La Cámara de Apelación integrada por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos confirmó la absolución de culpa y penal del actual senador liberal Enrique Salyn Buzarquis quien fue enjuiciado por lesión de confianza. En primera instancia el parlamentario corrió la misma suerte.
Los citados camaristas argumentaron que han efectuado un análisis a cabalidad de los elementos probatorios, por lo tanto resolvieron que no existe violación alguna de las disposiciones legales que justifiquen la impugnación, por lo que corresponde confirmar el fallo de primera instancia.
En setiembre del 2019, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García, presidenta del colegiado, Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate, decidió la absolución del senador.
El colegiado concluyó que el Ministerio Público no pudo probar el hecho punible de lesión de confianza, por lo que corresponde dicha determinación, explicó la presidenta del Tribunal.
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Antecedentes
Según la investigación realizada por la fiscala Victoria Acuña, el senador comprometió US$ 600.000 de los recursos del Estado en el 2012, sin autorización de la Presidencia de la República. Acuña sostuvo en su acusación que cuando ocupó la titularidad del MOPC, durante el gobierno de Federico Franco, Buzarquis firmó un acuerdo entre la cartera estatal y la empresa italiana Anas SPA, además de celebrar dos convenios específicos para realizar estudios en el Chaco y en Ñeembucú.
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Comisión Antilavado concluirá su informe final para el 19 de mayo
El pasado 25 de abril finalizó la vigencia de la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
Al respecto, el senador y vicepresidente del bloque, Gustavo Leite, detalló que la comisión aguarda tener listo el documento final que será presentado a ambas cámaras del Congreso Nacional dentro de un plazo de 15 días. “Estamos redactando el informe final, no hay un plazo establecido para su presentación, pero nosotros esperamos tenerlo listo para el próximo 19 de mayo”, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Entre los puntos más resaltantes discutidos por el bloque, encabezado por el senador opositor Dionisio Amarilla, fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.
Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectas a bancos y financieras de posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a esta caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.
Esto teniendo la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.
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Mafia de los pagarés: plantean trazabilidad para evitar fraudes
El vicepresidente de la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, Mario Varela, indicó que se debe analizar la posibilidad de impulsar la trazabilidad de cheques y otros títulos de crédito con la finalidad de evitar fraudes.
Varela afirmó que el establecimiento de un sistema de control y transparencia en la emisión, circulación y ejecución de los pagarés, con el objetivo de frenar la proliferación de fraudes y abusos en su uso, es posible mediante una propuesta legislativa.
“Esto es un tema preocupante y no puede esperar, veremos si podemos plantear soluciones legislativas, yo considero que se debe proponer la trazabilidad efectiva de estos instrumentos para que la realización de estas estafas sean más complicadas. Paraguay es muy vulnerable es por eso que funciona esta mafia", dijo el senador a los medios de comunicación.
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Por otra parte, comentó que en el encuentro previsto para el lunes con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se analizará la posibilidad de que se impulse una serie de acordadas para frenar el avance de la red de estafas.
“Debemos tomar medidas rápidas y concretas como por ejemplo las acordadas. La Corte, está planteando algunas alternativas, pero desconocemos aún de forma oficial sobre qué tratan. Frenar los embargos y descuentos es nuestra prioridad”, comentó.
El día de ayer miércoles, se concretó la instalación de la mesa directiva de la comisión especial y la designación de sus autoridades.Se eligió como presidente de la Comisión al senador Rafael Filizzola; como vicepresidente a Varela; y como relatora a Blanca Ovelar.
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Peña es considerado como uno de los mejores presidentes de la región, afirma Maidana
El senador Derlis Maidana afirmó que el presidente de la República, Santiago Peña, es considerado como uno de los mejores presidentes de la región. El legislador indicó que esa es la percepción en el exterior del presidente paraguayo, por su gestión, y lo calificó que el presidente es la marca país.
“El presidente Peña está haciendo un gran esfuerzo, sabemos que él proviene de un ámbito más bien técnico, un economista devenido a político. El otro día estuve en las elecciones en Ecuador y me sorprendió el concepto que le tienen a él, la marca país es Santiago Peña, es uno de los presidentes mejor vistos en la región”, dijo en entrevista a la 1020 AM.
