El Ministerio Público solo espera un informe para presentar imputación contra la ex titular de Petropar Patricia Samudio por el escándalo de la compra de agua tónica para la mencionada institución petrolera.
Ayer, la fiscala de Delitos Económicos Liliana Alcaraz realizó una constitución en una empresa dedicada a la comercialización de agua mineral, donde accedió a documentaciones que confirman la existencia de sobrefacturación en la compra, en el marco de la lucha contra el COVID-19. Dicha adquisición fue realizada por Samudio cuando todavía era presidenta de la estatal.
Durante el procedimiento fiscal se pudo comprobar que cada botella fue adquirida a G. 1.500 y se vendió a Petropar a G. 5.000. Con los documentos que tiene el Ministerio Público se puede verificar que habría empresas de maletín involucradas en el negociado.
Una de esas empresas sería Agroindustrial Fortaleza, esta firma fue la que compró las 3 mil unidades de agua tónica para luego venderlas a una tercera empresa y, a su vez, esta última las volvió a vender a la firma Solumedic, que fue la que finalmente proveyó a la estatal el producto en cuestión.
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Con base en los citados elementos con que cuenta la Fiscalía, se procedería a la imputación de Samudio y varios funcionarios de alto rango que avalaron la compra de agua tónica para la institución del Estado.
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Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia
La autopsia practicada a la mujer y su hijo de 12 años, hallados muertos el domingo tras un incendio en la vivienda en la que residían en la colonia Tupa Rendá del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, confirmaron que ya habían fallecido antes del siniestro. El fuego habría sido originado presuntamente por la expareja de la víctima, Ángel Roberto Lugo Sánchez (32).
Así lo informó el titular de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir. El profesional mencionó que los cuerpos se encontraban calcinados.
Explicó que la autopsia descubrió que la mujer falleció debido a un “degüello homicida efectuado con un cuchillo liso” que afectó ambos paquetes vásculonerviosos, en tanto que, la muerte del niño se produjo como “consecuencia de un estrangulamiento producido con un cable eléctrico”.
En cuanto al último, el médico forense señaló que una vez muerto, y debido al fuego, la parte plástica que envuelve el cable se derritió, quedando expuesto solo el material metálico que se encuentra en el interior del componente eléctrico.
El principal detenido fue imputado por la fiscal Lisa Baeza por feminicidio y homicidio doloso debido a su presunta implicancia en el fallecimiento de su expareja, Vilma Rosana Cabello (38) y del hijo de esta, Leandro Alves Martínez.
La agente fiscal pidió la prisión preventiva del imputado, ya que los resultados de la autopsia fortalecen la “hipótesis de que el imputado ocasionó el siniestro para eliminar las evidencias que pudieran existir luego de que perpetró el feminicidio de su expareja de 38 años y el homicidio del niño de 12 años”, indica la publicación de la Fiscalía
El juez Carlos Flores admitió la imputación e hizo lugar al pedido realizado por el Ministerio Público.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para presunto líder de invasión a Agroganadera Pindó
El Ministerio Público formuló acusación contra Jorge Mercado Méndez y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, en el marco de la investigación por la ocupación ilegal de los inmuebles pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A., ubicados en el departamento de Canindeyú. La acusación fue presentada por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.
La acusación relata que Jorge Mercado Méndez fue individualizado durante la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, por la presunta comisión, en carácter de autor, de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal, en relación con el arma de fuego incautada durante su detención.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que la intervención atribuida a Jorge Mercado Méndez no se limita a su presencia dentro del inmueble ocupado. Los informes policiales incorporados a la investigación lo individualizan como uno de los dirigentes de la organización instalada en el lugar y le atribuyen funciones de dirección y liderazgo dentro del asentamiento Joaju – Primero de Marzo.
La investigación describe la existencia de una estructura organizada dentro de los asentamientos, con dirigentes identificados, grupos de vigilancia, sistemas de comunicación y mecanismos de control de los accesos. El relevamiento policial remitido al Ministerio Público el 29 de septiembre de 2025 registró aproximadamente 450 viviendas dentro de los asentamientos y documentó la existencia de mecanismos organizados de vigilancia y control territorial.
Los antecedentes de la causa se remontan a las denuncias formuladas por Agroganadera Pindó S.A. a raíz de la ocupación ilegal de sus propiedades. Luego de los procedimientos de expulsión realizados en 2013, se produjo el reingreso de ocupantes y la posterior consolidación de asentamientos permanentes dentro de las fincas.
Del mismo modo, Méndez ya había sido imputado en el año 2021 y posteriormente declarado rebelde, disponiéndose su captura. Finalmente, el 11 de febrero de 2026, fue detenido por personal de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Laurel, departamento de Canindeyú. Durante ese procedimiento se incautó una pistola marca Canik, calibre 9 x 19 mm, con cargador y dieciséis cartuchos, evidencia posteriormente sometida a estudios técnicos de Criminalística.
Querella adhesiva
Paralelamente al requerimiento conclusivo del Ministerio Público, Agroganadera Pindó S.A., en su condición de víctima, presentó formalmente su acusación a través de su querella adhesiva, adhiriéndose a la pretensión de llevar a Jorge Mercado Méndez ante un Tribunal de Sentencia.
La acusación de la víctima sostiene que los elementos reunidos durante la investigación permiten someter a debate oral la participación atribuida al acusado en la ocupación organizada de los inmuebles, su presunto rol dirigencial dentro de la estructura asentada en el lugar y el hecho relacionado con el arma de fuego incautada. La empresa continuará ejerciendo sus derechos como víctima dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República, confiando en que las instituciones competentes permitan el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan.
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Investigan presunto robo y venta ilegal de medicamentos del IPS en albergues
La Fiscalía y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) iniciaron con la investigación de lo que sería el presunto robo y luego venta ilegal de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los albergues de la previsional. Esto, a raíz de las denuncias recibidas por algunos pacientes, que derivó en la intervención de los sitios en cuestión.
Según el reporte de la fiscal Hermenegilda Cubilla, se realizó el allanamiento de dos albergues de IPS, donde se incautaron de varias cajas llenas de medicamentos que serían ofrecidos a la venta y que son entregados de forma gratuita en la previsional, Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas.
El primer sitio intervenido fue el albergue 1 de UTI, donde familiares encontraron más de 20 cajas de medicamentos. En el lugar fue detenida una mujer identificada como Dolores Angélica Burgos de García, de 42 años, quien se hace decir cuidadora y que indicó que todos los fármacos fueron donados. En su poder se hallaron dinero, y en un dormitorio encontraron más cajas de medicamentos.
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“En el albergue de UTI 2 encontramos más medicamentos, de ahí se extrajeron dos cajas, pero familiares no permitieron que se pudieran sacar más cajas que tenían las inscripciones del Ministerio de Salud, IPS y Hospital de Clínicas. Había algunos productos vencidos y otros de administración controlada, todos almacenados sin refrigeración” dijo la fiscal en contacto con la 730 AM.
Afirmó que hasta ahora, solo se tiene a una persona detenida, pero que esperan que caigan más dentro del esquema. Agregó que el hecho punible es de comercialización no autorizada de medicamentos y los involucrados se exponen a una expectativa de pena de hasta tres años o multa.
El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, refirió que existe complicidad desde adentro. En este caso, indicó que colaboraron para que estos caigan, por lo que instó a los pacientes a denunciar este tipo de casos. “No es una generación espontánea, hay cómplices desde adentro, lastimosamente son compañeros nuestros y tomaron la decisión equivocada”, puntualizó.
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Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.