El juez penal de Garantías de turno Miguel Bernárdez decretó el arresto domiciliario del gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, procesado por violar la cuarentena sanitaria. Asimismo, el citado magistrado dispuso que el imputado sea sometido a la prueba del COVID-19 y en caso de dar negativo a la misma podrá salir para ir a trabajar en la Gobernación de Central.
La resolución del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado penal de Garantías de San Lorenzo, donde funciona la oficina de Atención Permanente de Central.
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Hugo Javier se presentó esta mañana con su abogado Fausto Portillo ante la fiscala Sandra Ledesma donde tuvo la posibilidad de declarar. Una vez terminada la diligencia fiscal, el gobernador fue trasladado hasta la sede del juzgado donde se dispuso que el procesado guarde reclusión domiciliaria.
La fiscala Mirtha Ortiz imputó a Hugo Javier González por violar la cuarenta sanitaria debido a que supuestamente se realizó una fiesta dentro de la sede de la gobernación ubicada en Areguá.
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Deudas, demandas, remates y nuevo movimiento en el PLRA
Ocho millones de dólares en concepto de deudas, inmuebles rematados por créditos impagos, destino incierto de subsidios partidarios, sobrefacturaciones en compras de combustibles, constituyen algunos de los rubros que llevaron al PLRA a un estado financiero catastrófico.
Sobre este escenario problemático, en la principal fuerza de la oposición surge la pregunta de, ¿dónde está Efraín Alegre? La interrogante se levanta en momentos en que la golpeada nucleación azul tantea soluciones al problema en que está sumida, según una publicación del portal digital HOY.COM.PY
En medio de este escenario, uno de los que prematuramente está movilizando su proyecto para hegemonizar el aparato liberal es el gobernador Ricardo Estigarribia, quien anunció el lanzamiento de su movimiento Nuevo Liberalismo, el fin de semana pasado.
Señaló que la base dirigencial de su movimiento está integrada por parlamentarios azules de diputados, senadores, dos gobernadores (el mismo y el de Itapúa, Francisco Pereira), 50 intendentes municipales y 170 concejales.
Estigarribia admite que el partido opositor está ausente de planteamientos y debates de temas que interesan a la ciudadanía. “Nuestro proyecto apunta a poner de vuelta al PLRA en el debate y propuestas de grandes temas nacionales”, dijo Estigarribia, en conversación con periodistas.
El primer escalón al que aspira el nuevo movimiento se descuenta que serán las municipales de 2026, y automáticamente después las presidenciales de 2028.
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Preocupa que imputaciones se den solo a intendentes colorados
El Comando de Honor Colorado se reunió este lunes 6 de mayo y abordó diversos puntos, entre ellos, las imputaciones que se están dado únicamente a intendentes colorados por déficit en infraestructura en sus respectivas ciudades. Genera preocupación que jefes comunales de otros partidos políticos no sean sometidos a la justicia por este mismo tipo de hechos, según manifestaron.
“Un tema preocupante es la imputación a intendentes por casos de infraestructura, nos preocupa un poco porque una cuestión que estamos viendo es que parece monocromática porque solamente a los intendentes colorados le están imputando con respecto a estos hechos, es un tema para debate”, expresó Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y miembro del Comando.
González mencionó que desenlaces fatales a causa de sucesos meteorológicos, no se dan únicamente en Paraguay y señaló que incluso Brasil en este momento está sufriendo de inundaciones, por lo cual se debe analizar minuciosamente si realmente amerita la intervención de la justicia en todos los casos.
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“Estoy de acuerdo de que en lugares críticos se tienen que hacer trabajos y es lo que corresponde, pero en este caso de Luque ese lugar nunca fue crítico sino que por la cantidad de lluvia se dio esa situación. Al margen de eso, lo único que pedimos es que a todos se les mida con la misma vara porque sino es una cuestión de colores nada más”, sostuvo.
Desde el Comando advierten que estas imputaciones propician connotaciones políticas en algunos sectores, por lo que se debe tener cuidado y cuestionaron que jefes comunales de otros partidos políticos, no fueron imputados pese a que en sus distritos, también se produjeron hechos de grave magnitud debido a la falta de infraestructura adecuada para soportar las intensas lluvias.
“Yo vi situaciones que se dieron en Limpio y no pasó absolutamente nada. Días antes de la imputación al intendente de Lambaré, los jefes comunales colorados pidieron una reunión con el presidente del partido, advirtiendo de esta situación, que de darse una imputación de esta manera como iba a afectar a los colorados”, dijo González.
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Asimismo, refirió que esto puede significar un peligro para los administradores, dado que puede ir escalando e ir hacia gobernadores, ministros e incluso al presidente de la República. “Por eso hay que tener cuidado”, afirmó a la 1080 AM. Por otro lado, el Comando también abordó la posibilidad de plantear algunas cuestiones para la reforma del Código Electoral y sobre una reunión en la Junta de Gobierno para analizar proyectos que lleva adelante el gobierno nacional.
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“Trabajamos donde las carencias son más urgentes”
El gobernador del departamento de Boquerón, Harold Bergen, conversó con La Nación/Nación Media acerca de las labores interinstitucionales que se impulsan entre diversos gobernadores, con el objetivo de trabajar juntamente con respecto a las carencias compartidas entre cada territorio: falencias en los caminos.
“Los trabajos son coordinados con ayuda del vicepresidente Pedro Alliana, quien se hace eco de nuestras necesidades y colabora con la articulación de proyectos”, resaltó el jefe departamental, destacando los avances iniciales que ya pueden observarse sobre los caminos departamentales.
Puntualizó de este modo que a través de las gestiones del segundo al mando es posible diseñar planes efectivos en términos de conectividad vial, lo cual representa la necesidad compartida entre los diferentes ejecutivos departamentales. Destacó así la importancia de mantener dichas conectividades.
“Desde el año pasado empezamos con los pedidos de maquinarias para arreglar caminos y habitualmente mantenemos reuniones con el vicepresidente para trabajar sobre estas necesidades urgentes, teniendo en cuenta que es nuestro nexo directo”, manifestó el jefe departamental.
El gobernador indicó que la situación resulta preocupante para los jefes departamentales, más aún teniendo en cuenta que afecta de manera directa a la conectividad entre diversos territorios. Remarcó que la posibilidad de contar con caminos de calidad aún constituye una prioridad constante para las gobernaciones.
“En Boquerón tenemos 7.000 kilómetros de tierra y nos encontramos trabajando donde las carencias y necesidades son más urgentes y dónde podemos ejecutar las soluciones primero”, ejemplificó, resaltando los avances que ya pueden observarse, tras administraciones productivas.
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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).