La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió 35 medidas cautelares más a varias empresas proveedoras del Estado que con la citada determinación de la máxima instancia judicial no presentarán su declaración jurada de bienes. Es en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra Ley 6.355, por la cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de las empresas que trabajan con el Estado.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia hicieron lugar a la suspensión de los efectos de la citada legislación hasta que se dicte sentencia en las acciones.
Días atrás la misma sala de la Corte ya hizo lugar a varias medidas cautelares en el mismo sentido donde también fueron beneficiadas numerosas empresas que prestan servicio al Estado. Asimismo, existen más de 70 acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas ante el máximo tribunal de modo a que se declare inconstitucional la Ley 6.355 que modifica la ley que reglamenta el artículo 104 de nuestra Carta Magna.
Igualmente la Corte dio trámite a las acciones, con lo que corrieron vista a la Fiscalía General del Estado, de modo que dictamine en las mismas, antes de dictarse resolución.
La mayoría de las acciones son presentadas por laboratorios, farmacéuticas, empresas constructoras, imprentas, firmas de combustibles, constructoras, frigoríficos, entre otros.
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Paraguay debe apostar por el desarrollo industrial con su energía, dice empresario
El uso interno de la energía paraguaya como motor de desarrollo es lo que marcaría diferencia en la economía, según el empresario y experto en bitcoin, Bruno Vaccotti, quien explicó que Paraguay comenzó a destinar más electricidad a industrias locales, como las criptominerías, porque esto permite que la riqueza generada por la energía se quede en el país.
“Cuando la energía se queda en casa, hay desarrollo. Brasil se industrializó y creció gracias a nuestra electricidad, mientras nosotros seguimos exportándola a un precio muy por debajo del valor real”, manifestó a la 1020 AM.
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Vaccotti cuestionó el precio que Brasil paga por la electricidad de Itaipú, señalando que Paraguay recibe apenas unos 19 dólares por megavatio, un valor inferior al que abonan los consumidores industriales en el mercado local. “Mientras Brasil nos paga 19 dólares, acá las industrias pagan 48, más IVA, IPS y toda la cadena de servicios que impulsa la economía nacional. ¿Por qué seguir regalando nuestra riqueza al exterior?”, dijo.
El empresario destacó el impacto positivo que tiene el uso local de la energía en el empleo y la economía. Puso como ejemplo su propia empresa, dedicada a la minería de criptomonedas, que emplea a 150 paraguayos y trabaja con 23 proveedores nacionales. “Eso genera trabajo, inversión y movimiento económico en distintas áreas. No es solo pagar por la energía, es todo lo que se activa alrededor”, afirmó.
Luego lamentó que algunos sectores aún defienden la idea de vender toda la energía a Brasil. Según él, ese modelo es el que impide que Paraguay desarrolle una industria sólida y diversificada. “Es triste escuchar a compatriotas decir: ‘vendamos todo a Brasil nomás’. Esa mentalidad es la que nos empobreció y frenó nuestra industrialización durante décadas”, aseguró.
Producción
Después cuestionó la idea de que Paraguay es un gran productor mundial de energía. “Estamos en el puesto 21 en generación de electricidad. Lo importante es cómo usamos esa energía para que el país progrese”, indicó e insistió en que el futuro de la economía paraguaya depende de cómo se gestione la energía en los próximos años.
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No hace sentido seguir con un Estado paquidérmico
- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
A nivel país tenemos nada menos que 11 ministerios y más de 17 secretarias ejecutivas, que dependen del Poder Ejecutivo, no justificándose dentro de un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los 6 millones de habitantes.
Pero seguimos en contrapartida con una superpoblación de funcionarios públicos que superan los 350.000 y quienes son los responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que sigan limitados en asignación de recursos, salud pública, educación y obras de infraestructura.
No se justifica que en pleno siglo XXI, donde vivimos en la era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal, que antes que ser una solución implica un retroceso.
Javier Milei, en un país como la Argentina con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas que adoptó ha sido la reducción de la cantidad de ministerios en un 50%, además de otros entes que antes que aportar valor agregado generaban ingentes erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevando a desvincular a miles de funcionarios que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.
Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud y aptitud.
El grado de inversión que nos ha otorgado la calificadora de riesgo internacional Moody’s es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas. Pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro estado paquidérmico y desfasado, en función a lo que nos exige este mundo globalizado.
El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, debe ser el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, lo que estaría permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural a nivel institucional, en donde lo cualitativo juega un rol primario.
Lo mismo ocurre con las secretarias ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?
Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo la mega estructura actual ahora que tenemos la tecnología al alcance de un click, es muy necesario.
Con esto nos podremos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa y salud pública.
El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.
Es una brillante ocasión que se le presenta al Viceministerio de Capital Humano, que debería ordenar a todas las direcciones de organización y métodos (O&M) a que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo y que contribuyan a mejorar nuestra calificación actual de solvencia y tendencia.
La Ley del Servicio Civil ya la tenemos promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro de la misma, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica.
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Corte absolvió a exministros Francisco De Vargas y Luis Rojas, juzgados por lesión de confianza
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y César Garay, anuló las resoluciones de primera y segunda instancia y ordenó la absolución de culpa y pena del exministro de la Senad, Francisco José De Vargas, quien en su momento fue condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza por la comprar de equipos para la Senad.
Igualmente, la máxima instancia judicial anuló la pena de 4 años y 6 meses que recibió el exministro de la Senad, Luis Rojas, al igual que se hizo lugar a la absolución de culpa y pena de otros funcionarios de la referida institución que en su momento fueron condenados en el presente proceso penal.
La Corte sostuvo en su resolución que “en el caso que nos ocupa no se ha podido demostrar el perjuicio patrimonial a la institución Senad, no se ha probado cuál ha sido el impacto económico que tuvo la compra de los equipos sensitivos de rastreo de la marca Cobham proveídos por la Empresa Televox SRL”.
Los ministros mencionan que se ha demostrado que efectivamente se ha realizado el pago por los aparatos correspondientes y que también se ha constatado que los equipos han ingresado al patrimonio de la Senad.
En su momento, un tribunal de sentencia y una cámara de apelación ratificaron las condenas de 3 años de cárcel para De Vargas y 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad de Luis Rojas.
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Sala Constitucional de la Corte registró 1.490 nuevas acciones durante primer semestre del 2025
Entre enero y junio de este año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia registró un total de 1.490 nuevas acciones, cifra que supera en 104 comparando con el mismo periodo del año pasado.
En sesión plenaria de la Corte, el secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, presentó a los ministros y a la ciudadanía un informe comparativo sobre la productividad registrada durante el primer semestre de 2025.
El secretario de la mencionada sala destacó que los ingresos de las acciones se realizaron a través del nuevo sistema de mesa de entrada habilitado en febrero de este año.
En cuanto a los actos del proceso, bajo la presidencia del ministro César Diesel, se registró un superávit de 491 actos en comparación con el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento del 47,3 % y se resalta un aumento en la atención al público.
Pavón detalló que en el periodo señalado se dictaron 952 Autos Interlocutorios (AI), 92 caducidades y se encuentran en trámite otras 392, actualmente en etapa de informe actuarial para su resolución. Este dato representa un aumento de 377 Autos Interlocutorios en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Respecto a los Acuerdos y Sentencias dictados en el marco de procesos judiciales, se emitieron 436 resoluciones. Asimismo, en cumplimiento de la Acordada N° 1148/16, la Secretaría firmó 168 providencias y oficios. Se enviaron además 770 informes solicitados por diversos juzgados y órganos del Poder Judicial, mientras que el total de actos del proceso firmados por la Secretaría ascendió a 1.038.
En cuanto a la atención al público, la secretaría recibió en audiencia a 3.370 personas interesadas en conocer el estado de sus causas, lo que representa un incremento de 1.872 con respecto al primer semestre del año anterior.
Por su parte, la presidencia de la sala constitucional a cargo del ministro Diesel firmó 740 actos del proceso propios de su competencia. Con relación al sorteo quincenal de expedientes en etapa de admisibilidad o en estado conclusivo, se informó que fueron distribuidas 1.390 nuevas acciones. No obstante, el secretario Pavón explicó que se registró una disminución de 414 sorteos respecto al año anterior debido a que actualmente las distribuciones se realizan de manera inmediata, reflejando más fielmente el número real de ingresos.
En lo que respecta al pleno jurisdiccional, se informó el ingreso de dos acciones relacionadas con el Tribunal de Justicia Electoral, seis provenientes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y una de origen en la propia Sala, totalizando nueve expedientes, tres más que en el primer semestre de 2024. Se indicó que las resoluciones del pleno jurisdiccional se mantienen activas, y que varios Autos Interlocutorios se encuentran en fase final de firma para la emisión del fallo correspondiente.
El ministro Víctor Ríos, miembro de la Sala Constitucional, expresó: “Estamos en un momento auspicioso de la Sala, gracias al gran esfuerzo de todos los integrantes. Cabe recordar que la sala constitucional está integrada además por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander Dans.
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