La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió 35 medidas cautelares más a varias empresas proveedoras del Estado que con la citada determinación de la máxima instancia judicial no presentarán su declaración jurada de bienes. Es en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra Ley 6.355, por la cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de las empresas que trabajan con el Estado.

Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia hicieron lugar a la suspensión de los efectos de la citada legislación hasta que se dicte sentencia en las acciones.

Días atrás la misma sala de la Corte ya hizo lugar a varias medidas cautelares en el mismo sentido donde también fueron beneficiadas numerosas empresas que prestan servicio al Estado. Asimismo, existen más de 70 acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas ante el máximo tribunal de modo a que se declare inconstitucional la Ley 6.355 que modifica la ley que reglamenta el artículo 104 de nuestra Carta Magna.

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Igualmente la Corte dio trámite a las acciones, con lo que corrieron vista a la Fiscalía General del Estado, de modo que dictamine en las mismas, antes de dictarse resolución.

La mayoría de las acciones son presentadas por laboratorios, farmacéuticas, empresas constructoras, imprentas, firmas de combustibles, constructoras, frigoríficos, entre otros.

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