Se suspendió la audiencia preliminar para 14 acusados por tráfico internacional de drogas, comercialización, posesión y extorsión agravada en el marco de la investigación por el Operativo Espada, que arrojó varios detenidos y la incautación de más de 300 kilos de cocaína. La diligencia judicial se tenía que llevar a cabo ante la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.
La diligencia judicial se pospuso por pedido del abogado Julio César Verón, representante legal del procesado Aldo Miguel Rodríguez. Igualmente, otro de los motivos de la suspensión fue que el expediente judicial no se encontraba en el juzgado por incidentes que se presentaron en el presente caso.
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En el marco del Operativo Espada, realizado en el departamento de San Pedro, el Ministerio Público había imputado a Amado Pérez Marecos (presunto líder de la banda), Ramón Giménez Velázquez, Luis Candia Zelada, Oscar Figueredo Valdez, Carlos Escobar, Cesar Benítez Fleitas, Cristino Aranda, Aldo Rodríguez, Édgar Diosnel Sosa, Juan José Benítez, José David Alonso Salinas, Pablo Cabrera Escobar, Víctor Daniel Dávalos Peralta y Antonio Joel Quiñónez.
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Fuga en el penal de Emboscada: cuatro guardias fueron detenidos y no descartan más implicados
El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos en la madrugada del domingo. En el caso ya hay cuatro guardiacárceles detenidos, sospechosos de ser cómplices del hecho.
Pero, al margen de los agentes penitenciarios que están siendo objeto de investigación, no se descarta que haya más funcionarios involucrados. “Acá hubo complicidad. Estamos seguros de que hay más responsables que deberán responder a la justicia”, expresó este lunes el ministro Rodrigo Nicora, en diálogo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida fue adoptada en base a todos los hechos que se fueron desencadenando con la investigación realizada con acompañamiento del Ministerio Público.
“La fiscal Fabiola Sosa está haciendo un trabajo excelente”, resaltó Nicora. La representante del Ministerio Público lleva adelante un trabajo conjunto con el viceministro y con el equipo del Ministerio de Justicia.
“En base a eso, al detectarse irregularidades complementarias a la fuga, nos da cuenta de una imperiosa necesidad de intervención completa de la cárcel Martín Mendoza, por las irregularidades que fueron detectadas”, apuntó el secretario de Estado.
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El equipo interventor se constituyó esta mañana y dio las primeras órdenes a tomar a fin de dilucidar el hecho. “Independientemente a la investigación de cuáles fueron los hechos, el director es apartado en este momento de su cargo”, informó el titular de Justicia y añadió que irán revisando la cadena de responsables.
Seguir la cadena de responsables
“Si bien es cierto que es el primer hecho ocurrido en Martín Mendoza, consideramos importante la intervención y luego seguir la cadena de responsables”, puntualizó. Asimismo, el ministro Nicora afirmó que en este tipo de situaciones juega un papel fundamental el factor humano más allá de que el penal cuente con una estructura de primer nivel y un régimen de máxima seguridad.
“Acá hay más responsables. En el penal hay 23 administrativos, 230 funcionarios de seguridad que van por turno, y eso tiene que ser revisado ampliamente, porque se debe cumplir estrictamente un protocolo, que no se cumplió”, aseveró.
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Cuatro guardiacárceles detenidos por presunta complicidad en la fuga del penal de Emboscada
Suman cuatro personas detenidas sospechosas de ser cómplices de la fuga de dos reos del penal de Emboscada el fin de semana, confirmó este lunes el comisario Juan Agüero, director de Prevención y Seguridad. “La Policía Nacional en pleno acudió al lugar, una vez que tuvimos conocimiento de lo acontecido y tenemos hasta el momento cuatro detenidos y la incautación del aparato celular del director del penal”, informó el jefe policial en conferencia de prensa.
Los detenidos son: Héctor Enrique Ozuna Giménez, Carlos Martín Agüero Cáceres, Pedro Antonio Balbuena Gayoso (32) y Leandro David Guzmán Maidana (28), todos funcionarios penitenciarios. Con respecto a los fugados, el jefe policial dijo que hasta el momento la gente de Crimen Organizado está teniendo algunos indicios de dónde podrían estar. “Tenemos buenas pistas”, aseveró.
Los sujetos son considerados personas de alta peligrosidad pertenecientes a grupos criminales bastante conocidos. “Uno de ellos tuvo un enfrentamiento con la gente de Antisecuestros, el otro es perteneciente supuestamente al clan Rotela”, precisó el uniformado.
