Más de 35 empresas que son proveedoras del Estado, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la ley N° 6355 por cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos por parte de los proveedores estatales. Asimismo los accionantes piden a los integrantes de la máxima instancia judicial, que se haga lugar a la medida cautelar y se deje sin efecto la referida normativa legal.
Ahora los ministros de la sala constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candía deberán analizar el planteamiento hecho por los representantes de las empresas y expedirse primeramente sobre la medida cautelar, para luego analizar la cuestión de fondo sobre las acciones presentadas.
Te puede interesar: Decretan prisión de mujer que intentó asfixiar a su hija
El abogado Raúl Codas en representación de la firma Index SACI, fue uno de los que recurrió a la sala constitucional. Además varias empresas constructoras y de otros rubros que también son proveedores se sumaron a la iniciativa y presentaron la acción.
Codas explicó en su escrito que: “La obligación impuesta a mis mandantes en la citada ley atenta contra sus derechos individuales de libertad, igualdad y privacidad consagrada en nuestra propia Constitución Nacional”.
Podes leer: Juicio por tráfico de 530 kilos de cocaína pasó para el lunes
Dejanos tu comentario
Juzgado de Ejecución Penal entregó rodados decomisados a la Senabico
El Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado N° 1 de la Capital, a cargo de la magistrada Sandra Kirchhofer, oficializó la entrega de tres inscripciones a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La gestión se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia.
Las inscripciones corresponden a tres rodados, una moto y dos vehículos utilizados para la comisión de hechos ilícitos, en el marco de las causas “Blanca Liz Escurra s/ tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes” y “Jorge Daniel Zorrilla Vera s/ Ley 1881/2002 - Que Modifica Ley 1340”.
La transferencia de los bienes se realizó conforme a lo establecido en la Ley N° 5876/17, “De administración de bienes incautados y comisados”, siguiendo los procedimientos previstos en la normativa vigente.
En representación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, recibió los documentos el economista Guido Burgos Espínola. La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la adecuada guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
Dejanos tu comentario
Ataque a subcomisaría: Riera promete una respuesta contundente del Estado
Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canindeyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con firmeza para identificar y capturar a los responsables. Señaló que las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa que brindó desde su despacho, lamentó la pérdida de dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, durante el ataque al puesto policial n.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Señaló que la institución se encuentra de luto ante este terrible atentado. Además, aseguró que ya están brindando toda la contención necesaria a los familiares de los fallecidos.
Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisaría un grupo de personas que contaban con mayor poder de fuego, sin necesidad de búsqueda de interés económico.
“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimosamente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuentra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, anoche hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.
Investigación en curso
Informó que se activó en el lugar un inmediato rastrillaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del atentado con el equipo de Criminalística, forenses, para un análisis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobreviviente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.
“Todavía no queremos calificar quiénes fueron los responsables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se está manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó.
Enfatizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque existe algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explosivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incendiar comisarías y una patrullera. La segunda cuestión que se analiza es que este grupo de atacantes llegaron a pie, ya que hasta este momento no se identificó ningún vehículo que haya transportado a estas personas.
Como terceros elementos que está siendo evaluado es que aparentemente estas personas estaban uniformadas. “No podemos hablar todavía si se trataba de uniformes camuflados. Por de pronto esperaremos a que se analicen los casquillos encontrados, las balas que fueron extraídos de los cuerpos de las víctimas, y con eso probablemente se tenga un panorama más claro”, indicó.
Mencionó igualmente, que la otra hipótesis que se maneja claro está dirigida hacia el crimen organizado; sabiendo que en el departamento de Canindeyú se han llevado a cabo fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico, teniendo en cuenta que recientemente cayó en la zona 9 toneladas de drogas, en un operativo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval, las fuerzas de la Policía Nacional.
Indicó además que recientemente se llevaron a cabo intervenciones en campamentos, además de otros allanamientos que se realizaron a propiedades privadas, además de que se detuvieron a líderes que están instrumentados con el crimen organizado.
“Hace rato que estamos viniendo en una confrontación diaria y en este caso particular, lastimosamente nos tocó a nosotros. Es un mensaje que se ha dejado, y a lo mejor faltaría para saber si se trata de uno u otro grupo es el famoso panfleto que comunica algo. Pero atacar a una institución del Estado no va a quedar impune, vamos a responder con la misma fuerza y los pondremos a disposición de la Justicia y no vamos a descansar hasta que los agarremos”, remarcó.
Mejor infraestructura
Por otra parte, el ministro Riera reconoció que el desafío para los dos años que resta de este Gobierno, será invertir en mejorar las infraestructuras. Resaltó que si bien, cuando arrancó el proceso de transformación y mejoramiento de la Policía Nacional, lo que se priorizó fue la movilidad y comunicación, por eso las primeras inversiones fue la adquisición de 600 patrulleras nuevas y 2800 radios, 1500 motocicletas, se triplicó el número de Lince, además de la compra de chalecos antibalas.
