La emergencia sanitaria por COVID-19 ayudó a que entre los meses de marzo y mayo un total de 1.083 personas privadas de libertad (PPL) abandonaran el sistema penitenciario, según informó el Ministerio de Justicia este feriado.

De todas las salidas registradas, Tacumbú es la que logró una mayor descongestión, mediante la salida 250 personas, mientras que del Centro Penitenciario para Mujeres Serafina Dávalos de Coronel Oviedo solo 3 mujeres obtuvieron el beneficio en el periodo mencionado.

De las 1.083 personas, 973 beneficiados son del sexo masculino y 110 del sexo femenino, lo que representan el 89,8% y el 10,2% respectivamente del total de salidas registradas entre el 1 de marzo del 2020 y el 11 de mayo del 2020.

En relación a la situación procesal de las personas privadas de libertad que egresaron del sistema penitenciario, se registró que 801 prevenidos y 282 condenados salieron de las penitenciarías, de los cuales los principales motivos de salidas fueron el arresto domiciliario con 31,9%, compurgamiento de pena con 25,6% y medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva con 11,9%.

Los tres motivos mencionados representan casi el 70% de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, beneficiando mayormente a los prevenidos, lo que se corresponde con el porcentaje de prevenidos que egresaron del régimen penitenciario.

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Entre los meses de marzo y mayo el sistema penitenciario registró un notable descenso de la población penal. Ello no solo se debe a las salidas registradas en el marco de la emergencia sanitaria, sino también a que no se permitieron nuevos ingresos en los establecimientos penitenciarios para evitar el coronavirus.

A la fecha existen reos con orden de prisión preventiva en comisarías y en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional pendientes de pasar al sistema penitenciario, para lo cual el Ministerio de Justicia pone como condición el cumplimiento de la cuarentena y el resultado de la prueba de COVID-19 debe ser negativo.

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Para la cantidad de egresados no se realizó ninguna modificación legislativa porque fue el resultado de un trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensoría Pública para la depuración de casos.

Los datos fueron elaborados por la Unidad de Seguimiento Procesal, dependiente del Viceministerio de Política Criminal, con la colaboración de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y de los Departamentos de Judiciales de los centros penitenciarios del país.