Se presentó ante el juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios el imputado por violar la cuarentena y tentativa de lesión grave Hans Werner Penner Loewen, esposo de la ex senadora liberal María Eugenia Bajac, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El citado magistrado deberá decidir si otorga el arresto domiciliario o decreta la prisión del procesado.
La fiscala Carla Rojas fue quien presentó la imputación y solicitó el arresto domiciliario para el procesado. El acta de imputación señala que “en fecha 22 de abril de este año la Comisaría 11ª Metropolitana informa que el ciudadano Hans Werner Penner se presentó en las instalaciones de la referida sede policial a los efectos de solicitar la vida y residencia de su esposa, la ex senadora liberal María Eugenia Bajac, quien fue imputada por violar la cuarenta al dar positivo al COVID-19 y tentativa de lesión de grave”.
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Asimismo sostiene que el hoy imputado ingresó a la sede policial sin la protección pertinente, por lo que puso en riesgo la integridad de los agentes policiales que estaban de guardia el día en que Penner acudió a la Comisaría 11ª Metropolitana de Asunción.
Semanas atrás el juez penal de Garantías Yoan Paul López otorgó el arresto domiciliario a la ex parlamentaria María Eugenia Bajac de Penner, quien fue imputada por violar la cuarentena y tentativa de lesión grave. Es importante mencionar que la procesada fue destituida de la Cámara de Senadores.
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Imputan a adolescente por abuso sexual de su compañera en el colegio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Carlos Antonio Almada, de la Unidad Penal N° 1 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un adolescente de 16 años por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación. El menor está sindicado de haber sometido sexualmente a una compañera de colegio, en el interior del sanitario de la institución educativa al que ambos asisten.
De acuerdo con la investigación preliminar, la agresión sexual habría ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026, alrededor de las 14:30 en un colegio del Km 28 de Minga Guazú. En esa ocasión, la víctima, también de 16 años, se encontraba en el sanitario femenino, en el lavatorio de manos, cuando ingresó el ahora imputado en forma imprevista, según la denuncia y elementos colectados por la Fiscalía.
Acto seguido, el presunto agresor habría sujetado a la víctima por la cintura para arrastrarla hasta el último compartimento del baño. Una vez allí, mediante el uso de la fuerza y bajo amenazas, se habría producido el sometimiento sexual.
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Tras el hecho, el supuesto abusador se retiró del sanitario, mientras que la afectada regresó a su aula para recoger sus pertenencias y dirigirse a su domicilio, donde relató lo sucedido a su abuela y luego a su madre, de acuerdo al escrito de imputación del adolescente.
La medida del Ministerio Público tomó en cuenta la denuncia presenta por la madre de la víctima y la directora del colegio donde habría ocurrido el hecho, además del acta de procedimientos de la subcomisaría jurisdiccional y los informes técnicos de la Fiscalía. La declaración detallada del hecho por parte de la víctima y el diagnóstico médico fueron claves para la formulación fiscal.
Ante la gravedad del hecho y la complejidad de la causa, el representante del Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación, a fin de presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. El imputado quedó a disposición del Juzgado Penal de Adolescencia.
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Tras fallo del Tribunal de Apelación, ordenan libertad de Carlos Granada
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Sonia Villalba ordenó la libertad de Carlos Granada, condenado a 10 años de cárcel por coacción sexual, coacción y violación, luego de que el Tribunal de Apelación anulara la resolución que mantuvo su prisión preventiva.
Con la determinación adoptada por los jueces de sentencia, Granada recupera su libertad hasta tanto quede firme la sentencia dictada en primera instancia.
Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el comunicador fue condenado a 10 años de cárcel en el marco de un juicio oral y público. Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso verificar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola”.
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La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina, hasta donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad era para sufrir acosos y manoseos.
Se reveló que les pedía que vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza y agregó que tras cometer los hechos les amenazaba con que no conseguirían trabajo en otros medios, ya que tenía amigos en todos los canales de televisión.
Ratificación, en enero
En enero de este año, la Cámara de Apelación había confirmado la prisión preventiva de Granada. Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín; mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.
