En la mañana de este jueves se presentó en la sede del Ministerio Público la mujer detenida tras asesinar a su hijo de solo 42 días de nacido. El hecho se había registrado ayer miércoles en horas de la tarde en el barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby.

La presunta autora del suceso fue identificada como Tania Alejandra Elena Giménez Ocampo, de 21 años de edad, quien, si bien se presentó para su audiencia ante la fiscal Laura Guillen, la misma se abstuvo de declarar.

Si bien se trata de un caso de filicidio, la carátula de la causa abierta para la investigación es la de homicidio doloso, por lo cual se podría exponer a una pena privativa de libertad de entre cinco a veinte años, dependiendo de las circunstancias y agravantes que se tengan en cuenta a la hora del juicio.

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Paralelamente a la investigación abierta para aclarar en qué circunstancias se habría dado el homicidio del pequeño, las autoridades intervinientes también han ordenado que la mujer sea sometida a una serie de pruebas psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si la misma se encontraba en un estado mental vulnerable en el momento de cometer el hecho.

Según las declaraciones de la pareja de la joven, la misma le habría enviado varios mensajes sobre que acabaría con la vida del bebé y posteriormente con la suya, y que posteriormente le envió imágenes sobre el hecho, por lo que alertó a la Policía Nacional para que interviniera, ya que el mismo se encontraba en su lugar de trabajo.

Al llegar los efectivos policiales, encontraron a la mujer sentada en la cama cubierta de sangre y sosteniendo al menor en sus brazos, y los intervinientes tuvieron que arrebatarle al bebé para que fuera auxiliado, ya que ella no quería soltarlo.

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El 11 de setiembre del 2019, a la salida de la Costanera Norte de la ciudad de Asunción, un grupo comando rescató a Teófilo Samudio, alías “Samura”, quien estaba siendo trasladado hasta la Penitenciaría de Emboscada luego de comparecer en el Palacio de Justicia.

Hoy, el capo narco y referente de la facción Comando Vermelho, oriundo de Capitán Bado, departamento de Amambay, goza de libertad en Brasil, pese a los reiterados pedidos de extradición por parte de Paraguay para que pueda ser condenado por narcotráfico.

Samura había sido arrestado en Paraguay el 10 de octubre del 2018, durante un operativo desarrollado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en su estancia ubicada en la localidad de Bella Vista. El hombre ya estaba siendo investigado por narcotráfico desde el 2011 tras recibir cocaína en una pista en Concepción.

Luego de ser capturado por los agentes especiales, se ordenó que Teófilo y sus cómplices permanezcan detenidos en Emboscada por el tráfico aéreo de droga que operaba en Amambay, Concepción y Canindeyú.

El 11 de setiembre, un año después de su captura, debió comparecer en el Palacio de Justicia de Asunción hasta donde llegó, pero sin declarar. Ya cuando el móvil penitenciario estaba volviendo al penal fue emboscado por un grupo comando, integrado por una docena de hombres, quienes liberaron a su líder.

Se presume que Samura ya sabía que debía ser liberado y se presentó en el Palacio e incluso tuvo acceso a un celular. Durante el tiempo que permaneció en el lugar, una camioneta ya estaba rondando la zona, móvil que finalmente lo rescató pasado el mediodía.

El camión que trasladaba a los presos iba escoltado, en principio, por dos patrulleras, pero una quedó por el camino. Cuando llegaron al punto donde fue rescatado, la escolta fue embestida por una camioneta.

Finalmente, otros dos rodados llegaron hasta la escena y rescataron a Samura. Durante el enfrentamiento entre criminales y los miembros de la Policía Nacional, quedaron heridos tres efectivos. Luego se confirmó que falleció el comisario Félix Antonio Ferrari Yudis, quien era jefe de la comisaría primera de Asunción.

En el lugar abandonaron una de las camionetas, con la que inicialmente chocaron a la patrullera. En esta se encontraron varias evidencias como emblemas de la Senad, uniformes falsos y colchones. Posteriormente, los vehículos fueron incendiados y subieron a otros para tomar distintas direcciones.

En el 2021, Samura fue detenido en el municipio de Sinop, estado de Mato Grosso, Brasil, por portación de documentos falsos y arma de fuego. Durante su detención el compatriota convenció a las autoridades del vecino país de que era brasileño. Lo hizo porque sabía que no admiten la extradición de sus connacionales.

Cuando las autoridades de Paraguay se enteraron de su detención, solicitaron la extradición del mismo, pero este fue negado en varias oportunidades. El último rechazo fue en el 2024 y según el documento firmado por los magistrados Edson Fachin y Nunes Marques, hubo unanimidad en cuanto a la improcedencia de la solicitud de la justicia paraguaya.

El 29 de octubre del 2024, Teófilo alías Samura fue liberado en Brasil y abandonó la penitenciaría de Catanduvas gracias al fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) equivalente a la Corte Suprema de Justicia Paraguaya.

La STF ordenó su liberación por haber cumplido con la condena que se dio por posesión de armas y documentos falsos durante su detención. Además, el capo narco habría demostrado ante las autoridades de Brasil su nacionalidad brasileña, por lo que no será extraditado a Paraguay.

Sin embargo, la notificación de código rojo de la Interpol sigue activada en su contra, lo que representa que aún sigue siendo un prófugo de la Justicia en los países asociados con la organización. Samura tiene tres causas abiertas en Paraguay.

Por la liberación de Samura ya fueron condenados a 7 años de pena privativa de libertad Héctor Ramón Lazarte Arguello, Ceferino Encina Esquivel, Lucio Irala Martínez, Jacinto Aquino, Francisco Diosnel Candia Esquivel.

Los hechos punibles que fueron encontrados culpables son por detentación, producción de riesgos comunes, tráfico ilícito, y hechos punibles conexos, de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines.

La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.

Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.

Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.

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El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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