La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió 35 medidas cautelares más a varias empresas proveedoras del Estado que con la citada determinación de la máxima instancia judicial no presentarán su declaración jurada de bienes. Es en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra Ley 6.355, por la cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de las empresas que trabajan con el Estado.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia hicieron lugar a la suspensión de los efectos de la citada legislación hasta que se dicte sentencia en las acciones.
Días atrás la misma sala de la Corte ya hizo lugar a varias medidas cautelares en el mismo sentido donde también fueron beneficiadas numerosas empresas que prestan servicio al Estado. Asimismo, existen más de 70 acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas ante el máximo tribunal de modo a que se declare inconstitucional la Ley 6.355 que modifica la ley que reglamenta el artículo 104 de nuestra Carta Magna.
Igualmente la Corte dio trámite a las acciones, con lo que corrieron vista a la Fiscalía General del Estado, de modo que dictamine en las mismas, antes de dictarse resolución.
La mayoría de las acciones son presentadas por laboratorios, farmacéuticas, empresas constructoras, imprentas, firmas de combustibles, constructoras, frigoríficos, entre otros.
Podes leer: Ramírez Candia es nuevo representante de la Corte ante el JEM
Dejanos tu comentario
Comisarías de oro: causa vuelve a la Corte Suprema
- HOY.COM.PY
La magistrada Adriana Giagni rechazó la inhibición de su par Mario Camilo Torres, argumentando falta de sustento legal sobre su supuesta relación de amistad con el senador procesado Rafael Filizzola, por lo que, el caso queda en manos de la Corte.
El expediente del caso judicial conocido como Comisarías de Oro regresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la camarista Adriana Giagni impugnara de manera oficial el apartamiento de su colega, el juez Mario Camilo Torres.
Torres había decidido distanciarse de la causa aludiendo a un presunto vínculo de amistad con uno de los principales acusados, el actual senador Rafael Filizzola.
Giagni sostuvo que la inhibición presentada por el magistrado Torres carece de los fundamentos y de las pruebas documentales exigidas por el Código Procesal Penal para viabilizar una separación del cargo. Al no acreditarse formalmente los motivos de la supuesta cercanía con el procesado, se generó una discrepancia de competencia que paraliza temporalmente la conformación del Tribunal de Apelaciones.
A raíz de este desacuerdo técnico entre los camaristas, el legajo judicial fue remitido a la máxima instancia judicial del país. La Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de estudiar los antecedentes institucionales y resolver si ratifica a Torres o si, por el contrario, confirma la postura de Giagni dentro del proceso legal, permitiendo así destrabar la conformación de la Cámara que debe resolver las apelaciones pendientes.
Fiscalía sostiene la acusación contra Filizzola
La acusación del Ministerio Público en el caso conocido como las “comisarías de oro” se mantiene firme tras 15 años de proceso, en los que, según la Fiscalía, no se logró desvirtuar la responsabilidad atribuida al exministro del Interior Rafael Filizzola por un presunto perjuicio de G. 1.200 millones al Estado. La Fiscalía afirma que solo una de las 24 comisarías llegó a completarse, con avances generales inferiores al 10 %.
El expediente sostiene que la licitación para la adecuación de 24 comisarías en el Área Metropolitana fue impulsada sin sustento técnico ni planificación previa, lo que habría derivado en un esquema de contratación cuestionado por el fiscal Luis Piñánez.
De acuerdo con la investigación, las obras fueron adjudicadas a la empresa Todo Verde Emprendimientos sin dictámenes técnicos, planos ni verificación de la necesidad de infraestructura, además de registrarse pagos acelerados pese a que las construcciones no estaban concluidas ni recepcionadas.
La acusación señala que en diciembre de 2010 se tramitaron solicitudes de transferencia de recursos por la totalidad del contrato, incluso cuando las obras no habían sido finalizadas, y que los desembolsos se concretaron en un plazo de 24 horas entre enero y febrero de 2011.
Dejanos tu comentario
Mipymes: impacto de la macroeconomía en las empresas se vería a mediano plazo
En el marco del Día Internacional de las Mipymes, el presidente de la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, señaló que el sector aún no percibe un traslado del desempeño macroeconómico al consumo interno, escenario que mantiene una dinámica más lenta en la microeconomía, por lo que todavía requerirá tiempo para que impacte de manera concreta en la actividad cotidiana del rubro.
En ese contexto, indicó a La Nación/Nación media que actualmente también se está impulsando una estrategia de atracción de inversiones, aunque advirtió que este tipo de medidas tampoco genera efectos inmediatos sobre el movimiento económico. Sostuvo que, en el caso de las mipymes, el trabajo realizado durante los últimos cuatro años estuvo orientado principalmente a dar visibilidad al sector y avanzar en herramientas normativas que permitan mejorar sus condiciones de desarrollo.
“Este es un sector muy importante para la economía y hoy con el Ministerio de Industria y Comercio tenemos el mismo sentir de potenciar al sector, de potenciar, el consumo, y la calidad del empleo. Para eso tenemos muchas cosas que mejorar como la formalización, la digitalización, ya que ahí tenemos una brecha muy grande en la que vamos a empezar a trabajar”, dijo.
