En sesión conjunta las comisiones asesoras de Asuntos Electorales, Legislación y Reestructuración y Modernización del Estado, recibió en audiencia a funcionarios de la Justicia Electoral con el fin de conocer aspectos de la convocatoria de la licitación adquisición de Máquinas de Votación Electrónica, sobre todo en lo que hace a la seguridad y el respeto fiel de la voluntad popular con relación al resultado electoral.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diputado Arnaldo Valdez, explicó que el abordaje principal de la reunión guarda relación a las consultas constantes que hace la sociedad civil, así como la clase política respecto a la seguridad que pueda brindar estas máquinas al momento en que el ciudadano vaya a emitir su voto.

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Destacó que existen posiciones claras de parte de la Justicia Electoral, así como se señalaron dudas de parte de la comunidad en general. El legislador expresó que considera fundamental seguir muy de cerca el proceso de esta licitación.

“Sabemos que una herramienta hecha por el hombre puede sufrir alteraciones, o modificaciones. Estamos hablando de un elemento muy sensible que es la ciberseguridad. Tenemos que ver todos los mecanismos de control y garantía para que estas máquinas reflejen realmente la voluntad de cada elector”, explicó.

Mencionó que están en ese proceso ya que existe ya una ley electoral vigente, que establece que las elecciones se tienen que llevar a cabo con urnas electrónicas; por eso es que tanto la ciudadanía en general como los partidos políticos deben acompañar este proceso muy de cerca.

Respecto a la medida cautelar que interpuso el Tribunal de Cuentas, y que nuevamente está trabando el avance de la licitación; el diputado Valdez señaló que ese es un punto que se deberá trasladar a la Justicia Electoral, para analizar cuáles son las alternativas que se tiene y cuáles son las medidas de urgencia.

No obstante, señaló que los funcionarios de la Justicia Electoral, informaron que están trabajando y que esperan que en una semana se esté destrabando este aspecto legal.

A su turno, Carlos María Ljubetich, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que la medida cautelar fue interpuesta por una empresa que no participó del proceso licitatorio y que no demostró, e incluso no cuenta con las condiciones para participar de la convocatoria.

Indicó que han protestado por el plazo de experiencia que se está requiriendo dentro de las bases y condiciones que exige la Justicia Electoral que son de 10 años; mientras que la empresa pide que sea de 5 años.

“Pero no existe legitimación activa para esto. Mientras tanto se está paralización el proceso, y la resolución dependerá todo de la Justicia”, acotó.

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El fiscal antidrogas, Marco Amarilla, realizó un allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso, donde se logró la detención de una mujer que supuestamente se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína.

El representante del Ministerio Público señaló que la aprehendida, Victoria Dalinda Gayoso Benítez, será imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y que se solicitará su prisión preventiva. La mujer fue detenida en una vivienda deshabitada, en donde supuestamente llegaban los consumidores para adquirir las drogas.

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No es la primera vez que la Fiscalía y la Policía Nacional allanan esta casa, dado que en reiteradas ocasiones los vecinos han denunciado que en el sitio se reúnen los adictos para luego salir a robar en las viviendas de la zona. Durante el procedimiento se logró la requisa de 33 gramos de cocaína en su modalidad de crack, 9 gramos de cocaína, 1,3 gramos de cocaína y 28 gramos de marihuana.

Cuando el fiscal presente la imputación, la mujer deberá ser convocada por un juzgado Penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si la mujer estará privada de su libertad.

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El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.

Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.

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De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.

La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.

Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.

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El agente fiscal Fermín Segovia, quien imputó a la joven de 19 años de edad, Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora, explicó que la misma se expone a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel de acuerdo a la normativa legal vigente.

Segovia señaló que “en el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por la fiscal titular que lleva el caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio”, indicó.

Agregó que “la joven tiene 19 años y ya es mayor de edad, en consecuencia se aplica la ley plena, eso significa que es la máxima de 30 años de pena privativa de libertad.

Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la defensa de la joven imputada, ha solicitado el arresto domiciliario y en caso de negarse eso, pidieron que la prisión preventiva sea en un régimen de penitenciaría como la protección y la seguridad de la persona.

 “La investigación recién se ha iniciado, hay muchas aristas que deben ser confirmadas, hay datos que se están recabando y que podrían posibilitar otros tipos de procedimientos, hay que aclarar que estamos ingresando en la fase técnica, el uso de la tecnologías para ubicar lugares donde han asistido, por ejemplo, como también con quién se han comunicado, de manera a saber si hay otras personas que tuvieron relación con el hecho”, manifestó el fiscal Segovia.

Sostuvo que “se puede mencionar que de la farmacia se ha incautado muestra de medicamentos, algunos utilizados que van a ser remitidos a Medicina Forense para determinar la legalidad o no de la existencia en ese lugar y por otra parte, la habilitación que es una cuestión administrativa que intervendría el Ministerio de Salud”, manifestó el fiscal Fermín Segovia.

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