Una ciudadana identificada como Silvana Torres denunció que una mujer utilizó aparentemente a su hijo menor de edad para ingresar a robar en una vivienda ubicada en el barrio Manorá de Asunción.

La denunciante publicó en redes sociales un vídeo donde se observa a madre e hijo paseándose en el interior de la residencia. Pidió la colaboración de la Policía Nacional y de la ciudadanía para poder identificar a estas personas.

“Entró a la casa de mi mamá el viernes, era la siesta, 14:15 horas y se llevó varios objetos de valor”, expresó. Dijo que lo más vergonzoso de todo es que “entra a robar con su hijo”. El Ministerio Público también tomó intervención en la investigación que busca dar con la ubicación de la mujer.

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En las imágenes se puede ver claramente que la desconocida deja a cargo de la criatura un bolso en las manos, mientras ambos recorren la casa. Primero realizó una minuciosa inspección de la planta baja y luego subió por las escaleras hasta el piso superior, acompañada en todo momento por el chico de aproximadamente siete años de edad.

De manera sigilosa recorrió las instalaciones de la residencia, exponiendo al menor, sin percatarse tal vez de que todo su movimiento estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad.

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Artículo 29 del Ley n.º 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.

Denuncias sobre vulnerabilidad en niños a las líneas telefónicas: 147 #FonoAyuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; 911 (Policía Nacional del Paraguay); 133 (Ministerio de la Defensa Pública); Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) en la municipalidad local.

Seis cuidacoches fueron detenidos en el marco de un operativo liderado por la Policía Municipal de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción. La intervención se realizó en la zona de la Catedral Metropolitana y contó con el respaldo de la Policía Nacional.

Las personas fueron llevadas en calidad de demoradas hasta la sede de la Comisaría Quinta de Asunción, según informó Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia.

“Ahora mismo estamos en la Comisaría Quinta ya levantando el operativo. La Policía está verificando la situación de las personas demoradas y vamos a ver qué decide”, comentó a La Nación/Nación Media.

Explicó que los cuidacoches demorados no quisieron identificarse y además no contaban con su documentación personal. “Estamos empezando otra vez a recibir las denuncias. Creo que por la situación que estaba afrontando la Municipalidad, ellos aprovecharon y empezaron a salir otra vez.

Cuatro fueron demorados en la zona de la Catedral y dos en otros puntos que fueron denunciados”, detalló. Según manifestó, se realizó previamente un trabajo de inteligencia luego de recibir denuncias de roturas de vidrios formuladas por algunos ciudadanos.

“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.

“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.

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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.

El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.

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El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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