Investigación administrativa
Ambas personas privadas de libertad se fugaron en la madrugada del domingo del Centro Penitenciario Martín Mendoza, según informó el Ministerio de Justicia. Se trata de Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, quienes estaban alojados en el Módulo 7 del establecimiento penitenciario.
La fuga se habría registrado alrededor de la 01:00. El Ministerio aclaró que el módulo donde se encontraban los internos no corresponde al sector de máxima seguridad. Tras conocerse el hecho, se activaron los protocolos de seguridad y se iniciaron tareas de búsqueda, rastreo y localización, en coordinación con la Policía Nacional.
Además, el Ministerio de Justicia anunció la apertura de una investigación administrativa para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar si hubo posibles responsabilidades. La institución advirtió que, si se comprueba la complicidad de funcionarios penitenciarios, se aplicarán las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales.
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La Policía anunció un operativo especial de seguridad para la protección de comercios y bancos
La Policía Nacional realizó este lunes el lanzamiento de un Dispositivo Especial de Seguridad para la cobertura de entidades financieras y bancarias, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana.
“En primer lugar, tendremos control de barreras en puntos vulnerables, críticos, donde vamos a estar teniendo personal de prevención como así también elementos tácticos”, explicó el comisario Juan Agüero, en conferencia de prensa.
En forma complementaria, la motorizada va a salir a las calles para reforzar la seguridad de la ciudadanía. “Vamos a tener motos de la Agrupación Especializada para coadyuvar, evitar o disuadir en caso de tener motochorros”, indicó el director de Prevención y Seguridad.
El jefe policial resaltó que con esta medida anticiparán el Operativo Año Paha, “porque queremos que todos los ciudadanos se sientan bien al salir a realizar sus compras o hacer algunas transacciones en los entes financieros o bancarios”, expresó el uniformado.
Aclaró que no serán descuidados despensas y supermercados de barrios, donde realizarán patrulla constante a fin de evitar robos y asaltos.
Añadió que si bien están sacando personal táctico, continuará la parte preventiva en los barrios, en los centros comerciales, en todos lados. Asimismo, mencionó que formarán parte de este procedimiento agentes especializados en explosivos y tiradores, quienes estarán desplegados en los alrededores de cajeros automáticos, bancos y financieras.
“Van a estar patrullando permanentemente verificando cajeros electrónicos y también tiradores van a estar en los patrulleros, con la gente de prevención vamos a dar respuesta inmediata a todo lo que pueda acontecer”, subrayó Agüero.
Para el efecto, cuentan con un protocolo del horario de movimiento de dichos comercios y para el transporte de caudales trabajarán en posta durante todo el trayecto, llámese en rutas nacionales e internacionales.
Apoyo del grupo Lince
Además de elementos tácticos y motorizados también contarán con el apoyo del grupo Lince y la gente de Prevención. “Va a ser una tarea conjunta. En este caso vamos a usar la premisa “todos a la calle”, que nadie queda en las comisarías, solamente los oficiales de guardia y los ayudantes”, apuntó el comisario.
Esta medida fue adoptada tras un intento de atraco a un cajero automático de San Lorenzo la semana pasada y se irá intensificando cuando se acerquen las fiestas de fin de año, indicó el jefe policial.
“Esto iniciamos ahora y va a ir aumentando de a poco porque la fecha comienza con los pagos de aguinaldo, los sueldos, que reciben todas las instituciones públicas y privadas, entonces, nosotros también aumentamos. Empieza la alerta de seguridad o el Operativo Año Paha”, detalló.
En ese sentido, pidió que las empresas, comercios, financieras o bancos soliciten el acompañamiento de la policía para reforzar su seguridad ante la amenaza de delincuentes, quienes actúan sobre todo a bordo de motocicletas, puntualizó.
“Famoso que ahora en moto están actuando, sorprendiendo a la gente de bien que va a hacer algún depósito o extracción. Y nosotros le brindamos seguridad, una vez que ellos nos convoquen o nos avisen”, aseveró.
La seguridad se intensificará en los departamentos donde hay más caudal o más movimiento de centros comerciales, llámese Central, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú además de capital. El 18 de diciembre egresarán 5 mil nuevos efectivos policiales, que van a estar saliendo a las calles, a reforzar el departamento Central y capital.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.