El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó el día de hoy en su sesión plenaria la designación de los jueces especializados contra el crimen organizado. La propuesta para confirmar a cada magistrado fue del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón.
Como jueces de Garantías contra el crimen organizado Unidad 1 fueron confirmados los magistrados Rosarito Montanía, Lici Sánchez y Gustavo Amarilla. Como Unidad 2 de Delitos Económicos fueron asignados José Delmás, Humberto Otazú y Yolanda Portillo.
Igualmente, los altos magistrados han conformado el Tribunal de Sentencia del referido fuero con las juezas Gloria Hermosa, Dina Marchuk y Mesalina Fernández. Como magistrada suplente estará Claudia Criscioni.
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También se integraron los juzgados de ejecución contra el crimen organizado. Las magistradas confirmadas fueron Yolanda Morel, Rosalía Arias y Sandra Silveira. Mientras que los camaristas que conforman el Tribunal de Apelación del mencionado fuero son Carlos Ortiz Barrios, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, respectivamente.
Todos los confirmados solo esperan que los ministros firmen la resolución para que puedan entrar en vigencia y ya se puedan tramitar los casos de índole contra el crimen organizado en los citados juzgados.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Feminicidio en Lambaré: joven de 22 años es acribillada y buscan a su expareja
Un nuevo caso de feminicidio vuelve a conmocionar este viernes tras el asesinato de Daysi Paola Giménez, de 22 años, quien fue atacada a balazos en la vía pública mientras se dirigía a su puesto de trabajo en un minimarket de Lambaré. El principal sospechoso del crimen es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien se encuentra con paradero desconocido y ya contaba con denuncias previas por violencia intrafamiliar.
El cobarde ataque ocurrió cerca de las 22:40 de anoche en la intersección de las calles Ybyra Pyta y Diego García. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un automóvil blanco le cerró el paso a la joven. Un hombre descendió del rodado y comenzó a perseguirla a los tiros mientras ella intentaba desesperadamente huir y pedía auxilio a gritos.
La víctima cayó al pavimento malherida y el agresor la remató a quemarropa tras percatarse de que aún presentaba signos de vida. Según el reporte de los peritos de Criminalística, el cuerpo de la joven presentó dos impactos de bala en la cabeza y un proyectil adicional a la altura del brazo.
Investigaciones policiales confirmaron que la víctima ya había formalizado una denuncia contra Duarte por hechos de agresión. Ambos habían mantenido una relación de convivencia en la ciudad de Capiatá, pero tras la separación, el hombre comenzó a hostigarla y amenazarla sistemáticamente al no aceptar el fin del vínculo, desenlace que trágicamente derivó en este mortal atentado.
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Balística confirma: arma usada en Eusebio Ayala es del asalto en San Pedro del Paraná
El arma de fuego utilizada para ocasionar la muerte de Rebeca Martínez y el intento de asesinato de Carolina Raquel Aguilar, tras una jineteada el pasado 28 de setiembre en Eusebio Ayala, fue robada durante un asalto en perjuicio de un comerciante en un motel en San Pedro del Paraná.
La víctima resultó ser el propietario del motel Siete Lunas, de nombre Facundo Ramos Sanabria (75), tío de Alcides Ramos, alias “Ka´i", uno de los cinco implicados en el crimen ocurrido en la localidad de Eusebio Ayala.
Para la Policía, el caso del crimen está prácticamente cerrado, más aún con este último procedimiento en que se comprobó que el arma usada (revólver) fue sustraída durante un asalto en el departamento de Itapúa, ocurrido en la madrugada del martes 22 de setiembre pasado, en donde la banda de Júnior Delvalle además robó dinero.
El comisario Luis López, jefe del departamento Contra el Crimen Organizado, confirmó que las investigaciones están casi cerradas, más con la comprobación del uso del arma en el crimen contra las dos mujeres en la ciudad cordillerana.
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El trasfondo del atentado sería una “venganza”, según se dijo ayer martes durante una conferencia de prensa convocada por autoridades de diversas unidades policiales, para dar a conocer los avances en la investigación por el atentado a tiros ocurrido en la ciudad cordillerana.
Por el caso, están detenidas cinco personas: Édgar Clodomiro Rodríguez, alias “Chule” (28); Alcides Ramos Osorio, alias “Ka’i”, (39); Braian Matías Funes Galeano, alias “Mati”, (26), José Quintín Velázquez Martínez, (44), y Júnior Delvalle (30), capturado en el transcurso de las últimas horas.
Asimismo, ayer encontraron en la cima del cerro Piribebuy dos camionetas que pertenecerían a Junior Delvalle, líder de la banda criminal que en su haber tendría nada menos que diez asaltos, según la Policía.
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Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
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