarios dispongan de su dinero sin necesidad de trámites presenciales ni manejo de cheques".
Al momento de indicar el proceso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, destacó que “este es un paso fundamental hacia una justicia más accesible y eficiente. Estamos eliminando barreras burocráticas y utilizando la tecnología para beneficiar directamente al ciudadano”.
La plataforma
La dualidad CSJ y BNF ya fue implementada y la plataforma ya fue oficializada este lunes mediante la firma de un convenio interinstitucional en la sala del Pleno de la Corte Suprema. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta primera de la CSJ, doctora Carolina Llanes, y los ministros doctores Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.
“También participaron del acto la licenciada Rosa Liz Chamorro, directora general de la DGTICs de la CSJ, y por parte del BNF, Claudio Bacchetta, miembro titular del directorio; César Vargas, gerente general; Francesco Lemmo, gerente de Operaciones; y Guillermo Acevedo, gerente de Asuntos Legales”, explicaron.
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Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.
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Trump retira a EE. UU. de las reformas de OMS para combatir pandemias
El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.
En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.
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“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.
Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.
Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.
En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.
- Fuente: AFP
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