Destacó el crecimiento económico del país con el actual Gobierno, aunque apuntó a una mayor circulante. “El Paraguay crece económicamente, y lo que todo el mundo en estos momentos reclama, es que haya mayor circulante, que haya mayor obras públicas, el ministro del MUVH también está haciendo un gran trabajo, que haya obras, circulante para que se pueda dinamizar todavía más la economía”, expresó.
Por otra parte, habló de la relación de las bancadas, tanto del Senado como de Diputados, con el presidente, y señaló que siempre existen cuestiones en discusión, sin embargo, el rol natural de las bancadas del oficialismo es apoyar la gestión del presidente. “Mientras estemos en la bancada oficialista, nuestra función es también apoyar y defender al gobierno como lo hacemos, con convicción en todos los puntos”, refirió
Próximas elecciones
El senador Maidana también se refirió a las proyecciones electorales, tanto para las Municipales del 2026, como las elecciones nacionales del 2028, y sostuvo que el Partido Colorado tiene nuevamente grandes oportunidades de una contundente victoria.
“Creo que el sistema electoral favorece mucho al Partido Colorado, en las próximas elecciones municipales, porque todos los candidatos a concejales de las diversas listas deben trabajar por su candidatura a concejal y por el candidato a intendente o intendenta del partido. En ese sentido con absoluta propiedad puede decir que el Partido Colorado como mínimo va a mantener la cantidad de municipios, y te descuidas y va a aumentar”, refirió sobre las municipales.
”Ya sobre las elecciones nacionales, indicó que la gran gestión de este Gobierno llevará al Partido Colorado nuevamente al poder. “A las próximas elecciones nacionales llegamos inmejorablemente, porque si bien hay muchos problemas, este es un país en marcha, un país donde Hambre Cero no teníamos, de 5 mil niños pasamos a 1 millón de niños, hoy la seguridad está bastante fortalecida, la economía es una de las que más crece en la región, el tema de los programas sociales”, sentenció.
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Plantean gratuidad en la expedición de antecedentes policiales y judiciales
El senador colorado Derlis Osorio presentó la propuesta que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedentes policial y judicial. Actualmente, tienen un costo de G. 24.500 y G. 39.236, respectivamente.
“El presente proyecto tiene como objetivo ayudar a un gran segmento de la población que actualmente se encuentra desocupada y que se encuentra en búsqueda de trabajo. Encontrándose como condición para la postulación a cualquier vacancia de un empleo formal, acompañar a su curriculum vitae los certificados de antecedentes policial y judicial", refiere el documento.
El proyecto detalla que la expedición de ambos documentos termina transformándose en una “carga monetaria no menor”, para dicho segmento poblacional a raíz de su condición de desocupación.
“En la actualidad la expedición de los certificados de antecedentes policial y judicial se realiza de manera totalmente informatizada, pudiendo inclusive ser realizado de manera virtual, con lo cual se busca facilitar dicho trámite al ciudadano, pero manteniendo la pesada carga de los costos, lo cual hace en algunos casos de dificil acceso para aquellas personas que se encuentran en delicada situación económica y deben priorizar otros gastos prioritarios para su día a día como ser alimentación, traslado y comunicación“, indica.
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La propuesta tuvo entrada oficial el pasado 23 de abril y deberá ser girada a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Desarrollo Social para sus dictámenes y posterior tratamiento en el pleno.
“No resulta justo que el Estado a través del cobro de tasas a la población desocupada financie el funcionamiento y la expedición de certificados que contienen información contenida en bases de datos obrantes en instituciones públicas, sobre datos personales de las mismas personas solicitantes, más aun encontrándose estas en situación de vulnerabilidad económica”, puntualiza.
Agrega que: “Se convierte este tramite en un gran obstáculo o trampa para la obtención de un puesto de trabajo digno, es momento de comenzar a repensar el Estado y la forma en que este se relaciona con sus mandantes, la ciudadanía".