El juez de Paz de General Elizardo Aquino de la Circunscripción Judicial de San Pedro, Ramón Ríos, sustanció a través de medios telemáticos una audiencia de violencia doméstica, en la que dispuso que el presunto agresor se mantenga alejado de la víctima.
A fin de comunicar su decisión, el mismo realizó una videollamada y explicó a las partes que el denunciado tiene prohibido el acceso a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la denunciante.
Asimismo, autorizó que el supuesto agresor pueda acudir hasta el domicilio de la víctima para retirar sus objetos personales. Aquino remitió su resolución a la comisaría del distrito a fin de hacer cumplir la disposición.
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Además destacó la importancia del uso de la tecnología para estos casos, porque al realizar la audiencia a través de medios telemáticos se evita la revictimización de la denunciante y la justicia cumple con su rol de proteger a aquellos que acudan a ella.
Durante la pandemia del COVID-19, cientos de audiencias se realizaron a través de estos medios y agiliza el sistema de justicia actual.
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Caso Metrobus: juez admite imputación contra exministro Arnoldo Wiens
El juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas, y actual precandidato presidencial por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, por el presunto delito de lesión de confianza. Asimismo, fijó para el próximo 12 de marzo a las 8:45 la audiencia para llevar adelante la imposición de medidas.
De acuerdo al documento firmado por el magristrado, la admisión es solo respecto al hecho de lesión de confianza, no así en relación al de daños a obras o medios técnicos de trabajo.
En tanto, el Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, libertad ambulatoria mientras dure el proceso judicial.
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El juez de Delitos Económicos admitió parcialmente la imputación que fue ratificada por los fiscales Giovanni Grissetti, Natalia Silva y Yeimi Adle, quienes ratificaron la imputación, argumentando que el acta es válida y cumple con todos los requisitos necesarios para el inicio de una investigación formal.
El exministro Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones. Según la imputación, este no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.
Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.
Antecedentes
Esta imputación había sido rechazada por el juez Osmar Legal, que había reemplazado a Otazú de forma interina, alegando que los fiscales no especificaron los incisos de los tipos penales señalados. Sin embargo, la devolución se da ahora de la misma manera.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo para el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez. En este caso, la audiencia para el análisis de esta solicitud quedó marcada para el 16 de marzo.
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Caso Tajy: Prieto recurre a nueva chicana para dilatar su audiencia preliminar
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspender de nuevo su audiencia preliminar recusando al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.
La audiencia se encontraba fijada para este miércoles 4 y jueves 5 de marzo, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
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“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
Otros acusados
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.
La audiencia preliminar ya viene siendo suspendida desde el año pasado. El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19 y la imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez.
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Ypyta: piden celeridad a juez para realizar constitución en inmuebles de PJC
La abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la firma Ypyta, solicitó al Juzgado en lo Civil y Comercial de Asunción, a cargo del juez Édgar Rivas Laguardia, en el marco del juicio caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, que libre los oficios correspondientes al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicada en el departamento de Amambay.
El pedido obedece a que el pasado 19 de febrero se ordenó realizar dicha constitución; sin embargo, hasta la fecha, el cuestionado juez de primera instancia, Édgar Rivas —de dudosa actuación en el presente juicio—, no ha librado los oficios pertinentes para ejecutar la diligencia en la propiedad en litigio.
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Asimismo, la representante legal de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que proceda a constituirse en los bienes raíces individualizados precedentemente, en conjunto con el Juez de Paz del Distrito de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para tomar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis u otros medios documentales pertinentes para describir el estado de los bienes y de las personas halladas en ellos, labrando acta detallada de lo actuado para elevar el informe escrito al Juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es sumamente importante, considerando que la situación de los inmuebles se dio en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al Juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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Dan a conocer diagnóstico y acciones frente a la violencia de género digital en Paraguay
La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras (RMPCPy) dio a conocer el informe “La palabra en disputa: Diagnóstico y acciones frente a la violencia de género digital en Paraguay”.
Se trata de un estudio que analiza la violencia de género en entornos digitales como una continuidad de las violencias históricas que han limitado la participación de las mujeres en el espacio público.
Documenta cómo el hostigamiento en línea contra periodistas y comunicadoras limita la libertad de expresión, genera autocensura y debilita la calidad democrática.
Además, el documento examina cómo estas prácticas afectan particularmente a periodistas y comunicadoras, buscando desacreditar su trabajo profesional y dañar su vida privada, identidad e integridad mediante insultos, campañas de difamación, amenazas, exposición de datos personales y otras formas de hostigamiento en línea.
A nivel nacional, la encuesta “Situación de las periodistas y comunicadoras”, realizada por la Red en 2022, reveló que ocho de cada diez comunicadoras sufrieron acoso sexual, principalmente ejercido por personas en posiciones de poder dentro del ámbito laboral.
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En 2023, organizaciones como Tedic identificaron múltiples formas de violencia digital contra periodistas y advirtieron que los ataques se intensifican cuando cubren temas sensibles como corrupción, derechos humanos, género o diversidad sexual.
El informe “La palabra en disputa” se apoya en entrevistas en profundidad a cinco mujeres con voz pública: periodistas y comunicadoras paraguayas de alto perfil, quienes describen impactos concretos de esta violencia en su vida íntima y en el ejercicio de su profesión. Autocensura, retraimiento en redes sociales y modificaciones en sus decisiones editoriales para priorizar su seguridad son algunos de ellos.
Además del diagnóstico, la publicación incorpora kits de seguridad digital dirigidos a periodistas y comunicadoras, con recomendaciones y herramientas prácticas para fortalecer la protección de datos, la gestión segura de redes sociales y la prevención de riesgos en entornos digitales.
La violencia digital contra mujeres periodistas no es un fenómeno aislado. Sus efectos reducen la capacidad de fiscalizar al poder, restringen el debate público y afectan directamente la calidad democrática, señala el documento.
Para acceder al documento en línea se puede ingresar en https://goo.su/o0Kny