Más de 35 empresas que son proveedoras del Estado, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la ley N° 6355 por cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos por parte de los proveedores estatales. Asimismo los accionantes piden a los integrantes de la máxima instancia judicial, que se haga lugar a la medida cautelar y se deje sin efecto la referida normativa legal.

Ahora los ministros de la sala constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candía deberán analizar el planteamiento hecho por los representantes de las empresas y expedirse primeramente sobre la medida cautelar, para luego analizar la cuestión de fondo sobre las acciones presentadas.

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El abogado Raúl Codas en representación de la firma Index SACI, fue uno de los que recurrió a la sala constitucional. Además varias empresas constructoras y de otros rubros que también son proveedores se sumaron a la iniciativa y presentaron la acción.

Codas explicó en su escrito que: “La obligación impuesta a mis mandantes en la citada ley atenta contra sus derechos individuales de libertad, igualdad y privacidad consagrada en nuestra propia Constitución Nacional”.

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