Los dos primeros sostuvieron que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva y apoyaron la posición del Tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.
Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.
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Policía detuvo a su propio esposo en su primer procedimiento en Alto Paraguay
En el departamento de Alto Paraguay, una agente de la Policía Nacional participó de su primera intervención y en el lugar se encontró con su esposo, a quien tuvo que detener. El procedimiento se realizó por un disturbio en una comunidad indígena y la persona acusada de crear problemas era su pareja.
Según el reporte dado por la Comisaría 8va., el hecho se registró durante el fin de semana en una comunidad indígena ubicada en la localidad de Bahía Negra, cuando recibieron un pedido de ayuda para realizar una intervención. En el lugar se habría registrado una disputa y fue reducido uno de los individuos.
Se trató de la primera intervención de la que iba a participar la suboficial Karen Martínez, quien se sumó al equipo de la comisaría recientemente. El grupo de agentes policiales fueron hasta la comunidad indígena para corroborar la denuncia que fue realizada por el cacique, ante un disturbio dentro de la comunidad.
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Al llegar al sitio, la mujer se acercó al líder indígena y este le manifestó que fue una pelea entre miembros de la comunidad. Lograron reducir a uno de los hombres que inició la pelea y grande fue la sorpresa de la suboficial a ver que era su propio esposo.
Martínez no dudó en realizar su trabajo, sacó sus esposas y procedió a la detención de su pareja. Este fue llevado hasta la sede policial, donde fue encerrado. El comisario Marcial Leiva destacó el trabajo realizado por Karen Martínez y la felicitó frente a sus demás compañeros.
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CIDH denuncia “centros clandestinos de detención” en Venezuela a pesar de liberación de presos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos, informó este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.
“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva” declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.
A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.
La relatora indicó que según las informaciones en poder de la CIDH, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.
“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos”, añadió la relatora del organismo autónomo.
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Venezuela está bajo el “estado de conmoción exterior” decretado el 3 de enero, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico.
“La Comisión reitera su solicitud de información detallada y actualizada” sobre la aplicación de ese decreto, “particularmente respecto del número de personas detenidas (...) y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas”.
La presión estadounidense tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta antes de asumir el cargo, llevó al gobierno a acordar esa liberación de presos, que familiares y grupos de defensa de derechos humanos en el país denuncian como demasiado lenta.
“Condiciones deplorables”
El Consejo Permanente de la OEA pidió el informe a la CIDH, órgano autónomo, ante el vuelco político en el país sudamericano.
Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.
Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Caracas dejó de participar en sus trabajos.
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El Consejo Permanente de la organización a su vez desconoció la reelección de Maduro en los comicios presidenciales de 2024, un resultado que la oposición denunció como fraudulento y que también fue contestado por Estados Unidos y la Unión Europea.
Caracas rechazó en 2017 y 2020 solicitudes de visita de expertos de la CIDH.
“La Comisión ha recibido de manera constante información sobre condiciones de detención deplorables, prácticas de tortura y malos tratos a las que son sometidas personas privadas de libertad por razones políticas”, añadió por su parte Edgar Stuardo Ralón, relator de la Comisión sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura.
Desde 2014 hasta la fecha, han existido más de 18.739 detenciones políticas arbitrarias en Venezuela, añadió el relator.
La caída de Maduro, en el poder desde 2013 y quien fue capturado en una audaz operación militar estadounidense que incluyó bombardeos y decenas de muertes, fue presentada por el presidente Donald Trump como el inicio de una nueva era para Venezuela.
Pero Trump enseguida advirtió que lo importante era garantizar la estabilidad política del país, y asegurar el acceso a la explotación petrolera para las multinacionales extranjeras, ante todo las estadounidenses.
El mandatario felicitó de nuevo este miércoles en el Foro de Davos al nuevo gobierno interino por su cooperación.
La líder opositora María Corina Machado, que regaló a Trump su medalla del premio Nobel de la Paz, pidió que el mandatario estadounidense presione a Caracas para liberar a todos los prisioneros.
- Fuente: AFP
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