La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el hábeas corpus presentado por el comisario José Dolores Amarilla, condenado a 15 años de cárcel junto con otras siete personas por el robo a la empresa Prosegur. El fallo fue firmado por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes. Con la referida resolución se ratifica la prisión preventiva del sentenciado.
El abogado Leonardo Garófalo, defensor de Amarilla, planteó el hábeas corpus buscando obtener la libertad de su representado, esta situación no se dio en vista a la decisión de la máxima instancia judicial. El ex jefe policial está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, cumpliendo su condena por el robo de G. 1.850 millones a la empresa recaudadora de caudales.
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Además de Amarilla, también fueron condenados a 15 años de cárcel Osvaldo Ayala, Jhony Díaz, Pablo Díaz y Antonio Alcaraz. Mientras que fueron sentenciados a 10 años de prisión Yoni Mereles, Hernán Zelaya y Alfredo Vigneaux.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
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Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
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“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Filtración Seprelad: en puertas de destrabar proceso penal de Mario Abdo y su gavilla
El proceso penal por siete hechos punibles que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe destrabarse en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de sala son los ministros de justicia Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.
Los altos magistrados deben resolver la recusación infundada que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.
El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabinete del ministro Diesel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disidencia, para luego emitir su voto el ministro Ramírez, sobre el planteamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.
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Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recusación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los camaristas, estos deben decidir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que cuando sea confirmada, deberá estudiar más doce chicanas presentadas por los abogados de los imputados en el presente caso.
Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar incidentes dilatorios, debido a que la imputación fiscal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.
Entre las chicanas que se presentaron en el referido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.
Imputación
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Documentos confirman a Líder Amarilla en empresa denunciada por usura
Documentos proveídos por la Abogacía del Tesoro revelan que el actual senador liberal Líder Amarilla figura con un 90 % de las acciones en Terranova Inmobiliaria SA, empresa que prestó G. 250 millones en efectivo a un concejal de Itá, que a pesar de haber honrado la deuda y los intereses fue despojado de su casa, vehículos y otros bienes que equivalen a más del doble del valor que le había otorgado la prestamista.
- Por Rossana Escobar M.
- rossanaescobar@nacionmedia.com
Cuando se pensaba que la denuncia por usura del concejal de Itá, Fidel León, contra el senador liberal Líder Santiago Amarilla se reduciría en su palabra contra el legislador, ya que si bien en la empresa que le prestó G. 250 millones que terminó devolviendo más del doble, figuran familiares, contratistas de su administración en Villa Elisa, operadores políticos, empleados, hasta ahora no había aparecido el nombre del parlamentario en los papeles. Sin embargo, documentos proveídos por el Ministerio Economía y Finanzas a través de la Abogacía del Tesoro confirman la participación de Líder Amarilla en Terranova Inmobiliaria SA, empresa de usura, con un 90 % de acciones, según se puede ver en la Declaración Jurada de Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales.
En la infografía se grafica la sociedad en la que figuran la primera esposa, la actual pareja, el excuñado, la actual cuñada, la hermana y demás familiares, operadores políticos, vendedores de la playa de autos del senador liberal. Representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades del propio Amarilla, aparecen en cargos privilegiados en Terranova Inmobiliaria SA.
Sergio Manuel Espínola, el chofer “de oro” contratado por Líder Amarilla como modesto jornalero en la Municipalidad de Villa Elisa, figura como presidente de Las Primas SA y Mármol SA, contratistas privilegiadas del senador y el gobernador liberal. Sergio Manuel es actualmente funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar y en documentos aparece con el 10 % de las acciones de Terranova Inmobiliaria SA, ninguna de las empresas fue declarada a la Contraloría.
El concejal León denunció penalmente por usura y estafa al senador Líder Amarilla por el préstamo de G. 250 millones que le otorgó, operación que tuvo como acreedora hipotecaria a Terranova Inmobiliaria SA. El legislador había negado el vínculo con la empresa y calificó como “chismes” las publicaciones de nuestro medio, sin embargo, los papeles lo confirman como parte principal de la sociedad.