A su vez, sostuvo que hoy se están sentando las bases para una mejora de la competitividad y productividad del sector, pero aclaró que los resultados económicos no se observarán de manera inmediata. Los avances podrían verse en casos puntuales en el corto plazo, pero el verdadero impacto llegará en el mediano plazo mediante un trabajo conjunto entre el sector público, los gremios y las distintas instituciones.
Te puede interesar: UIP y CAF buscarán impulsar innovación y exportación en mipymes
Avances y articulación
Entre los avances, Tavella mencionó la reserva del 20 % del mercado para las mipymes, medida que ya forma parte del marco legal, aunque aún resta reglamentar el capítulo específico correspondiente al sector. Asimismo, destacó las modificaciones introducidas en la Ley mipymes, que incorporan beneficios especialmente dirigidos a las microempresas, segmento donde se concentra gran parte de los problemas vinculados a la informalidad.
Dijo que será necesario continuar el trabajo de articulación y socialización para que exista una mejor comprensión de las dificultades que enfrentan las empresas más pequeñas en materia de formalización, acceso al crédito, acceso a mercados y digitalización.
Uno de los desafíos apunta a diferenciar la realidad de las microempresas respecto a las pequeñas y medianas y uno de los principales mensajes que buscan transmitir es que hoy la formalización puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.
Por último, el titular del gremio afirmó que operar formalmente facilita el acceso al financiamiento, mejora las posibilidades de ingresar a mercados más exigentes, permite alcanzar mejores precios y fortalece las capacidades para seguir invirtiendo y expandiendo los negocios.
Leé más: Maquinización de Aña Cuá alcanza el 50 % de avance en obras de hormigón armado
Dejanos tu comentario
UIP presenta en Europa resultados de programa que alcanzó a 150 empresas paraguayas
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó en Bruselas los resultados alcanzados a través del proyecto “Transición de empresas paraguayas hacia una producción sostenible y baja en carbono”, una iniciativa que permitió impulsar herramientas de gestión ambiental, medición de huella de carbono y planes de mitigación en el sector productivo nacional.
Los avances fueron expuestos durante el encuentro internacional de partenariados del programa AL-INVEST Verde, que reunió a representantes de 66 proyectos implementados en distintas regiones del mundo para intercambiar experiencias sobre sostenibilidad y competitividad empresarial.
Entre los principales resultados alcanzados en Paraguay se destaca la medición de la huella de carbono en 150 organizaciones, la implementación de 75 planes de mitigación ambiental y la formación de 127 gestores ambientales especializados.
Leé también: BCP registra baja de precio en productos importados en el primer eslabón de la cadena
Además, unas 150 empresas recibieron el Sello Verde Paraguay por incorporar prácticas responsables en su gestión productiva.
La iniciativa fue desarrollada por la UIP junto con la Cámara de Comercio de Valencia, con el objetivo de acompañar a las empresas paraguayas en la transición hacia modelos de producción más sostenibles y alineados con las nuevas exigencias de los mercados internacionales.
Otro de los logros destacados fue la sensibilización de más de 850 empresas sobre la importancia de la sostenibilidad y la creación de la Unidad de Gestión Ambiental de la UIP, una estructura que continuará brindando asistencia y herramientas a las compañías interesadas en mejorar su desempeño ambiental.
“La sostenibilidad se ha convertido en un factor cada vez más relevante para la competitividad empresarial, especialmente en mercados como la Unión Europea, donde las exigencias vinculadas a trazabilidad, emisiones y gestión ambiental adquieren mayor peso en las decisiones comerciales y de inversión”, dice la UIP.
Durante la misión en Bélgica, representantes de la UIP y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) compartieron la experiencia paraguaya con organizaciones empresariales y organismos de cooperación de diferentes continentes, además de explorar oportunidades para futuras alianzas e intercambios de conocimiento.
Te puede interesar: El empleo formal en Paraguay supera los 842.000 cotizantes en IPS
Dejanos tu comentario
Paraguay declara emergencia vial: ANTSV ejecutará medidas y controles tecnológicos
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la Ley 7676/2026, por la cual se declara en situación de emergencia nacional en materia de seguridad vial, en todo el Paraguay debido a las elevadas cifras de siniestros, muertes y heridos de gravedad en las vías públicas. La propuesta legislativa fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional.
Esta legislación encomienda a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la ejecución de acciones y medidas administrativas que sean excepcionales y extraordinarias destinadas a la prevención, fiscalización, control y reducción de accidentes de tránsito.
Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras instituciones del Estado y el fortalecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.
Para lograr estos objetivos, la ANTSV queda facultada para emplear herramientas tecnológicas y coordinar esfuerzos interinstitucionales; conforme a lo que expresa el artículo 2 de la Ley recientemente promulgada. Además, autoriza a implementar los mecanismos operativos, técnicos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emergencia.
Cabe destacar que esta legislación contempla de forma complementaria la realización de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, dispone la implementación de acciones interinstitucionales y complementariamente la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial y para garantizar una pronta y efectiva solución a la situación crítica por la que está atravesando la seguridad vial en el país.
La propuesta legislativa fue presentada por los diputados Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los principales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acelerar la adopción de acciones específicas destinadas a disminuir los índices de siniestralidad y reforzar las políticas públicas de prevención en todo el país.