“Nuestra deuda con la Policía Nacional y la ciudadanía es fortalecer nuestra infraestructura, hay 1200 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Este fue un puesto policial de menor rango, de los más chicos. Hay un esfuerzo y desafío para invertir en infraestructura en los próximos dos años. Además, al incorporar 15 mil policías más se complica más, ya que no se puede construir una comisaría como la que estaba, sino que se debe hacer mucho más grande”, acotó.
Dejanos tu comentario
Tribunal Electoral Partidario destaca que la ANR cumple con la Ley de Financiamiento Político
El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, destacó el cumplimiento de la Ley 7524/25 de Financiamiento Político que en su artículo 66 establece que cada partido, movimiento o alianza deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el balance de ingresos y gastos de campaña electoral.
La fecha tope de presentación de las declaraciones de los ingresos y gastos de campaña por cada candidato y movimiento vence este lunes 20 de julio.
“Nosotros ya terminamos esa tarea de recibir y de traspasar a la Justicia Electoral lo que nos corresponde. Ahora ya es todo lo que es financiamiento político con miras a las elecciones municipales”, señaló a La Nación/Nación Media.
Aclaró que internamente no se realiza ningún análisis, sino que el procedimiento consiste en la recepción y remisión de las declaraciones a la Justicia Electoral.
El doctor Brizuela mencionó que la legislación prevé que los tribunales de conducta tienen que hacerse cargo de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, en cada partido.
Te puede interesar: Diputados debatirá en audiencia pública sobre regulación de explosivos
Ley tiene que ser pulida
Sin embargo, consideró “inaplicable” ese punto de la normativa. “Porque el Tribunal de Conducta no tiene funciones competentes ni coercitivas porque no son organismos públicos. Si bien los partidos políticos están regidos por el derecho público en parte, no dejan de ser organismos privados. Es decir, con qué fuerza un Tribunal de Conducta le va a obligar a alguien a pagar la multa. No tiene esa potestad”, expresó.
Sobre el punto, el titular del TEP del Partido Colorado cuestionó que “la ley no es operativa”. “Eso debería trasladarse a la Justicia Electoral en todo caso para que a través de la Fiscalía Electoral se impulse la acción de cobro de multas”, refirió.
Aseguró que desde el Partido Colorado se hace todo el trámite y se comunica, así como estipula la ley. “Nosotros inclusive como Tribunal Electoral después de las internas del 2022, está ahora en la Secretaria Ejecutiva, una lista donde tenemos movimientos que cumplieron con la Ley de Financiamiento Político y quienes no cumplieron”, recordó.
Explicó que a los movimientos que incumplieron la ley se les impidió el reconocimiento de personería en esta ocasión. “Pero forman otro movimiento, cambian y ya está, porque la ley no prevé esa inhabilitación tampoco”, manifestó.
A criterio de Brizuela, la Ley de Financiamiento Político “tiene que ser pulida”. “Se puede impulsar a nivel partidario, pero en realidad está en el campo legislativo”, remarcó.
Dejanos tu comentario
Tesoro desembolsa más de G. 85.000 millones para cancelar compromisos con proveedores del Estado
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Tesoro Público, procesa este jueves pagos por un total de G. 85.231 millones destinados a proveedores y acreedores del Estado, en el marco del calendario regular de desembolsos correspondiente a compromisos previamente registrados por las instituciones públicas.
Los pagos comprenden la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), ingresadas entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, financiadas con recursos provenientes del Tesoro, créditos públicos y fondos institucionales.
De acuerdo con los datos oficiales, la mayor parte de los desembolsos corresponde a obligaciones financiadas con Fuente 30 – Recursos Institucionales, que alcanzan G. 71.755 millones. Estos recursos se destinan principalmente al cumplimiento de compromisos asumidos por organismos y entidades públicas con proveedores y acreedores.
Leé también: Déficit fiscal se ubicó en 1,2 % del PIB al cierre del primer semestre, según el MEF
Por otra parte, se prevé la transferencia de G. 13.177 millones financiados mediante Fuente 20 – Recursos del Crédito Público, también orientados al pago de obligaciones pendientes con empresas y prestadores de servicios que mantienen contratos con el Estado.
El cronograma incluye además G. 299 millones correspondientes a Fuente 10 – Recursos del Tesoro, destinados a conceptos específicos como caja chica y gratuidad en la educación superior. La ejecución de estos pagos forma parte del mecanismo mediante el cual el Tesoro Público administra el flujo de recursos para atender compromisos presupuestarios ya reconocidos por las instituciones estatales.
El procesamiento periódico de las STR permite canalizar los desembolsos una vez cumplidos los procedimientos administrativos y financieros establecidos para cada obligación.
El movimiento de fondos adquiere relevancia en un contexto en el que diversos sectores empresariales mantienen expectativas sobre la regularización de pagos estatales y la reducción de atrasos en determinadas áreas de contratación pública..