• París, Francia. AFP.

La fiscalía francesa pidió este miércoles 10 años de prisión para el presunto “jefe” de los atracadores de la estrella de telerrealidad estadounidense Kim Kardashian en su habitación de hotel en París en 2016. Aomar Ait Khedache, de 69 años, reconoció su participación, pero siembre ha negado ser el “jefe del grupo”. Sin embargo, es él quien “da las órdenes”, “recluta” y va a Bélgica para revender las joyas, según la fiscal.

Durante el juicio, el principal acusado escribió una carta de disculpas para la víctima, quien lloró al escuchar su contenido. “Lo perdono por lo que ocurrió, pero eso no cambia (...) el trauma”, dijo Kim Kardashian el 13 de mayo. Desde finales de abril, un tribunal de París juzga a diez sospechosos por el atraco a mano armada de joyas valoradas en 10 millones de dólares de la reina de las redes sociales, que la prensa describió como “el robo del siglo”. Al inicio de sus alegatos finales, el ministerio público consideró que “todos son culpables”, pese a que ocho se dicen inocentes. El veredicto se espera el viernes.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado. Hasta el momento, se han detectado y contenido 18 incidentes atribuidos a hacktivistas.

A raíz de la investigación, y con base en la evidencia técnica recolectada por equipos especializados, así como en publicaciones atribuidas a los responsables en la red social X, se ha procedido a la presentación de una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado.

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Desde la institución señalan que los hechos denunciados incluyen accesos no autorizados a servidores, interrupciones en servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero, acciones que podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo vinculados al cibercrimen.

Mencionan que la denuncia podrá ser ampliada en caso de que surjan nuevos indicios sobre eventuales hechos que pudieran derivar en la comisión de posibles delitos, afirma la institución.

El informe señala que el Mitic notificó sobre los recientes incidentes cibernéticos que han afectado a diversas instituciones públicas, en el que actualiza la información sobre el trabajo realizado.

El comunicado indica que desde el momento en que se tuvo conocimiento de cada una de las vulnerabilidades, identificadas a partir del 10 de mayo de 2025, el MITIC, a través del equipo técnico especializado del CERT-PY, ha trabajado en coordinación con los Responsables de Seguridad de la Información de cada organismo afectado.

“Se activaron de inmediato los protocolos de respuesta establecidos para cada tipo de incidente, priorizando la contención y neutralización de las amenazas”, menciona el comunicado.

Asimismo, señalan que actualmente, luego de lograrse la contención de los incidentes, se realizaron análisis exhaustivos y la implementación inmediata de mejores prácticas de seguridad, mediante el uso de herramientas especializadas.

“Este trabajo busca profundizar nuestra actuación, abarcando diversos componentes de la infraestructura de los organismos afectados, con el fin de identificar y mitigar cualquier otra posible vulnerabilidad”, añade el comunicado.

Así también indica que todos los organismos, a través de sus especialistas en Tecnología y Seguridad, han logrado contener los incidentes y se encuentran en proceso de restablecimiento seguro de sus sistemas, con el acompañamiento técnico continuo de los profesionales del CERT-PY.

“Hemos verificado y contenido un total de 18 casos, de los cuales se identificaron trece (13) incidentes de defacement (alteración de la apariencia de sitios web); en dos (2) casos se confirmó la captura de información que el actor de amenazas alega haber extraído durante el ataque —siendo datos de identificación personal, pero no información de tipo bancaria—; y en tres (3) casos, accesos no autorizados“, precisa el informe.

Desde el Mitic confirmaron que las instituciones afectadas fueron el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Justicia (MJ).

Igualmente detectaron ataques a la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Presidencia de la República (Gabinete Civil), el Gabinete Militar, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección General de Migraciones (Repatriados).

La lista continúa con la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Honorable Cámara de Diputados (HCD), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), específicamente la Dirección de Meteorología, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Municipalidad de Pilar, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).

“Reiteramos que las amenazas en materia de ciberseguridad son constantes, al igual que nuestras acciones de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, sostenemos nuestro compromiso con la comunicación responsable hacia la ciudadanía a lo largo de todo el proceso", concluye el comunicado del Mitic.

Para reportar cualquier incidente de seguridad, la institución pone a disposición la vía de contacto a través del siguiente correo electrónico: abuse@cert.gov.py

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El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que el gobierno de Santiago Peña se encuentra avanzando sin inconvenientes en la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo tren de molienda en la localidad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

“Es un proyecto bastante interesante y cumplirá con las expectativas que ellos quieren y el Gobierno puede”, mencionó. La iniciativa deberá ser presentada y socializada con los cañeros en junio.

Por otra parte, el titular de la petrolera estatal se refirió sobre la fallida obra encarada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que debió estar operativa en el 2023 y que tenía como finalidad aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

“Acá hay culpables, se debe apuntar a las cabezas del gobierno anterior, contra el uno y el dos directamente. Yo no apunto tanto a la gente que estuvo en Petropar, se le prometió a los cañicultores cosas de cumplimiento imposible“, lamentó en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, de Unicanal.

El requerimiento de Jara surge teniendo en cuenta que su institución presentó el 7 de mayo pasado una una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en torno a la paralización de las obras durante el gobierno de Abdo Benítez.

“Los proveedores de la fallida obra también se encuentran desesperados. Los cañeros son gente laburadora y estaban pasando mal, por eso hicimos lo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el sector”, remarcó Jara.

Una comitiva policial y fiscal, encabezada por la representante del Ministerio Público, Diana Burgos, procedió al allanamiento de una vivienda en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Areguá, donde, según indicios, funcionaría una clínica clandestina donde incluso se realizan abortos.

La investigación habría iniciado luego de que una menor de 17 años denunciara ante la fiscalía de la ciudad de Luque que su madre la había llevado a ese sitio para practicarse un aborto.

Según los datos obtenidos por los intervinientes, la vivienda funcionaría como una especie de consultorio naturalista donde las personas van para que la encargada ore por ellos y les provea de brebajes para diferentes dolencias. Al lugar acudirían no solo vecinos de la zona, sino de otros puntos del área central, sin contar que también atendería a menores.

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Los intervinientes esperan poder recolectar más datos e incluso pruebas que demuestren la causa investigada. Destacan además que, a simple vista, el lugar no cuenta con las mínimas normas requeridas para realizar procedimientos médicos ni intervenciones complejas como un aborto.

Hasta el momento no se cuenta con más denuncias como la presentada por la menor de 17 años, pero no se descarta que sea el único caso, en especial teniendo en cuenta la popularidad que ha ganado el sitio y la mujer que lo administra con ayuda de otras personas y la agravante de que las menores podrían estar siendo llevadas por sus propias madres.