El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó el día de hoy en su sesión plenaria la designación de los jueces especializados contra el crimen organizado. La propuesta para confirmar a cada magistrado fue del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón.
Como jueces de Garantías contra el crimen organizado Unidad 1 fueron confirmados los magistrados Rosarito Montanía, Lici Sánchez y Gustavo Amarilla. Como Unidad 2 de Delitos Económicos fueron asignados José Delmás, Humberto Otazú y Yolanda Portillo.
Igualmente, los altos magistrados han conformado el Tribunal de Sentencia del referido fuero con las juezas Gloria Hermosa, Dina Marchuk y Mesalina Fernández. Como magistrada suplente estará Claudia Criscioni.
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También se integraron los juzgados de ejecución contra el crimen organizado. Las magistradas confirmadas fueron Yolanda Morel, Rosalía Arias y Sandra Silveira. Mientras que los camaristas que conforman el Tribunal de Apelación del mencionado fuero son Carlos Ortiz Barrios, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, respectivamente.
Todos los confirmados solo esperan que los ministros firmen la resolución para que puedan entrar en vigencia y ya se puedan tramitar los casos de índole contra el crimen organizado en los citados juzgados.
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Titular de la Corte informó sobre el mejoramiento en juzgados Civiles y Comerciales de Asunción
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presentó durante la sesión plenaria de este martes 26 de mayo un informe pormenorizado sobre los trabajos de mejoramiento impulsados en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 1° al 26° Turno de la Capital, ejecutados a través del Departamento de Administración de Fueros.
Entre las acciones desarrolladas se destaca el reciclaje de 6.551 kilogramos de papel y cartón, iniciativa que permitió evitar la tala de 92 árboles, ahorrar 131.020 litros de agua y reducir la emisión de 5.896 kilogramos de CO₂ a la atmósfera.
En ese contexto, el Plan de Mejoramiento consistió en una intervención integral orientada a optimizar la gestión judicial mediante la reorganización de archivos, la depuración documental, la adecuación de infraestructura y el fortalecimiento de las condiciones operativas en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital.
Como parte de estas acciones, se llevó adelante la reorganización y resguardo de 21.221 expedientes, permitiendo optimizar el acceso, control y conservación documental, así como mejorar el orden interno de las dependencias judiciales.
El informe también expuso resultados vinculados a la optimización de espacios físicos y al fortalecimiento de las condiciones operativas de los juzgados intervenidos. En ese marco, fueron procesados 495 bienes en desuso, entre ellos CPU, monitores, UPS, cables, armarios, escritorios y sillas, contribuyendo a una mejor organización de las oficinas judiciales.
Asimismo, se incorporaron 178 bienes nuevos, entre ellos sillas, tándems, escritorios y teléfonos, destinados a fortalecer las condiciones funcionales y operativas de las distintas dependencias.
Los trabajos fueron desarrollados de manera coordinada entre:
- el Departamento de Administración de Fueros
- la Dirección Contable y Patrimonial
- el Departamento de Suministro y Bienes
- la Dirección de Infraestructura
- la Dirección de Derecho Ambiental
- y la Dirección del Archivo General de los Tribunales, en el marco de un esfuerzo institucional orientado al fortalecimiento de los espacios jurisdiccionales y a la mejora del servicio de justicia.
Finalmente, Martínez Simón informó que los trabajos de mejoramiento continúan actualmente en juzgados de la Niñez y Adolescencia, Laborales, así como en juzgados de Garantía y Sentencia del fuero Penal.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Presentan informe parcial sobre intervención en la sección de Estadística Civil
Durante la sesión plenaria, el secretario de la Sala Constitucional y designado como interventor coadyuvante del Departamento de Consolidación de Datos Estadísticos de la Dirección de Estadísticas Judiciales, Julio Pavón, presentó un informe parcial de resultados sobre las medidas adoptadas en la Sección de Estadística Civil, a través del “Informe de Gestión de la Dirección de Estadísticas Judiciales - Sección de Estadística Civil - Circunscripción Judicial de Capital”.
En el documento, se registra un avance aproximado del 70 % en los trabajos de implementación de las mejoras propuestas, en atención a las observaciones formuladas por la Dirección General de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, el interventor explicó que “vengo a presentar un informe parcial referente a la intervención solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de marzo, sobre los puntos que en su momento detectara la Dirección General de Auditoría Interna, en la que hemos adoptado diversas medidas durante estos dos primeros meses”.
Entre las acciones implementadas mencionó la incorporación de un nuevo formulario de autorización para la entrega y retiro de actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Organización Judicial, que dispone que los secretarios deberán presentar personalmente las resoluciones ante esta unidad de estadística.
Indicó que esta nueva proforma permite identificar correctamente a los funcionarios autorizados por los actuarios de los juzgados que remiten las resoluciones a la Sección de Estadística Civil y exige, además, el detalle concreto de las actuaciones remitidas, a fin de preservar la custodia de las actuaciones procesales durante esa etapa de traslado y brindar mayor seguridad en su recepción, procesamiento y devolución.
Informó sobre la puesta en marcha de un nuevo formulario de constancia provisoria de entrada de las actuaciones recibidas y de salida definitiva. Explicó que este instrumento permite contar con mayor precisión respecto a los detalles de la recepción y dejar asentadas las observaciones que pudieran detectarse al momento del procesamiento, con la consiguiente devolución.
Destacó que el proceso simplificado al que se encuentra sometida la sección intervenida comprende etapas bien definidas: recepción, verificación, registro y archivo. En ese sentido, una vez recibida la actuación, esta pasa a la etapa de verificación, que implica el control de sus formalidades externas, tales como número, sellos, firmas y fechas. Solo una vez superada dicha instancia sin observaciones se procede al registro y archivo definitivo.
Igualmente, informó sobre la liberación de la función relativa al registro inicial de las nuevas acciones planteadas en el sistema Judisoft. Al respecto, explicó que se dispuso la exoneración de la carga y registro inicial de las nuevas acciones promovidas ante los distintos juzgados de Paz en la plataforma Judisoft, trasladándose dicha responsabilidad a los actuarios encargados de las secretarías afectadas por la resolución mencionada.
Precisó que esta tarea incidía significativamente en el cumplimiento de las demás funciones asignadas a la Sección de Estadística Civil, sin una justificación actual suficiente, considerando que anualmente ingresaban aproximadamente 35.000 expedientes con ese único fin. Añadió que esta medida permitirá descongestionar el flujo de trabajo y concentrar mayores esfuerzos en las labores propias de la sección.
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Corte destrabó segundo proceso penal por lesión de confianza del exgobernador Hugo Javier
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el segundo proceso penal que enfrenta el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien ya cumple una condena de 10 años de cárcel. Los ministros confirmaron a los miembros del Tribunal de Apelación, reactivando así la causa abierta por un supuesto esquema de corrupción que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 18.300 millones.
Tras esta decisión, el Tribunal de Apelación podrá estudiar el recurso presentado por la defensa de los acusados contra la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. En caso de ratificarse dicho fallo, el exgobernador y los demás procesados deberán afrontar el juzgamiento.
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La defensa buscaba apartar a los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, argumentando que integran el mismo tribunal que intervino en la causa en la que González fue condenado. Sin embargo, la Corte concluyó que no existían fundamentos serios ni jurídicamente válidos para separarlos del caso.
De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados habrían montado un esquema para concretar millonarias transferencias de fondos. Estos recursos debían destinarse a la ejecución de 51 proyectos vinculados al Consejo Regional de Salud de Central y a varias asociaciones civiles.
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